Venezuela frente a los organismos internacionales

No deja de asistir la razón a los voceros gubernamentales cuando expresan sus dudas acerca de la vigencia y capacidad de los organismos económicos internacionales para atender adecuadamente los requerimientos de los países en desarrollo. Los estatutos que rigen el funcionamiento de esas entidades reflejan diáfanamente los postulados de un modelo de desarrollo que aúpa la concentración de beneficios a favor de las naciones desarrolladas y, en consecuencia, los compromisos y obligaciones resultantes de su accionar responden fundamentalmente a los intereses de los gobiernos y empresas que determinan la evolución del sistema económico mundial.

Sin embargo, actuando dentro de esa lógica y haciendo un uso selectivo de los mecanismos instrumentados en el marco de esos organismos, algunos países subdesarrollados, no solo han mejorado –cuantitativa y cualitativamente- su inserción en el concierto internacional, sino que han comenzado a hacer sentir su voz en el proceso de toma de decisiones en el seno de estas organizaciones. Esa actitud está cobrando una especial significación en momentos cuando gradualmente la crisis del capitalismo global va imponiendo la necesidad de acometer una profunda reformulación de la estructura institucional gestada al amparo del régimen económico internacional, la cual deberá abarcar además de las de índole financiero, a las vinculadas con el desenvolvimiento del comercio exterior y su temática conexa.

Esa reformulación que seguramente comenzará por las instancias organizativas y su articulación con la toma de decisiones en cada institución, mas temprano que tarde, tendrá que proyectarse sobre la adaptación de sus instrumentos y políticas a la nueva realidad generada por las transformaciones derivadas de la crisis. Esta situación será la expresión económica de la multinuclearización en transición hacia la multipolaridad que comienza a caracterizar al sistema mundial -piedra angular de la política exterior venezolana-, lo cual exige una activa participación de representantes del gobierno nacional en las distintas instancias de los diferentes organismos internacionales de carácter económico.

Una participación signada de esa manera redundaría, sin lugar a dudas, en beneficios para las organizaciones, para el sistema mundial y, por supuesto, para el país. En este último caso, la utilidad no se limitaría a los réditos o dividendos que puedan obtenerse de esa intervención, incluyendo los impactos sobre la inserción en el concierto internacional, sino que se extrapolarían hacia la formación de recursos humanos, especialmente, en momentos cuando se intenta renovar el servicio exterior bajo un esquema bastante heterodoxo.

Urge entonces una revisión de la actitud venezolana frente a los organismos económicos internacionales. No se trata de promover la claudicación de principios o de abandonar posiciones adoptadas en consonancia con ellos. Se trata de reorientar la participación de Venezuela en esos foros que por la irreductibilidad y rigidez de algunas actitudes asumidas en determinadas ocasiones, antes que favorecer han generado perjuicios en contra de los intereses nacionales. Esta sería otra faceta de cómo transformar la crisis en una fuente inagotable de oportunidades.

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