11 de agosto de 2008.- Por intentar hacer cumplir una orden de reenganche forzosa  de la Inspectoría del Trabajo "Pipo Arteaga" de Valencia, emitida a favor de 9 trabajadores por la Dra. Indra Toledo, la que no fue acatada por los patronos de FUNDIMECA, empresa ensambladora de electrodomésticos (ventiladores FM). 18 trabajadoras y trabajadores, 3 dirigentes sindicales, entre ellos el delegado principal en la 97 Conferencia Internacional de la OIT, realizada en junio de este año, fueron retenidos para su indagatoria entre el día 7 de agosto y este lunes 11; condenados por el Tribunal 7 de Control del Estado Carabobo a: un régimen de presentación cada 15 días; prohibición de salir del Estado Carabobo; no presentarse en las inmediaciones de la empresa y no declarar en contra de la empresa. Teniendo la advertencia, que si incumplen con lo impuesto, sin contemplación serán privados de su libertad en el internado judicial de Tocuyito y las trabajadoras trasladas al anexo de esta cárcel.

Mientras se hace esa "justicia" con los trabajadores y dirigentes sindicales, el dueño de Fundimeca, sobre quien recae la sospecha de haber contratado sicarios que abalearon una obrera y directiva sindical en la fábrica, continúa desafiando una orden de la Inspectora del de Trabajo de reenganchar trabajadores injustamente despidos y, hoy en día está acosando a los trabajadores que se encuentran laborando, persigue por intermedio de la fiscalía y  tribunales a dirigentes sindicales y a los trabajadores que luchan por su reenganche y hasta a los trabajadores que han firmado sus despidos.

El dueño de Fundimeca es un cubano contrarrevolucionario que estuvo muy activo durante las intentonas golpistas contra el gobierno bolivariano.

Irene Balseló, Filomena Sosa, Armando Salas, Nelson Lugo y José Terán, trabajadoras y trabajadores de la empresa Fundimeca y Stalin Pérez Borges, Coordinador Nacional de la Unión Nacional de Trabajadores UNT, quien fue representante  principal de la delegación de los trabajadores este año ante la Conferencia de la OIT, Osman Cañizalez y Fernando Torbello Coordinadores Regional de la UNT Carabobo, comparecieron el jueves 7  y José Salcedo, Luis La Rosa Díaz, Elvis López, Carlos Ospino, Grissel Hernández, Eglee Aponte, Griseidi Rivero, Sumira Delgado, Yajaira Briceño, Keyla Rodriguez y Carmen Garcés, lo hicieron este lunes 11 de agosto. Queda sólo por comparecer ante el Tribunal la trabajadora Gloria Palomino quien se encuentra convaleciendo de una operación producto de la herida recibida de disparos de balas hechos por dos sicarios motorizados. Todos ellos  enfrentan causas por supuesta “violación de la propiedad privada” e “impedir el derecho al trabajo” y "agavillamiento" durante la lucha para asegurar el reenganche forzoso de trabajadoras despedidas desde el mes de noviembre 2007.

Un resumen cronológico de los hechos.

El 26 de junio de 2008, la empresa Fundimeca se negó aceptar la orden de reenganche de 9 trabajadores por parte de la Inspectora del Trabajo de Valencia. Unos 360 trabajadores, 80% mujeres, componen la fuerza laboral en esta fábrica. Ese mismo día los trabajadores cerraron la entrada de la empresa y quedaron paralizadas las actividades dentro de ella.

En respuesta, el dueño de Fundimeca desató una campaña feroz en contra los trabajadores. Cuatro días después del arranque del conflicto, fue herida en la pierna la trabajadora y dirigente sindical Gloria Palomino por dos sicarios motorizados. Los trabajadores dicen tener razones para pensar que fueron contratados por el dueño de la empresa. En ese entonces, los trabajadores tomaron las instalaciones de la empresa. Ante la presión y los comentarios acusadores que responsabilizaban del ataque a la empresa, los representantes de los patronos se comprometieron en acta hecha por el Tribunal que logró el desalojo y con la presencia del Diputado Nacional Douglas Gomez, el 18 de julio correr con los gastos médicos de la trabajadora herida.

Sugestivamente el 3 de julio, el Tribunal Tercero de Ejecución del Estado Carabobo intentó desalojar a los trabajadores, pero éstos resistieron y lo impidieron. Por esto, un grupo de trabajadores y trabajadoras de Fundimeca, junto a dirigentes sindicales y funcionarios públicos, fueron citados en calidad de imputados en la Fiscalía Quinta del Ministerio Público Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, por el Fiscal Abogado Jaime Alexander Martínez Lugo, no obstante que, todos los actos de citación fueron pospuestos y en jamás las trabajadoras y trabajadores y sus abogados pudiero ser escuchado por el Fiscal. El 4 de agosto, los trabajadores se informaron de la orden de captura que había en contra ellos por parte de la Fiscalía a enviada al Tribunal 7 de Control de Carabobo.

Antes que los acusados se presentaran ante el Tribunal 7 de Control del Estado Carabobo el día 7 de agosto, fueron retenidos desde la 1 pm hasta la 5 y 45 de la tarde antes de escuchar la sentencia de sus imputaciones en el Tribunal: violación de la propiedad privada, impedir el derecho al trabajo y agavillamiento, entre otras. Aunque la juez Janexis Salsei, no concedió la privación de libertad pedida por el fiscal Jaime Alexander Martínez Lugo, dio una medida sustitutiva de un régimen de presentación ante el Tribunal durante cada 15 días, prohibición de salir fuera del Estado Carabobo, acercarse a las instalaciones de la empresa y de declarar en contra de la empresa Fundimeca. ¿Y por el sicariato y los atropellos patronales, quién responde? Se preguntan los trabajadores.

El fiscal antiobrero ha actuado en otros casos contra los trabajadores y a favor de los patronos, como fue en una alfarería ubicada en Gúigúe, criminalizando las luchas y reclamos de los trabajadores.

Se desprende de inmediato que las distintas federaciones, sindicatos y centrales, e independiente de la corrientes sindical a que pertenecen, emprendan una campaña nacional e internacional en defensa de los obreros y dirigentes sindicales, en contra de la escandalosa criminalización de las luchas de los trabajadores y por las libertades sindicales en Carabobo. Estos hechos podrían ser investigados a otros niveles por las graves implicaciones tanto laborales como políticas y en materia de derechos humanos.

Dirigentes sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores de Carabobo hacen un llamado a la Fiscal General, Dra. Luisa Ortega Díaz, para que esté alerta ante los atropellos que hacen algunos fiscales en contra de los trabajadores, utilizando las leyes para imputar hechos que en ningún momento revisten carácter penal, ya que el reclamo del reenganche y de las reivindicaciones laborales no pueden tomarse como crímenes. Asimismo, solicitan que mande una comisión especial para que revise las actuaciones intimidantes del fiscal Jaime Alexander Martínez Lugo.