Un tribunal laboral admitió ayer un recurso de amparo a favor de los sindicalistas de la Gobernación destituidos de sus cargos tras abanderar la lucha por el pago de la deuda de los jubilados y pensionados de esa dependencia.

Así lo informaron ayer los abogados Eduardo Labrador, Ender Pérez y el diputado del Consejo Legislativo del Zulia (Clez), José Luis Acosta.
“Vinimos a verificar el estatus del recurso de amparo que se introdujo el pasado 14 de diciembre, en el cual explicábamos las violaciones sobre los derechos sindicales de Liliana Marrufo, Albin López y Gustavo Batista. Hoy (ayer) constatamos que fue admitido y que está en la fase de la notificación a la otra parte (Gobernación) para fijar la audiencia oral”, detalló Labrador.

De acuerdo con la norma, una vez notificada la otra parte, la dependencia judicial tiene 96 horas para fijar la audiencia oral.

Labrador explicó que en ese encuentro se irá al fondo de la causa. “Vamos a determinar que han sido violados los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que defienden los derechos de los trabajadores de la Gobernación del Zulia”.

Agregó: “Las autoridades de la Gobernación ha reforzado sus acciones contra los miembros de los sindicatos, quienes defienden los derechos de los trabajadores de la Gobernación”.

Contexto

El pasado 22 de agosto la Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional para la región por 50,1 millardos de bolívares, por concepto de Situado Constitucional que, según las indicaciones del Parlamento y el exhorto de la Tesorería debió dedicarse a la cancelación de pasivos laborales que mantiene la dependencia regional con sus trabajadores, pero el Consejo Legislativo destinó sólo el 25% de los fondos por ese concepto.

Los recursos fueron depositados por la Oficina Nacional del Tesoro el pasado 28 de agosto. Ante esta situación, el pasado 21 de septiembre, los jubilados y pensionados solicitaron ante el Juzgado Superior que actuara sobre el tema; fue así como el 10 de octubre de este año ese despacho legal emitió una medida cautelar en la que ordenó congelar los recursos (50 millardos provenientes de un recurso adicional de 115,7 millardos) en la cuenta bancaria que posee la Gobernación del Zulia.

Luego de la acción, el pasado 12 de diciembre en la sede del Sindicato Autónomo de los Trabajadores de la Gobernación un tribunal disciplinario decidió la expulsión de algunos de sus miembros Albin López, secretario de organización; Liliana Marrufo, secretaria general, y Gustavo Bastidas, secretario de cultura.

“Fuimos expulsados por un tribunal ilegítimo y por una minoría de miembros del sindicato de trabajadores. Ese acto corresponde a una maniobra política, porque estamos exigiendo justamente los derechos de los trabajadores jubilados y activos”, manifestó Albin López.

Acciones

José Luis Acosta, diputado del Clez, informó que se mantienen las acciones de calle. En este sentido, convocó a los trabajadores activos, jubilados y pensionados a sumarse a una marcha que se efectuará el próximo jueves, frente a la Gobernación del Zulia, para defender a los ex integrantes del sindicato.

“Esperaremos la decisión del juzgado. Tratamos de que se haga justicia en este caso; respetamos los lapsos y los pasos, pero sabemos que, en este caso, la justicia está del lado de Liliana Marrufo, Albin López y Gustavo Batista”, señaló.

Sobre este punto, Marrufo dijo que fueron destituidos para evitar que “sigamos luchando por el beneficio de los trabajadores, pero seguiremos luchando por eso. Esa es la razón de un verdadero dirigente sindical”.

La vocera aseguró que el grupo de afectados está dispuesto a dialogar con las autoridades de la dependencia regional. “No permitiremos que nadie trate de desviarnos de nuestra misión”.

“Hacemos un llamado a los directivos y miembros del Tribunal disciplinario del sindicato, porque siguen violando la Constitución, Ley del Trabajo y Estatutos, porque la expulsión de sus compañeros son acciones irrítas e ilegales”, manifestó Ender Pérez, abogado de los jubilados y pensionados.

También llamó la atención de las autoridades de la Procuraduría del Zulia para que “no se sigan prestando a prácticas que violan el marco legal de la nación. Introduciremos un amparo constitucional contra esa dependencia por su práctica anti sindical”.