1.El gobierno Bolivariano debe prepararse para un largo cierre en la frontera. ¿La razón? Las autoridades Colombianas estiman que el contrabando de extracción tiene su origen en las políticas sociales que implementa Venezuela. Esta aseveración tiene sustento en una reciente conferencia de prensa realizada el pasado 03 de septiembre, en la que María Ángela Holguín, Canciller colombiana, declaró: "Mientras ustedes sigan subsidiando los productos es muy difícil que nosotros logremos hacer algo de verdad en la lucha contra el contrabando". Quién puede darle crédito a esta afirmación simplista, según la cual, el gobierno bolivariano debe cambiar sus políticas sociales para que se resuelvan los problemas en la frontera. ¿CINISMO?, ¿BURLA? ¿FALTA DE SERIEDAD? Por supuesto. Pero, detengámonos un poco en el análisis. El alto gobierno colombiano conoce la situación de la frontera; conoce el funcionamiento de las grandes redes de almacenes y de transporte ilegal de alimentos y gasolina; sabe de las operaciones de empresas establecidas en Colombia, dirigidas por venezolanos enemigos del gobierno bolivariano, que suministran productos derivados de petróleo venezolano a ECOPETROL (compañía colombiana de petróleo); asimismo, están al tanto del ataque a la moneda venezolana que se produce con toda libertad desde la página DolarToday (dirigida también por venezolanos opositores bajo una estrategia estadounidense de terrorismo financiero); cuentan con información del tráfico de divisas y del blanqueo de capitales para legitimar dinero sucio con la colaboración de un sistema cambiario Sui Generis que opera legalmente en Colombia y cuenta con el apoyo de las autoridades nacionales, regionales y locales. En concreto, nos referimos a las actividades ilícitas que se facilitan con la Resolución # 8, emitida por la Cámara de Comercio neogranadina y aprobada por el Banco Central de Colombia en el año 2000.

Obviamente, a los sectores políticos y sociales más encumbrados de Bogotá no les basta con los 100.000 barriles diarios de productos derivados del petróleo que extraen de nuestro país, las pérdidas en millones de dólares por fuga de alimentos y a los continuos ataques desde Colombia a la moneda nacional que ocasiona enormes perjuicios a la economía venezolana. Está clara, la inacción de las autoridades colombianas, que se define en el interés que tienen de lucrarse con las actividades mencionadas, para abastecer a buena parte de su territorio con nuestros productos y, en especial, con el propósito torpemente disimulado de contribuir en la caída y fracaso del modelo bolivariano y revolucionario.

2. Entre las autoridades del vecino país reina la insensibilidad social y la incapacidad para sentir las necesidades de pueblo colombiano. Para el Presidente Juan Manuel Santos, su gabinete y la elite económica que lo sustenta, el gobierno de Venezuela comete un craso error al propiciar e incentivar la participación y organización popular, la disminución de la pobreza, las políticas de seguridad social de los venezolanos, la educación obligatoria y gratuita, la salud integral y el resguardo del nivel de ingresos de los más necesitados. Preparémonos, porque desde Colombia se nos solicitará eliminar el control de cambio, las grandes misiones y dar marcha atrás a la Revolución Bolivariana y seguir el modelo que desde Bogotá se impone: el modelo de Washington y del FMI, el Neoliberalismo.

El Presidente Juan Manuel Santos, declaró el pasado 09 de Septiembre sobre la Revolución Bolivariana lo siguiente: "Yo no estoy destruyendo la revolución bolivariana, la revolución bolivariana se está autodestruyendo por sus resultados, no por cuenta de los colombianos ni por el presidente de Colombia".

Llama la atención, que el Presidente Santos y sus colaboradores más cercanos, sean incapaces de entender que la pobreza extrema en su país es una de las causas principales del fenómeno del contrabando y de la migración constante hacia la frontera venezolana. Además, hay que recordarle que la Revolución Bolivariana, que según él, se está autodestruyendo, beneficia con las grandes Misiones Sociales a buena parte de los 5.600 millones de colombianos que desde hace mucho tiempo se encuentran residenciados en el país. Vale destacar, según cifras oficiales, algunos de los beneficios socioeconómicos que la Revolución Bolivariana les ha otorgado tanto a los colombianos que se encuentran en el país como a los que están en la frontera: 70 mil colombianos disfrutan de una pensión del seguro social, 18 mil colombianos son beneficiados por la Misión Barrio Adentro, otros 16 mil 550 acuden a los centros hospitalarios en Venezuela en forma gratuita y de los 75 mil puestos de trabajo con los que cuenta el eje fronterizo, 25 mil son ocupados por colombianos. Se estima, adicionalmente, que alrededor del 25 por ciento de los apartamentos y casas entregadas por la Gran Misión Vivienda, se han asignado a familias Colombo-venezolanas.

