31-01-27.-Andrés Izarra, exministro de Comunicación e Información durante el gobierno de Hugo Chávez publicó este 30 de enero de 2026 un texto en la red social X sobre la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y ha generado bastante eco en redes y medios.
El texto completo del post dice:"El 29 de enero de 2026, Venezuela dejó de ser dueña de su petróleo no importa cómo lo veas.
Conservamos la propiedad nominal del subsuelo. Pero perdimos el control de quién lo extrae, cómo lo extrae, a quién lo vende, a qué precio, bajo qué jurisdicción, y qué porción nos queda como República.
Perdimos, sobre todo, la capacidad de decidir. Que es otra forma de decir: perdimos la soberanía.
Esto se hizo de espaldas al pueblo: sin debate, a puertas cerradas, en tiempo récord.
Quienes lo hicieron tendrán que responder ante la historia.
'Por ahora' no podemos mas que documentar lo que pasó. Explicar lo que significa. Y mantener viva la convicción de que el petróleo de Venezuela debe servir a los venezolanos.
Algún día, esa convicción volverá a ser ley."
Izarra desarrolló esta crítica en un artículo más extenso publicado en Aporrea.org titulado "Lo que perdimos: balance de la reforma petrolera de 2026", donde argumenta que la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada el 29 de enero de 2026 por la Asamblea Nacional, representa una desmantelación de la soberanía petrolera nacionalizada en 1975-1976.
¿Qué pasó exactamente el 29 de enero de 2026?
La Asamblea Nacional, bajo el liderazgo de figuras como Jorge Rodríguez y con la promoción de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, aprobó una reforma significativa a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Los cambios clave incluyen: Mayor apertura a empresas privadas (nacionales y extranjeras) para operar, explorar, producir, comercializar y exportar petróleo, incluso asumiendo gestión integral de proyectos a su costo, riesgo y cuenta.
Flexibilización de contratos, reducción de regalías e impuestos en algunos casos, y posibilidad de transferir activos o externalizar operaciones.
Fin práctico del monopolio estricto de PDVSA en muchas actividades primarias (extracción, venta, fijación de precios), aunque el Estado retiene la propiedad nominal de los yacimientos (subsuelo).
Esto se enmarca en un contexto de transición tras el secuestro de Nicolás Maduro a inicios de enero 2026 en una operación vinculada a EEUU, con presión de Washington para atraer inversión extranjera, incluyendo anuncios de hasta 100.000 millones de dólares de petroleras estadounidenses y alivio de sanciones petroleras.