La afirmación del presidente Trump, hace 19 horas en rueda de prensa, de que "Estamos en el negocio del petróleo", resulta insuficiente para contrarrestar la desinversión, los litigios internacionales pendientes y la profunda desconfianza en la institucionalidad. Tras la drástica intervención estadounidense en Venezuela, se prometió el regreso de las empresas de EE. UU., la exportación de crudo y el "reembolso" de sus inversiones. Sin embargo, lo esencial fue omitido en su declaración: ¿cómo se lograría esta reactivación? ¿Bajo qué marco legal específico se asegurarían las inversiones? ¿Con qué garantías concretas se protegería el capital?
Esa omisión no es un detalle menor. Es, de hecho, el núcleo estructural del estancamiento venezolano en el sector energético. La retórica política no sustituye la seguridad jurídica ni la planificación estratégica.
Venezuela posee aproximadamente el 17 % de las reservas probadas de petróleo del mundo, una cifra que históricamente le otorgó una posición central en la geopolítica energética global, según datos del Instituto de Energía (anteriormente conocido como BP Statistical Review of World Energy). Sin embargo, es crucial entender que las reservas en el subsuelo no equivalen a capacidad de producción real. La brecha entre el potencial geológico y la realidad operativa es abismal. En la década de 1970, el país extraía hasta 3,5 millones de barriles diarios (bpd), manteniendo su influencia en el mercado. Hoy, la producción ronda apenas 1 millón de barriles diarios, lo que representa una participación marginal de menos del 1 % del suministro global. Esta dramática caída no es solo una crisis de producción, sino una pérdida de soberanía e influencia económica.
Según proyecciones de Rystad Energy, una consultora especializada en energía, restablecer la producción de crudo a tan solo 2 millones de barriles diarios hacia 2030, un objetivo modesto comparado con su pico histórico, requeriría una inversión de capital intensivo de al menos 110.000 millones de dólares. Pero esta cifra millonaria se basa en el supuesto de tres condiciones indispensables que hoy están ausentes en el entorno venezolano: estabilidad política duradera, claridad regulatoria transparente y vinculante y demanda sostenida en un mercado global cada vez más enfocado en la transición energética. Sin la concurrencia de estas condiciones básicas, la inversión de capital a gran escala es inviable. Y sin inversión a esta escala, la reactivación del sector hidrocarburífero se mantendrá como una quimera.
Este contraste no es solo una estadística; es una severa evidencia de que la posesión de reservas no garantiza influencia energética ni estabilidad económica. Lo que realmente determina el peso real de una nación en el tablero internacional es la capacidad efectiva de transformar esas reservas en producción sostenida, bajo reglas claras, con una burocracia eficiente y, fundamentalmente, con credibilidad soberana.
Las grandes compañías petroleras y los bancos de inversión globales no toman decisiones basadas en lemas o promesas políticas. Invierten en un ecosistema de seguridad jurídica que incluye: contratos ejecutables bajo legislación internacional, marcos regulatorios estables que no cambien arbitrariamente con cada ciclo político y, sobre todo, credibilidad soberana en el cumplimiento de los acuerdos. Venezuela ha erosionado sistemáticamente estos pilares fundamentales durante el último medio siglo.
Según el Presupuesto Global de Carbono 2025 (análisis de Friedlingstein et al.), las emisiones fósiles venezolanas alcanzaron su máximo histórico en el período 2013–2014, con cerca de 198 MtCO₂ (Megatoneladas de dióxido de carbono), de las cuales más de la mitad provenían directamente de la producción y uso del petróleo, y una fracción significativa del gas natural asociado. Desde ese pico, las emisiones han caído de manera sostenida, estabilizándose entre 110 y 120 MtCO₂ entre 2022 y 2024.
Esta contracción en las emisiones, si bien es un síntoma de vulnerabilidad económica, paradójicamente abre para Venezuela una ventana estratégica única y temporal: la posibilidad de reconstruir su economía sobre bases más limpias, más eficientes y más alineadas con las tendencias de descarbonización globales. En un mundo donde el 92 % de la economía global ya está mostrando claras señales de desacoplamiento entre crecimiento y carbono (según el Energy and Climate Intelligence Unit - ECIU), Venezuela tiene la oportunidad de incorporarse a esta tendencia global desde una plataforma de baja intensidad de carbono actual, aunque sea por accidente.
Esta plataforma estratégica encuentra un ancla geográfica en la región del Orinoco. La Faja Petrolífera del Orinoco, símbolo tradicional del petróleo pesado y extra-pesado, debe ser concebida también como el corazón de un corredor forestal y de mitigación de carbono que puede redefinir el papel del país en la agenda climática.
A ambos lados del eje de explotación energética, desde los estados Anzoátegui hasta Monagas y Bolívar, se extienden miles de hectáreas de plantaciones de pino caribe (Pinus caribaea), que conforman uno de los macizos forestales artificiales más grandes de la cuenca del Caribe y Suramérica.
Estas plantaciones, establecidas con fines industriales desde mediados del siglo XX, ofrecen un servicio ecosistémico crítico: la captura de carbono atmosférico. Se estima que capturan entre 8 y 12 toneladas de CO₂ por hectárea al año, una cifra que varía según el manejo silvícola, la edad de los árboles y la densidad. Su ubicación estratégica junto a la zona de producción petrolera las convierte en un amortiguador ecológico natural que puede complementar directamente la actividad energética y ofrecer una vía concreta y verificable para equilibrar y mitigar las emisiones residuales inevitables del sector hidrocarburífero.
Venezuela se encuentra ante una encrucijada histórica de profundas implicaciones. Puede optar por repetir el modelo fósil extractivista del siglo XX, con sus inherentes ciclos de dependencia, opacidad y vulnerabilidad a los precios internacionales, o puede reconstruir su ecosistema energético y económico integrando de manera explícita criterios de transparencia, sostenibilidad, eficiencia y resiliencia climática.
La verdadera oportunidad para el país no reside únicamente en el petróleo que yace en el subsuelo, sino en la capacidad estratégica de articular una visión nacional que combine de forma coherente la recuperación productiva, la inversión masiva en mecanismos de captura de carbono biológico y tecnológico , reducción rápida de la quema de gas es técnicamente viable mediante sistemas de monitoreo satelital, recuperación de gas en boca de pozo, reinyección y generación eléctrica local, lo que permitiría disminuir emisiones sin afectar la producción. , y la restauración urgente de la credibilidad internacional a través de marcos legales sólidos. En un mundo que reorganiza su desarrollo económico y geopolítico alrededor de la variable carbono, Venezuela tiene la posibilidad —y la imperiosa necesidad— de convertir su profunda crisis en un punto de inflexión para una transformación genuinamente sostenible.