La reciente retórica de Donald Trump y Marco Rubio, al anunciar la intención de "rescatar" supuestos activos petroleros de empresas estadounidenses en Venezuela, constituye una amenaza directa contra la soberanía nacional. Bajo el disfraz de una cruzada moral o de una supuesta defensa de intereses corporativos, se esconde la vieja estrategia imperial de apropiación de recursos naturales, que en nuestro caso se centra en el petróleo, columna vertebral de la economía venezolana y símbolo de nuestra independencia.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es clara y categórica. El Artículo 12 establece que los yacimientos de hidrocarburos son bienes del dominio público, inalienables e imprescriptibles. El Artículo 302, por su parte, reafirma que el Estado se reserva la actividad petrolera, garantizando que la explotación y comercialización de este recurso estratégico se realice bajo control nacional. No se trata de tecnicismos jurídicos: es la expresión de un principio histórico, el derecho de los pueblos a decidir sobre sus riquezas.
Cuando Trump y Rubio hablan de "rescatar activos", lo que realmente plantean es un desconocimiento de nuestra Constitución y un intento de imponer la lógica colonial de que los recursos de otros países pueden ser administrados por potencias extranjeras. Es un discurso que revive la Doctrina Monroe en pleno siglo XXI, disfrazada de defensa corporativa y lucha contra el narcotráfico.
La militarización del Caribe no responde únicamente a la persecución de carteles, sino a la necesidad de garantizar un cerco estratégico sobre Venezuela, país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta.
La amenaza de "rescatar activos" se inserta en esa lógica: transformar un conflicto económico en un conflicto militar, justificar la presencia de buques y aviones en aguas caribeñas bajo la excusa de la seguridad regional, cuando en realidad se trata de asegurar el acceso al petróleo venezolano. La guerra contra las drogas se convierte, así, en una guerra por el petróleo.
Pretender que empresas extranjeras tienen "derechos adquiridos" sobre nuestros yacimientos es desconocer la voluntad de un pueblo que ha consagrado en su Constitución la defensa de sus recursos.
El discurso de Trump y Rubio no es nuevo, pero sí peligroso. Bajo la apariencia de legalidad corporativa y lucha antidrogas, se esconde la intención de convertir el Caribe en un teatro de operaciones militares contra Venezuela.
La Constitución nos recuerda que el petróleo es inalienable y que su explotación corresponde al Estado venezolano. Defenderlo no es solo un deber jurídico, sino un acto de soberanía y dignidad nacional.