Contra desalojos, violaciones de derechos y presunto desfalco en Hato Garza

Campesinos se querellan en Barinas contra INTI, Defensoria del Pueblo y FANB

Los campesinos y campesinas, junto a los y las integrantes del Comité de Contraloría Social al Sistema de Justicia Judicial,  exhiben una pancarta luego de la introducción de su querella contra el INTI, la FANB y la Defensoría del Pueblo Delegada del estado Barinas. Aparecen detrás de imágenes del Libertador Simón Bolívar

Los campesinos y campesinas, junto a los y las integrantes del Comité de Contraloría Social al Sistema de Justicia Judicial, exhiben una pancarta luego de la introducción de su querella contra el INTI, la FANB y la Defensoría del Pueblo Delegada del estado Barinas. Aparecen detrás de imágenes del Libertador Simón Bolívar

Credito: Prensa CCSSJJ

Campesinos asesorados y acompañados por el Comité de Contraloría Social al Sistema de Justicia Judicial (CCSSJJ), bajo la asistencia jurídica del Abogado Robert Alvarado, introdujeron querella contra varias instituciones en el estado Barinas, por los delitos de: a) Corrupción tipificados en la Ley Contra la Corrupción en sus artículos 54 y 76 b) Delincuencia Organizada Agravada artículos 27, 28, 29 Nº 2, 33 y 34 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. C) Delitos Contra la Cosa Pública, peculado artículo 194 del Código Penal.

Carlos Ramon Paredes Garrido, Coordinador General del CCSSJJ, informó que en razón de que más de 127 campesinos y campesinas han acudido al Comité de Contraloría Social al Sistema de Justicia Judicial, para que le tutelen sus derechos vulnerados, se introdujo una querella, que tiene que ver con los hechos ocurridos en el Hato Garza, donde una inversión cuantiosa de recursos del Estado se presume que fue dilapidada.

Los campesinos denuncian haber sido hostigados, amenazados y desalojados, sustrayéndoles sus pertenencias. Aseguran que esas tierras tenían más de un año ocupándolas porque estaban abandonadas, ya que ahí debería estar una empresa de producción de alimentos porcinos, a la cual se presume que los encargados del proyecto, la dilapidaron y despojaron de los recursos aportados por el Estado Venezolano, los cuales fueron aportados en convenio con otros países que mantienen relaciones bilaterales con el gobierno.

El recurso judicial es ejercido por los afectados directos y por el CCSSJJ, quien asesora y acompaña a los trabajadores del campo y dice estar "comprometido con el pueblo venezolano en su lucha contra la corrupción"; por lo que resolvieron actuar en "cumplimiento de la corresponsabilidad que nos embarga". Por medio de esta querella imputan a los representantes principales de la Defensoría del Pueblo Delegada del estado Barinas, por considerar su actuación en el caso como contraria y no en favor de los derechos del pueblo; también imputan al coordinador del Inti en la entidad, al que achacan responsabilidades en los sucesos y a la FANB destinada a la custodia del Hato Garza, de donde los campesinos fueron desalojados recientemente, a raíz de lo cual han venido protagobnizando protestas y manifestaciones en Barinas.

Estas imputaciones se hacen a partir de que el día 25 de abril del presente año, después de haber sido ocupado el hato por un gran número de campesinos, Carlos Paredes, Coordinador General del CCSSJJ, en compañía de Laura Pérez, integrante del mismo comité, y un gran número de afectados por el caso Hato Garza, decidieron abordar al Defensor del Pueblo Delegado del estado Barinas, quien según los denunciantes "alegó que habían desalojado a esas personas porque era una orden presidencial", la cual según afirman, nunca les fue mostrada. Luego se dirigieron a la sede del INTI Barinas donde el Coordinador de la institución informó, según la misma fuente, que "no se hizo ningún desalojo, sino que los campesinos se salieron voluntariamente, porque venía, según él, una orden de un tribunal, la cual tampoco han mostrado, pero donde los campesinos en presencia del Defensor Delegado del Pueblo del estado Barinas y del representante del INTI Barinas, manifestaron que fueron "hostigados, amenazados, desalojados, sustrayéndoles sus pertenencias y que en esas tierras tenían más de un año ocupándolas porque estaban abandonadas, ya que hay debería estar una empresa de producción de alimento porcino la cual se presume dilapidaron los recursos aportados por el Estado Venezolano en convenio con otros países que mantienen relaciones bilaterales con el gobierno".

Lo expuesto aquí -dicen en la querella-  "se ha hecho público, notorio y comunicacional a través de las redes sociales, como además por el Diario de Los Llanos, de Barinas, de fecha 26-4-19 y el portal digital Aporrea de fecha 19-5-19".

Los querellantes hacen una serie de solicitudes:

En primer lugar: que se inicie la investigación penal contra el Defensor Delegado del estado Barinas, el Instituto Regional de Tierras y todos los componentes militares y civiles que el día martes 23-4-19, hostigaron, desalojaron y les destruyeron y quitaron sus pertenencias en el Hato Garza del municipio Barinas, sin portar orden de desalojo por un Tribunal Competente a campesinos con más de un año como pisatarios trabajando estas tierras... Piden que les tomen entrevistas por el Ministerio Publico a cada uno de los campesinos firmantes en la denuncia presentada ante la Fiscalía Superior el día 26-4-17 y que está registrada como MP-109439-19, por ser los afectados directos. También se presentó denuncia ante Contraloría General de la Republica OAC-D-009-2019 (relacionada con los señalamientos de corrupción).

En segundo lugar: que se inicie una investigación penal general del Instituto Nacional de Tierras y la Defensoría Delegada del Pueblo en el Estado Barinas, por su "complicidad en estas prácticas que se han venido gestando desde hace muchos años, porque lo mismo que acaba de pasar en el Hato Garza ocurrió en el Hato las Matas en el año 2009, que por abuso de poder violentan la Constitución y las leyes para perjudicar al pueblo campesino, y tenemos muchos campesinos muertos, asesinados por sicarios..."

Respecto a esto reseñan el caso de Omni Aviacer Cuevas Diaz en 2014, y señalan que otros fueron "encarcelados fraudulentamente" y fueron objeto de "procesos judiciales viciados para impedir la recuperación de las tierras por los campesinos y complacer a los latifundios, cuyas posesiones deben estar en manos del pueblo campesino, para la producción agroalimentaria que tanto se necesita en estos tiempos de crisis".

En tercer lugar: que los órganos del Poder Público tomen todas las medidas necesarias y pertinentes según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (Art 33), y según el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para la debida medida de protección cautelar a todos y cada uno de los denunciantes y sus familiares, "ya que es publico notorio y comunicacional que se ha venido aplicando sicariatos, hostigamiento y encarcelamientos fraudulentos a quienes denuncian actos de corrupción en el estado Barinas".

Noticias relacionadas:

https://www.aporrea.org/ddhh/n342153.html

 

19 May 2019 ... Por: Aporrea.org / Prensa CCSSJJ | Domingo, 19/05/2019 05:42 PM ... fuera hecho contra campesinos del Hato Garza, en el Estado Barinas.
 
 

 



Esta nota ha sido leída aproximadamente 2657 veces.



Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales


Síguenos en Facebook y Twitter



Notas relacionadas

Revise noticias similares en la sección:
Por los Derechos Humanos contra la Impunidad


Revise noticias similares en la sección:
Lucha Campesina ¡A desalambrar!


Revise noticias similares en la sección:
Anticorrupción y Contraloría Social



US mp N GA Y ab = '0' /contraloria/n343112.htmlCd0NV CAC = Y co = US p hace 3 = NO