Si nos quitan la libertad de expresión nos quedamos mudos y silenciosos y nos pueden guiar como ovejas al matadero.

George Washington. Primer presidente de los Estados Unidos.

La clase obrera venezolana ha vivido un martirio con la Revolución del Siglo XXI, más con el presidente obrerista Nicolás Maduro. Les ha tocado vivir en la miseria, con hambre, sin libertades ni autonomía sindical, más la brutal represión jamás vivida desde que se fundó la República en 1811.

Los trabajadores venezolanos además han sido traicionados por los dirigentes sindicales, más en esta época de Revolución Bolivariana. No podemos olvidar el despojo de parte de las prestaciones sociales. En esos años la clase trabajadora fue derrotada sin luchar, su pasividad y sumisión aceleraron su sometimiento a los gobiernos de turno. A nivel nacional en el año de 1997 a manos de la CTV, FEDECAMARAS y el gobierno de Rafael Caldera con sus adalides Teodoro Petkoff, Matos Azocar y Alberto Poletto despojaron a los trabajadores de la retroactividad de las prestaciones sociales; de Fedecámaras y del gobierno de Caldera no podían esperar mucho los trabajadores, de la CTV, organismo burocrático, antidemocrático y corrupto y del buro sindical de adeco no se podía esperar más que una traición.

Con el gobierno que se hizo llamar revolucionario, bolivariano y obrerista los trabajadores solo han tenido derrotas y sometimiento de rodilla en tierra. Hay que recordar lo ocurrido para que la historia nunca vuelva a repetirse. Que falló, que la clase trabajadora sufrió una descomposición y se convirtió en genuflexa y gobiernera, resultado una copia de los sindicaleros adecos de esos tiempos. La lucha se tenía que plantear en otros términos. Se entiende que Chávez no tenía oposición para imponer sus arbitrariedades, extravagancias, desvaríos y fantasías. Porqué nadie avizoro la desgracia y hecatombe que se venía con la implementación de la Ley de Reconversión de la Moneda, se pudo haber tomado las precauciones para proteger las prestaciones sociales adeudada a los trabajadores. Podía haberse dado una compensación o que la Ley mantuviera con el mismo valor las prestaciones que no se les habían pagado a los trabajadores, después de los cinco años acordados por la LOT.

Con el Artículo 3 de la ley de reconversión, fue que se le hizo un gran daño a las prestaciones sociales de los trabajadores el cual reza lo siguiente: A partir del 1 de enero de 2008, deberá expresarse en Bolívares Fuertes todos los precios, salarios y demás prestaciones de carácter social, así como los tributos y demás sumas en moneda nacional contenida en estados financieros, documento contable, o en títulos de créditos. Esto quiere decir que con el gobierno de Caldera los trabajadores fuimos despojados de la retroactividad de las prestaciones sociales y con la ley de Reconversión Monetaria determinaron aniquilando los despojos y miserias que nos dejó la cuarta república y en la quinta república nos esfumaron los intereses de los fideicomiso, la antigüedad acumulada y el bono de transferencia lo dividieron por 1.000. A partir del 1 de enero del 2008 el bolívar pasara a llamarse bolívar fuerte, y se elimina tres ceros a la unidad monetaria. El decreto con el rango, valor y fuerza de ley de Reconversión Monetaria que define la medida fue publicado sin expresión de motivo y sin que le precedieron análisis técnicos públicos.

Pero esto no es todo, se venían nuevas desgracias contra la clase trabajadora venezolana.

Un 18 de agosto de 2.018 se firma el MEMORANDUM 2792, según los representantes del régimen y los sindicaleros de la CBST y FBT, este instrumento tenía una duración de un año, y prorrogable por un año más (ese fue el cuento ). Pero ya han pasado cinco años, y el memorándum 2792 sigue vigente, a pesar del clamor popular de los trabajadores para eliminarlo. Un acuerdo que ya tiene 4 años vencidos por lo que debe fenecer y declararlo irrito, ya que a través de ese mecanismo se han venido cercenado los beneficios y derechos de los trabajadores, inclusive en flagrante violación de derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), y la Ley Orgánica del Trabajo para trabajadores y Trabajadoras (LOTTT).