 

Alguien tiene que informarles, por otra parte, a las autoridades colombianas, que la Republica que preside Santos, descendió últimamente, dos lugares en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), ocupando el puesto 98 entre los 168 países contemplados en esa lista, mientras que Venezuela se encuentra en el puesto 67. De igual forma, Colombia exhibe el puesto 12 en la lista mundial de países con mayor desigualdad en el ingreso, mientras Venezuela es el país menos desigual de toda América Latina.

 

 

Venezuela desde hace décadas recibe desde el hermano país a decenas de miles de refugiados y desplazados porque los gobernantes colombianos no los protegen debidamente. Según declaraciones del gobernador del Estado Táchira, Vielma Mora, realizadas el día 06-09-2015, en el Programa televisivo dominical José Vicente Hoy: "(…) los problemas que están ocurriendo en el Táchira son producto del abandono, del descuido, del desplazamiento y del acoso a ciudadanos y familias colombianas que aterrados se vienen a vivir a esta tierra de gracia". Esta situación se ve potenciada por las políticas excluyentes que adopta y diseña el Estado colombiano en correspondencia con las políticas neoliberales que le son impuestas desde el FMI.

 

En fin, es Venezuela la que soporta la invasión silenciosa de paramilitares y narcotraficantes de todo tipo, con la connivencia de las autoridades locales y provinciales, de la oligarquía colombiana y con el apoyo de uno de sus principales protectores, el expresidente Álvarez Uribe Vélez. Es Venezuela la que sobrelleva el continuo tráfico de drogas, la que captura a sus capos más renombrados (es decir, hace el trabajo que ni la DEA ni las autoridades colombianas realizan). No esta demás señalar, que destacados jefes paramilitares, con prontuarios por asesinatos en masa y otros delitos, han salido de la cárcel en Colombia, se presume que operan ahora en la frontera del lado colombiano. Igualmente, el narcotráfico opera con total impunidad.

Toda la situación descrita, abundantes hechos pasados y acontecimientos recientes, referidos a la frontera con el hermano país, conducen a concluir que existe un plan en desarrollo con el propósito de crear zozobra, inestabilidad y conflictos en Venezuela para destruir la Revolución Bolivariana, simplemente porque somos un mal ejemplo para Colombia y para los Estados Unidos de Norteamérica. Se avecinan tiempos difíciles. El Presidente, debe extremar su seguridad, no es alharaca, la herida está abierta. Hay quintas columnas y sicarios activos esperando órdenes desde Colombia.

3. Hasta los momentos, el gobierno bolivariano ha identificado los planes y acciones contra el país, que se realizan desde las grandes corporaciones energéticas y petrolíferas, desde el Complejo militar e industrial norteamericano y la elite política estadounidense. Esto debe continuar denunciándose. Los propósitos de esta colosal y criminal intervención son:

• Controlar las riquezas del país (petróleo, gas, agua, oro, entre otras materias primas)

• Disolver a la nación y quebrar al Estado como formas de organización política, cultural y territorial del pueblo venezolano.

Para el desarrollo de estos planes, en términos concretos, el poder imperial cuenta con actores sociales y aliados tanto en la hermana República de Colombia como en Guayana Esequiva. No olvidar la existencia de siete establecimientos militares estadounidense en el territorio colombiano. Asimismo, cuentan con la colaboración en nuestro país de organizaciones políticas, económicas y civiles (ONGs) nacionales, regionales y locales que les sirven de instrumentos de apoyo para operacionalizar los planes de desestabilización. Algunos de sus metas son:

• Generar miedo e incertidumbre a través de sus campañas psicosociales y emocionales

• Generar descontento en la población con el desabastecimiento por el contrabando de extracción y el boicot de los sectores productivos e importadores.

• Devaluar progresivamente y artificialmente la moneda venezolana para desmoralizar a la población y destruir la confianza del país en el gobierno, destruyendo el poder adquisitivo alcanzado a través de las políticas públicas de la revolución bolivariana y provocar el empobrecimiento acelerado de la población en el corto y mediano plazo.

• Crear, tanto en la República de Colombia como en la Guayana Esequiva, el germen del descontento respecto a Venezuela, de modo de preparar las condiciones para un conflicto internacional que ofrezca la oportunidad para una intervención foránea en Venezuela, en caso de que la oposición pierda las elecciones parlamentarias.

• Continuar con la infiltración en el país de paramilitares colombianos (proceso que se inició con fuerza en el año 2004)

 

4. Por lo expuesto, el Gobierno colombiano debería responderle a nuestro presidente: ¿Por qué desde hace más de 10 años mantiene un mercado paralelo a nuestra moneda que arbitrariamente fijan el valor del bolívar? ¿Por qué desde Colombia miles de casas de cambio estimulan el lavado de activos y el contrabando? ¿Por qué en las estadísticas oficiales colombianas se contabiliza el combustible venezolano contrabandeado desde la frontera como legal? ¿Por qué permite en los municipios fronterizos la venta de los combustibles venezolanos ilegalmente extraídos? ¿Por qué los productos contrabandeados no son decomisados y nunca son devueltos? ¿Por qué a pesar del enorme daño que las actividades descritas le ocasionan al país, las autoridades colombianas no han hecho nada?

