Hay palabras que pesan más cuando se pronuncian desde la herida. Dignidad es una de ellas. Y en Venezuela, desde aquella madrugada del 3 de enero de 2026, esa palabra ha ido perdiendo peso, vaciándose de contenido, como si alguien la hubiera ido deshojando en silencio mientras el país miraba atónito el espectáculo de su propia disolución soberana.
Lo ocurrido esa noche no fue simplemente la captura del presidente constitucional de Venezuela. Fue un terremoto de proporciones civilizatorias. Aviones militares estadounidenses cruzaron el espacio aéreo venezolano sin permiso, sin mandato de la ONU, sin más legitimidad que la fuerza. Se llevaron a un presidente, por más cuestionado que fuera de acuerdo a sus percepciones, como quien extrae un objeto de una vitrina ajena. Y el mundo, en su mayor parte, lo vio, anotó el precedente y siguió de largo. Hoy es Venezuela; mañana puede ser cualquier nación que no encaje en el diseño de turno. Eso es lo que está en juego, y eso es lo que muchos prefieren no ver.
Pero el golpe más profundo no vino de afuera. Vino de adentro. Porque lo verdaderamente insólito, lo que sacude la conciencia de cualquier ciudadano que aún crea en algo, es que quien orquestó esa operación, (El general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unido) quien dio la orden para ese acto que el propio gobierno venezolano llamó "secuestro", haya podido pisar suelo venezolano con su propio contingente armado, ser recibido con protocolo, con honores, con la deferencia que se reserva para los aliados y los benefactores. No llegan los poderosos con sombrero en mano; llegan con su propia escolta, como quien visita una provincia, no un Estado soberano.
Eso no es diplomacia. Es rendición disfrazada de pragmatismo.
Y aquí radica la herida más honda: no en el hecho bruto de la intervención, sino en la respuesta que generó. El mutismo cómplice de quienes tienen voz. El silencio ensordecedor de aquellos que desfalcaron durante años las arcas de la nación, que vaciaron a PDVSA, que convirtieron las instituciones en instrumentos de beneficio personal, y que hoy guardan prudente quietud, esperando a ver de qué lado cae la balanza. Para ellos, la "transición" tiene otro nombre: impunidad negociada. Es la posibilidad de salvar el patrimonio acumulado a costa del patrimonio colectivo, de emerger limpios de las cenizas de un proceso que ellos mismos contribuyeron a incendiar.
La pregunta que nadie responde con claridad es la más simple y la más urgente: ¿a quién beneficia esto? No al pueblo venezolano, que lleva más de una década emigrando por millones, que ha visto cómo sus hospitales se vaciaron de medicamentos, sus universidades de profesores, sus hogares de hijos. Tampoco a la democracia, ese concepto que todos invocan pero que pocas veces se concreta en instituciones reales, en justicia efectiva, en libertades cotidianas y ejercidas. La "transición", o transacción, como la llaman quienes la observan con más lucidez, parece diseñada para mantener en pie a quienes tienen algo que ofrecer: petróleo, estabilidad relativa, acceso a recursos. El pueblo, una vez más, es el escenario de la negociación, no su protagonista.
El ser humano que vive esto no es un dato estadístico. Es la madre que perdió a su hijo en una detención arbitraria y que hoy ve a los responsables institucionales de esa maquinaria represiva continuar en sus cargos, reconfigurados pero intactos. Es el médico que emigró y que sigue sin ver razones para regresar porque lo que cambia son los nombres en los despachos, no las condiciones de vida.
Es un pueblo entero que hoy observa cómo su destino se negocia en espacios que no controla, con actores que no eligió, bajo términos que nadie le ha explicado con honestidad. Una población que atravesó décadas de promesas incumplidas, que pagó el precio de las crisis con emigración, con escasez, con silencio forzado, y que ahora asiste a una transición, o lo que sea que esté ocurriendo, sin brújula visible, sin garantías claras y sin la certeza de que esta vez el sacrificio colectivo se traducirá en algo que valga la pena. No es resignación lo que se respira; es la fatiga profunda de quien ha esperado demasiado y ha recibido demasiado poco.
La dignidad de un pueblo no se negocia en despachos cerrados ni se restaura con decretos. Se construye en la exigencia sostenida, en la memoria que no cede, en la negativa colectiva a normalizar lo inaceptable. Llamar "transición" a lo que es una reconfiguración del poder sin rendición de cuentas, es un eufemismo que le hace daño al lenguaje y al país.
Venezuela merece algo más que un cambio de guardia. Merece saber quién la saqueó, cómo y cuánto y pagar cárcel por sus delitos y que le confisquen todo lo ROBADO. Merece que quienes firmaron sus recursos, que vaciaron su Estado, que aplaudieron y ejecutaron la represión, respondan ante la ley y ante la historia. Merece que la soberanía no sea una palabra de uso decorativo en los discursos oficiales, sino un principio que se defiende incluso, y sobre todo, cuando hacerlo resulta incómodo para los poderosos de turno.
La dignidad no se pierde de golpe. Se va en pequeñas entregas, en silencios convenientes, en honores rendidos a quienes no los merecen. Venezuela todavía está a tiempo de decidir cuánto más está dispuesta a ceder, no se puede perder nuestra dignidad para que a otros reciban impunidad.
NO HAY NADA MÁS EXCLUYENTE QUE SER POBRE.