La represión del régimen de Maduro es continúa, sistemática y constante. El 1 de agosto, la juez del Tribunal 2° de terrorismo, Grendy Duque, condenó a 16 años de cárcel a 6 activistas y dirigentes sindicales. La pena la ordenaron bajo los cargos de conspiración y asociación para delinquir, donde el Fiscal General de la República Tarek William Saab acusó y justificó la condena. Sólo por el hecho de haber participado en las protestas de este año exigiendo un salario digno y justo, y contra el instructivo de la ONAPRE. Los trabajadores y pensionados de Venezuela y la dirigencia honesta y clasista rechaza la brutal condena de 16 años contra los trabajadores: Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortes. El sistema de justicia de Venezuela está viciado y controlado por el PSUV. Con estos actos represivos el régimen de Maduro y sus secuaces crean el temor, el miedo y siembran el psicoterror contra la población venezolana negando el derecho de las manifestaciones y la libertad de expresión. Mientras a los trabajadores y pensionados se les niega una remuneración digna según lo establecido en la Constitución Nacional, la cual violentan a diario.

Ante los atropellos, el abuso y la indiferencias de las autoridades y entes competentes que ignoran los problemas y planteamiento de los trabajadores jubilados con 40, 45 y más de 50 años de servicios tienen años esperando el pago de sus prestaciones sociales. Este es un crimen de lesa humanidad dejar morir a decenas de ancianos que cumplieron y sirvieron al país trabajando en las empresas básicas de Guayana.

En vista de la negligencia e indiferencia de la Junta Interventora de la CVG, ante el reclamo y la negativa de recibir a los líderes de los jubilados de para exponer su problemática. Desde el 15 de agosto 5 jubilados emprendieron una huelga de hambre para exigir el pago de sus prestaciones sociales cumpliendo nueve días de protesta continúa al frente del edificio de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).

Sin embargo, los interventores de la CVG permanecen displicentes e indiferentes. Los interventores principales Héctor Silva Hernández y el G/M Alexis Rodríguez Cabello, son iguales o peores que Pedro Maldonado y su banda hoy presos por el desfalco de PDVSA y la venta de chatarras y productos acabados de acero y aluminio de las empresas básicas de Guayana. Estos representantes designados por Maduro, con la intención de reprimir y negar las reivindicaciones a los trabajadores, Pensionados y jubilados

A pesar de la negligencia que implica tener a un grupo de adultos mayores, quienes empiezan a descompensarse por el hambre, protestando para exigir el pago de un beneficio que les corresponde por ley, la realidad es que la nueva cúpula de la CVG permanece en silencio. Los trabajadores y jubilados con el régimen de Maduro viven una vía crucis de calamidades ante la eliminación de beneficios legales y contractuales. Las convenciones colectivas las borraron. En materia de salud tenían un seguro de vida, clínicas, farmacias, pagos o reembolsos. Todo eso se eliminó. Hay un hospital de trabajadores donde ha muerto gente de mengua por falta de medicamentos.

Los únicos responsables por la salud de los manifestantes son los directivos de la Corporación Venezolana de Guayana y el gobierno nacional, los trabajadores y jubilados han agotado todas las vías y opciones administrativas en búsqueda de respuestas han responsabilizado por su salud a los directivos de la corporación y al Estado venezolano, toda vez que afirman haber agotado todas las opciones administrativas. Los responsables directos de este problema, al cual no buscan las soluciones son Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y la Junta Interventora de la CVG.

Esto es solo una parte del martirio al que el régimen de Maduro somete a los trabajadores venezolanos. Nunca hubo la más mínima esperanza o ilusión de que la tan nombrada Junta Interventora de CVG iba solucionar los problemas. No los empeoró y reprimió a los trabajadores de SIDOR, ahí están presos los dirigentes Leonardo Azocar y Daniel Romero, más 17 trabajadores que tienen medidas cautelares. Los pensionados y jubilados en huelga de hambre frente a la CVG necesitan toda la solidaridad de los trabajadores, pensionados y pueblo de Guayana. Esta es una lucha que estamos padeciendo. Es el Exterminio de los jubilados. Es la misión que vienen a cumplir agentes foráneos que no tienen ninguna relación con el gentilicio guayanés. A ellos solo les interesa de Guayana sus riquezas. Entonces todo el apoyo, solidaridad, hermandad y protección a los jubilados en huelga de hambre, exigiendo el pago de sus prestaciones sociales ante que la devaluación del bolívar las pulverice.

Un llamado a los que se dicen representantes de una supuesta Mesa de Diálogo Social, no se puede confiar en los sindicaleros de CBST ni en grupo que hacen negocios con Fedecámaras y con el régimen de Maduro violador de los derechos laborales y humanos. Es inconcebible que representantes de la OIT permanezcan sentado en esa mesa aceptando y apoyando todas las violaciones al Estado de Derecho y las violaciones a los beneficios económicos y sociales. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) no puede avalar está solución y debe remitir urgente un informe a la Corte Penal Internacional de las violaciones, maltratos y represiones que viven los trabajadores y pensionados de Venezuela sobreviven con un salario de 3 $ al mes, se vive por debajo del umbral de la pobreza