La lucha de la clase obrera -el conjunto de los trabajadores asalariados- por sus objetivos generales estratégicos, contra la burguesía capitalista, por la sociedad sin explotadores, por el socialismo y contra la apropiación privada de la riqueza creada colectivamente es, en esencia, un combate político revolucionario.

Pues estos objetivos son, por definición, inalcanzables dentro del estrecho, mezquino e hipócrita marco del Estado burgués, por muy democrática que sea la forma en que se nos presente.

Todos aquéllos que han perdido de vista esta verdad irrefutable, asumiendo ingenua o interesadamente la "legalidad democrática" de los patronos, han terminado cayendo en el más rastrero reformismo, condenando al movimiento obrero a ser parte integrante del Estado de los capitalistas, en lugar de combatirlo.

Las organizaciones sindicales cuyas burocracias dirigentes aceptan servilmente las leyes y Estatutos laborales, en cuya confección han participado codo con codo con los patronos, se convierten en simples apéndices del Estado de los explotadores cuya función principal es la de mantener sojuzgada, sometida y explotada a la clase obrera.

Y al colaborar con entusiasmo en el mantenimiento de esta situación injusta de dominación política e ideológica y de explotación económica, por medio de toda clase de "concertaciones" y "pactos sociales", devienen en cómplices activos de la burguesía capitalista y en traidores a los intereses generales y estratégicos de la clase obrera.

Todos sabemos que los sindicatos son el medio de que se valen los trabajadores para desarrollar la lucha económica contra los empresarios explotadores, es decir, la defensa de sus puestos de trabajo, el aumento de sus salarios y la mejora de sus condiciones de vida.

Por supuesto que es de la mayor importancia arrebatarles a los capitalistas una parte, lo mayor posible, de la plusvalía que nos roban. Desde luego que es imprescindible luchar por mejorar las condiciones de toda la clase obrera, y por la reducción de la jornada laboral, por el pleno empleo, contra la precariedad, por la estabilidad, la seguridad social efectiva y las pensiones dignas.

Además, la lucha económica es el primer paso del aprendizaje organizativo y político de la clase obrera. Es aquí donde los trabajadores empiezan a librarse de las cadenas ideológicas de los aparatos educativos y de información del Estado burgués.

En el transcurso de la lucha por mejoras inmediatas, llegan a comprender que todas las leyes, normativas, prohibiciones y prescripciones, incluso del más libre y democrático de los Estados capitalistas, están concebidas fundamentalmente para permitir que los empresarios obtengan el mayor beneficio posible del trabajo de los obreros y que, aun siendo ellos, con su esfuerzo y su sudor, los creadores de toda la riqueza de la sociedad, son precisamente los menos recompensados por ella.

Mientras los burgueses, que no producen nada, viven en la abundancia, ellos, que todo lo construyen, todo lo fabrican y con su trabajo diario hacen funcionar y producir a todas las empresas, están siempre al borde de la miseria y de la indigencia, enfrentándose al abismo de la crisis, el paro forzoso y los recortes salariales.

Pero cuando limitan la actividad práctica y las reivindicaciones a la lucha económica, y se olvidan de los grandes objetivos estratégicos -acabar con toda explotación por medio de la trasformación revolucionaria de la sociedad capitalista en sociedad socialista- los sindicatos caen irremediablemente en el reformismo y el entreguismo, deslizándose progresivamente hacia la colaboración de clases y el "acuerdo social", convirtiéndose en un elemento más del Estado burgués, que acaba controlándolos y manipulándolos a su antojo.

Desgraciadamente el panorama de bosque de siglas sindicales que existe hoy en Canarias, no nos puede ofrecer ni siquiera una eficaz lucha económica contra los patrones. Desde las dos grandes centrales españolas UGT Y CCOO, hasta los despachos de abogados que, en la práctica, funcionan como sindicatos "independientes", pasando por los "nacionalistas" unidos o divididos según los intereses y las disputas de los burócratas, sin olvidar a los gremialistas que se organizan por profesiones o por empresas, dividiendo aún más si cabe a la clase de los trabajadores asalariados, no vemos hoy, lamentablemente, más que división, reformismo y supeditación estratégica a los intereses de la burguesía canaria y de las empresas colonialistas e imperialistas.

¿A quién beneficia la división sindical? Desde el punto de vista de la patronal, cuanto más divididos estén los sindicatos, más débiles, más manejables y más sobornables serán. Si alguno se resiste a firmar el convenio, siempre podrán encontrar a otros más "razonables", con los que llegar al acuerdo favorable a sus intereses.

Esto significa que, por principio, está en el interés general de la clase obrera, perseguir la unidad sindical, combatiendo las tendencias centrífugas de los sindicatos gremiales o de empresa, los colectivos seudosindicales en torno a determinados bufetes de abogados, y el sectarismo sindical interesado de los burócratas, liberados fijos de plantilla, que sólo buscan perpetuarse como dirigentes indiscutibles de su pequeño feudo reformista.

El problema aquí es que el estado natural del sindicalismo reformista es, precisamente, la división y el sectarismo sindical. Porque el reformismo se caracteriza justamente por el desprecio de los intereses estratégicos de la clase obrera, entre los que se encuentran la lucha por la transformación social y contra el capitalismo, y la unidad indisoluble de los trabajadores en torno a estos objetivos. Por lo que el burocratismo, el sectarismo y el reformismo sindicales van siempre de la mano.

El sindicalismo revolucionario, por el contrario, necesita de la mayor unidad posible para educar a toda la clase en el desprecio y la denuncia de la legalidad de los capitalistas, por medio de una actividad sindical asamblearia y antiburocrática,  transgresora e insumisa, anticapitalista y anticolonialista.

Una política sindical que, liberada del respeto reverencial a la "leyes laborales" con que el Estado burgués, con la inestimable colaboración de los reformistas, pretende desarmar el espíritu revolucionario propio de la clase obrera, se enfrente constantemente con los estrechos límites "democráticos" en que la burguesía pretende, interesadamente, encerrar las demandas y reivindicaciones de los trabajadores.

Como consecuencia, nuestra consigna no puede ser otra que la unidad sindical asamblearia, antiburocrática y antirreformista de toda la clase obrera de Canarias contra la explotación capitalista y contra el Estado burgués-colonial que justifica, respalda y defiende a los empresarios que medran y se enriquecen robándonos la plusvalía generada por nuestro trabajo. 

(*) Pedro Brenes es miembro del Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias (PRCC)

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