02 de agosto de 2007. - El bono recreacional que exigen es de 1.332.045 bolívares. Pablo Pérez y Nelson Carrasquero no recibieron a la comisión que sólo iba a entregarles un documento con su petición. Según el contrato tienen el mismo derecho que los activos.
Los docentes jubilados y pensionados de la Gobernación del Zulia protestaron ayer, ante las puertas del Palacio de los Cóndores, para exigir el pago inmediato del bono recreacional que, según la cláusula número 41 del contrato colectivo vigente debió ser cancelada la segunda quincena de julio.
Desde las 8:00 de la mañana hombres y mujeres, que por más de 20 años prestaron su servicio como educadores al Ejecutivo regional, se congregaron en la plaza Bolívar, donde esperaron dos horas para, finalmente, no ser recibidos.
Al reclamo también se unieron los obreros y policías jubilados que quedaron por fuera de los pagos que efectuó el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región con los 50,1 millardos de bolívares.
Pese a que esperaban ser recibidos por el secretario de Gobierno, Pablo Pérez y por el secretario de Asuntos Políticos y Administrativos, Nelson Carrasquero, ninguno de estos funcionarios salió a atenderlos.
Sin embargo, una comisión de la Asociación de Docentes Jubilados y Pensionados del Estado Zulia (Asodojupez) junto con dos representantes del Sindicato de Obreros y de los policías jubilados insistió en entregarles personalmente un documento —dirigido al gobernador Manuel Rosales— con la petición, pero por medio del jefe de seguridad del Palacio de Gobierno, les informaron que Pérez no se encontraba y Carrasquero “estaba muy ocupado”, por lo tanto la única opción era dejar su solicitud con una de las secretarias.
Ante esta respuesta, Hugo García, presidente de Asodojupez denunció que toda esta acción obedece a una maniobra política pues, “eso sólo demuestra que el Gobierno regional no quiere tener tratos ni con Liliana Marrufo, secretaria general del Sindicato de Obreros, ni con Raúl González, de Jubipol”.
Contrato violado
El pasado 29 de abril de 2002, hace exactamente cinco años y tres meses, la Gobernación del Zulia suscribió un contrato colectivo ante la Inspectoría del Trabajo del municipio Maracaibo con ocho organizaciones sindicales.
A partir de esa fecha y hasta octubre del año pasado, el Ejecutivo sólo ha firmado actas convenio con los gremios de educación, cultura, salud, policías por lo cual el contrato sigue vigente.
La séptima y hasta ahora última convención colectiva firmada expresa en su cláusula número 41 sobre la Bonificación Especial de Esparcimiento y Recreación que: “El Ejecutivo del estado Zulia se obliga a cancelar una bonificación especial a todos los jubilados y pensionados para el esparcimiento y recreación equivalente a 65 días del monto de su pensión mensual. Este bono se cancelará en la segunda quincena del mes de julio de cada año”.
A esto, Deysi Bravo, educadora jubilada, señaló que “la Gobernación con su actitud nos da a entender que es un laboratorio en el que se manipula y se maquiavelizan actividades en contra de los jubilados de todos los sectores”.
Para Bravo, los gremios “siempre han estado genuflexos a lo que diga Manuel Rosales apoyando la violación de un derecho que nos corresponde como trabajadores”.
Los docentes también reprocharon que el Ejecutivo regional ha tomado por ley jubilar a un trabajador con 25 años de servicio en un 100% por lo que los obliga a trabajar 30% para que puedan recibir su pago completo.