 

El gobierno venezolano, ha tomado las primeras medidas para afrontar estos planes de intervención en Venezuela. Desde hace varios años existen estudios que identifican la existencia de instituciones de expertos o "tanques de ideas", a partir de los cuales las elites dominantes estadounidenses toman decisiones para continuar su dominio político, cultural, económico y militar. Estos organismos le ofrecen información estratégica a la "Global Class" y al liderazgo dominante en EEUU, también mantienen una cercana relación con las grandes corporaciones energéticas imperiales y los laboratorios militares. El comportamiento de las autoridades estadounidenses en la región centroamericana, sus intentos de acercamiento al CARICON, sus continuas intromisiones en la política venezolana, el examen minucioso de las actuaciones de sus aliados en el país y, en especial, en Colombia y en Guayana Esequiva, exterioriza y muestra que la elite imperial no está dispuesta a soportar al gobierno bolivariano por tres años más en el poder. Lo que ha impedido sus estrategias de intromisión descarada en los últimos dos años, es por un lado, el apoyo popular con el cual cuenta el proyecto bolivariano; y por el otro lado, la existencia de los liderazgos de integración regional y continental en América Latina, que han servido de muro de contención y procesamiento de los conflictos, aprietos y peligros que nos acechan. Cada sociedad libre con sus liderazgos en Brasil, Argentina, Ecuador o Bolivia, por mencionar algunos, han sobrellevado las embestidas de la derecha internacional, pero, es en Venezuela donde la arremetida es más compleja y difícil. Me atrevo a decir, aun sin contar con suficiente información sobre el particular, que la inteligencia militar del país y nuestros grupos teóricos-estratégicos (académicos y políticos) han descifrado íntegramente los planes antigubernamentales internos, su relación con los actores inamistosos y la dirección de los movimientos geopolíticos hostiles subregionales y regionales. He aquí, un logro central en nuestra seguridad, para realizar los sistemáticos golpes a las mafias y bandas criminales con las OLPP, la desarticulación de innumerables conspiraciones, la atinada decisión del cierre de fronteras y la derrota, una vez más, de la estrategia imperial.

En la sociedad venezolana, destacados analistas, académicos y dirigentes del Bloque Patriótico han instado a las autoridades gubernamentales para hacer público las listas de empresarios y burócratas vinculados al área administrativa y económica del país y que permitieron los negocios turbios y multimillonarios con la divisa venezolana. Asimismo, se ha señalado que el contrabando hacia Colombia y otros destinos del Mar Caribe cuenta con la complicidad de destacados empresarios y militares. Estamos claros que hay una cruzada contra el Ejecutivo Nacional y la Revolución Bolivariana, que tiene como protagonistas a la oposición y la derecha internacional, pero que igualmente cuenta con actores al interior del Estado, del gobierno y de nuestras fuerzas armadas. Mucho bien le haría al país que se investigara minuciosamente estos señalamientos y las denuncias de corrupción para evitar que se socave la institucionalidad democrática.

El gobierno debe demostrar el firme propósito de sancionar a quienes se hicieron multimillonarios (funcionarios del Estado, militares, etc). Hay que hacer realidad la afirmación del Presidente Nicolás Maduro: "perseguir y capturar a los corruptos que desde el Estado venezolano colaboran con el contrabando de gasolina" en la frontera colombo-venezolana y en otros territorios del país. Estamos de acuerdo, no podemos seguir secuestrados por un grupo de políticos del gobierno, de militares de medio y alto rango, de gerentes de Pdvsa que participan y pretenden continuar con los negocios ilegales del contrabando de alimentos, gasolina y otros delitos.

Esta investigación es altamente prioritaria e imprescindible para conocer y sancionar a los funcionarios políticos y castrenses que se han corrompido, porque no es lo mismo capturar a un soldado, comerciante, transportista o pimpinero a poner tras las rejas a un empresario, importador o militar que garantizan espacios, que ofrecen logística y protección, establecen contactos, extorsionan y garantizan el funcionamiento de la maquinaria mafiosa con los privilegios que le da su condición de tener riqueza, poder y mando. Es decir, hay que capturar a los que forman parte del plan paramilitar y narcocolombiano. Este cometido es imprescindible para limpiar el comportamiento de nuestras instituciones políticas y salvaguardar la honorabilidad de la mayoría de nuestros dirigentes políticos, autoridades estatales y del cuerpo castrense.