En un acto de reconciliación nacional, la reciente aprobación de la Ley de Amnistía ha puesto en evidencia una realidad dolorosa pero innegable: desde 1999 hasta la fecha actual en 2026, nuestro país ha sido víctima de una incesante cadena de conflictos orquestados por sectores de la derecha opositora.
El Artículo 8 de esta ley, que concede amnistía general a delitos y faltas cometidos en contextos específicos de violencia política, enumera una serie de eventos que no sólo han marcado nuestra historia reciente, sino que han saboteado sistemáticamente cualquier intento de estabilidad y progreso.
Esta Ley, lejos de ser un mero instrumento jurídico, es un espejo que refleja, denuncia y pone a la vista de todos de una manera clara, cómo la ambición de un sector, que por sus propias faltas de organización interna no han logrado obtener el poder, ha mantenido a Venezuela en un estado perpetuo de zozobra, impidiendo el avance colectivo hacia un futuro próspero.
Recordemos los hechos amnistiados, que abarcan más de un cuarto de siglo de interrupciones violentas:
Todo comienza con el golpe de Estado del 11 y 12 de abril de 2002 (a sólo dos años de la toma de posesión del comandante Hugo Chávez), un asalto directo contra la democracia que incluyó ataques a gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas. Los lideres de ese evento fueron perdonados y al poco tiempo organizaron y ejecutaron el paro y sabotaje empresarial y petrolero entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, una acción que paralizó la economía nacional y causó pérdidas millonarias, afectando directamente a millones de venezolanos. Estos actos iniciales sentaron las bases para una estrategia recurrente: desestabilizar el país a través de la violencia y el caos económico.
La lista continúa con las manifestaciones y hechos violentos ligados al referendo revocatorio presidencial de 2004, donde la oposición buscó invalidar la voluntad popular mediante protestas que escalaron en confrontaciones. En 2007, mayo se tiñó de sangre con más disturbios políticos; en 2009, entre julio y septiembre, se repitió el patrón. El año 2013 vio violencia en torno a las elecciones presidenciales y la proclamación de resultados, mientras que entre febrero y junio de 2014, las llamadas "guarimbas" transformaron calles en campos de batalla, con barricadas, incendios y pérdidas humanas irreparables. La Asamblea Nacional instalada para el período 2016-2021, en su desconocimiento de instituciones y autoridades, fomentó un divisionismo que debilitó aún más el tejido social.
No paró allí. Entre marzo y agosto de 2017, nuevas olas de protestas violentas por motivos políticos dejaron un saldo trágico. En 2019, de enero a abril, se sumaron más hechos, excluyendo la rebelión militar, pero incluyendo intentos de deslegitimar el gobierno. Avanzando en el tiempo, los procesos internos para seleccionar candidatos presidenciales en 2023, las elecciones presidenciales de julio de 2024, y las regionales y para la Asamblea Nacional en 2025, todos estuvieron empañados por manifestaciones y violencia que, una vez más, priorizaron el conflicto sobre el diálogo.
Así llegamos a la guinda de la torta, en este 2026, con el bombardeo por parte del ejercito de los EEUU, que se hizo eco al llamado de intervencionismos extremo, solicitado y respaldados por facciones internas.
Esta cronología expuesta en el Art. 8 de la ley, es el resultado de una oposición que, en su afán por derrocar gobiernos electos, ha recurrido a tácticas que van desde el sabotaje económico hasta la incitación a la violencia callejera.
Mientras el chavismo y sus aliados han impulsado políticas de inclusión social, como misiones educativas y de salud, la derecha ha optado por la confrontación, aliándose con intereses extranjeros que ven en Venezuela un botín geopolítico. El resultado: un país rico en recursos naturales y potencial humano, pero frenado por divisiones que han costado vidas, empleos y oportunidades.
La Ley de Amnistía, al perdonar estos actos, no busca olvidar el pasado, sino cerrar capítulos para abrir nuevos. Es hora de romper este ciclo vicioso. Venezuela merece paz verdadera, no la ilusión temporal entre crisis. Hagamos un llamado urgente a la unidad nacional: a todos los sectores, independientemente de ideologías, a deponer las armas de la discordia y empuñar las del diálogo constructivo. Imaginemos un país donde la energía invertida en protestas se redirija a la innovación tecnológica, la agricultura sostenible y la educación universal. Donde la oposición no sea sinónimo de destrucción, sino de propuestas viables que enriquezcan el debate democrático.
Solo unidos, podemos superar las secuelas de estas dos décadas de zozobra y avanzar hacia el progreso que tanto anhelamos: una economía floreciente, servicios públicos eficientes y una sociedad inclusiva donde cada venezolano tenga la oportunidad de prosperar.
La amnistía es un puente hacia la reconciliación; crucémoslo juntos. Sólo en la unidad radica la fuerza para construir la Venezuela del futuro, libre de sombras pasadas y radiante en sus logros colectivos. ¡Por una patria unida y próspera!