Protestaron frente al palacio de los Cóndores que se les cancele el beneficio que la ley otorga por todos los años de servicio prestados. Rosales afirma que la comisión de Finanzas no es quien decide cómo se invierte el dinero de la Gobernación. El candidato opositor donó dos millardos al Telecorazón

Nuevamente los jubilados y pensionados de la Gobernación del Zulia se reunieron frente al palacio de los Cóndores para exigir el pago de sus acreencias laborales.

Douglas Delgado, sargento de la Policia Regional, con 30 años de servicio, exigió ayer a la Gobernación del Zulia, el pago de sus prestaciones sociales.

Como él otros 124 oficiales que acaban de salir jubilados en octubre clamaron ayer, frente al palacio de los Cóndores, que se les cancele el beneficio que la ley otorga por todos los años de servicio prestados.

“Estamos esperando el pago de nuestras prestaciones, ya que salimos jubilados y aún no nos han cancelado, ni nos han explicado cuando nos van a pagar”, explicó Delgado.

A la queja se sumó el oficial técnico mayor, Antonio Flores, también jubilado, al señalar que el Gobernador encargado prometió, el 17 de julio, que iban a salir con el cheque en la mano y sin embargo, no han visto efectivo ningún pago.

“Él nos prometió el 100%, nos han hecho caso omiso, esperamos respuesta el día jueves, sino tomaremos acciones más precisas”, agregó.

La deuda por cada sargento es de 100 millones de bolívares aproximadamente.

Legalidad

El diputado Rodrigo Cabezas, quien ha llevado la batuta en el caso de los extrabajadores de la Gobernación dijo que la exigencia de estas personas es un derecho y que ellos están amparados por las leyes.

El diputado se refirió a la decisión de un tribunal zuliano que ampara a los jubilados y pensionados.

El Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de esta región admitió el recurso de amparo a favor de los trabajadores jubilados y pensionados de la Gobernación del Zulia, de acuerdo a lo informado en esa ocasión por Eduardo Labrador, asesor jurídico de los afectados.

La medida busca que la dependencia regional destine 50,1 millardos de bolívares, que recibió producto de un crédito adicional por concepto de Situado Constitucional, a la cancelación de pasivos laborales.

También solicitaron una medida cautelar innominada, Tribunal, con la congelación de los recursos depositados en la Tesorería para que no sean desviados.

Los afectados denuncian que este dinero ya no está en los bancos, por ello señalan que existe la posibilidad de que sus deudas no sean canceladas por el Ejecutivo zuliano.

Ayer el candidato presidencial y gobernador, Manuel Rosales, fue consultado sobre este tema.

Al respecto dijo que es cierto que se han destinado créditos adicionales para el Zulia, “pero de acuerdo a lo establecido en las leyes, no es la comisión de Finanzas el ente que va a decidir la manera de invertir estos recursos”.

Rosales dijo que han actuado apegados a las leyes, por ello es la Gobernación la que decide cómo se distribuirán estos recursos.

Hizo un llamado a los interesados a revisar un aviso de prensa publicado por el Ejecutivo zuliano. “Allí están las cuentas de la Gobernación y de cómo hemos invertido ese dinero”.

Insistió en que no es la comisión de Finanzas la que va a decidir el destino del dinero que maneja la Gobernación.

Respecto a los 50 millardos, dijo que continúan depositados en un banco.