Expediente rojo de la lucha de clases en la República Bolivariana de Venezuela

Siempre que pretendemos analizar la dinámica de la lucha de clases en nuestro país, hay quienes voltean la vista al país vecino: “La legislación colombiana ha introducido un principio de discriminación respecto a las funciones y derechos de las organizaciones de los trabajadores/as del sector público en relación con la contratación colectiva, al clasificarlos como “trabajadores oficiales” o “empleados públicos”. Los sindicatos que agrupan a los empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni firmar convenciones colectivas, ya que su derecho a la negociación se limita sólo a la presentación de “solicitudes respetuosas”, excluyendo aspectos fundamentales de la relación laboral, como salarios, prestaciones y contratos.”(Informe anual de la Confederación Sindical Internacional sobre las violaciones de los derechos sindicales en Colombia: Año 2007). Con ello, tratan de ver los problemas de los vecinos para no ver los gravísimos problemas que tenemos internamente en nuestra Patria.

  Fue notoria la publicación de aquel excelente libro del camarada José Vicente Rangel, Expediente Negro, en que nos narra un episodio dantesco de nuestra historia republicana correspondiente a los años 60 y 70 del siglo pasado, en que los gobiernos de AD y Copei, desarrollaron políticas contrarias al resguardo de los Derechos Humanos. “La figura del desaparecido surge en Venezuela a finales de 1964. En realidad, el término quizás no es correcto, ya que de lo que se trata es del secuestro de ciudadanos por parte de organismos policiales y de seguridad del Estado. Ocurrida la detención, esta no es reconocida por las autoridades, provocando en consecuencia una intensa búsqueda del detenido por sus familiares, con la consiguiente desesperación a medida que las gestiones resultan negativas. Este método despiadado ni siquiera fue empleado por Rómulo Betancourt -justo es reconocerlo-, quien se prodigó en el ensayo de una gama de recursos represivos dirigidos a eliminar al adversario político, a segregar ideológicamente y a quebrantar la estructura de las organizaciones revolucionarias. La desaparición de personas detenidas por los organismos de seguridad corresponde, realmente, al gobierno del presidente Raúl Leoni”. (Expediente Negro, J.V. Rangel).

  Desde entonces, no habíamos leído algo tan dantesco y similar a aquellos tenebrosos años, como la lectura que hiciéramos –recientemente- de la comunicación que le dirigiera la Unión Nacional de Trabajadores, Únete, a la camarada María Cristina Iglesias, ministra del trabajo. Si José Vicente, por aquellos años 60 y 70 llamara Expediente Negro su síntesis relatora de los Derechos Humanos en ese período de nuestra historia cuartarrepublicana, por qué no llamar Expediente Rojo a esa comunicación extensa que, resume la realidad de la intensa lucha de clases que vive, actualmente, nuestra República Bolivariana de Venezuela. “Hoy en día se observa la agudización de conflictos obreros en el país, producto de la confrontación capital / trabajo y de las contradicciones de un proceso de transformación al socialismo, que dista de ser obrerista, por el dominio del poder que ejercen castas burocráticas y la nueva hegemonía política, quien controla la mayoría de las Instituciones aun de corte burgués que cierra el paso al poder popular.”, refiere la comunicación. Sentenciando más adelante, una gran verdad: “Las instituciones vinculadas a la justicia laboral del Estado venezolano, por su parte, se inclina del lado de los patronos impidiendo la organización sindical autónoma de los que luchan, negándoles el registro a nuevas organizaciones, rechazando proyectos de convención colectiva de trabajo, en evidente intromisión sindical a favor de los empleadores, negándoles el derecho a huelga con subterfugios propios de los tiempos de la cuarta república, admitiendo la violación flagrante de los derechos humanos constitucionales, contractuales y legales, admitiendo calificaciones de despido que son utilizadas como mecanismo de castigo contra los sectores clasistas y otra serie de perversiones contrarias a una revolución obrerista.” El Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social ha perdido su rol de árbitro de la relación obrero-patronal, para inclinar la balanza hacia el lado de la patronal, tanto privada como pública. Y a la par, de la instancia encargada de dictaminar justicia laboral, todo el conglomerado estatal: “De igual forma actúan funcionarios del Ministerio Publico, jueces, Defensores del Pueblo, guardias nacionales, policías nacionales y regionales, que siguen estando a la mano para defender los intereses patronales y mantener intacto el orden capitalista y burgués.” (Documento citado). No la tiene fácil la clase trabajadora en la Revolución Bolivariana.

  En el Documento-Oficio entregado a la ministra Iglesias por la Únete, se registran 152 conflictos laborales en distintos entes de trabajo de nuestra Patria. Allí, está reflejada la lucha que libran las y los trabajadores universitarios contra las políticas neoliberales impulsadas desde el ministerio de educación universitaria y opsu, en estrecha combinación con  funcionarios del ministerio del trabajo, el vice ministro Elio Colmenares y su Director de Inspectoría, Juan Carlos Toro y, la aristocracia sindical “güisquicera” de la tríada caprilista (Fetrauve-Fenastrauv-Fenasinpres), quienes en estrecha alianza y, en contra de la mayoría de las y los trabajadores universitarias, pretenden adueñarse de la contratación colectiva del sector universitario, reeditando viejas malas prácticas sindicales como las nefastas costas sindicales adecas. Recoge el Documento la problemática del sector farmacéutico, en la que el desconocimiento de las contrataciones colectivas y sus beneficios contractuales es la pauta seguida por el conjunto de la patronal del sector, así como el desconocimiento de las órdenes de reenganche de trabajadoras y trabajadores despedidos.  Fontur y Peajes también son narrados en el Documento, violación del derecho a la estabilidad laboral y el cese de los despidos injustificados.

  En el caso de PDVSA Gas Comunal, se ataca la Libertad Sindical, la procedencia de organizarse en sindicato, lo que causa mucha molestia a la burocracia dirigente de ese ramal de la  PDVSA roja rojita. Las y los Tercerizados, aunque la nueva LOTTT les otorga los mismos derechos que las trabajadoras y trabajadores formalizados en la administración publicación centralizada y descentralizada, caso Gobernación de Barinas, empresas nacionalizadas, unidades de producción socialistas, ministerio de educación y Corpoelec, la orden es: “falta de disponibilidad presupuestaria para el 2013”, y despidos masivos; lo que convierte en letra muerta las Disposiciones sobre la Tercerización que dispuso el camarada presidente Hugo Chávez, en cuanto al goce de los mismos beneficios contractuales que el personal de carrera en los entes públicos, su incorporación a la nómina en un lapso que no debería exceder los tres años y otras que debieran ser de estricto cumplimiento; no obstante, la realidad es otra. Son los entes públicos quienes envían su mensaje de desconocimiento de la LOTTT a los entes privados.

  No deja por fuera el Documento un caso que se ha convertido en emblemático para el conjunto de la clase obrera venezolana: galletera Carabobo. Se trata del primer caso en que se plantea nuestra clase obrera ir a la huelga con la nueva LOTTT, en este caso, contra un patrón privado que dilató por más de un año, la discusión de la contratación colectiva vencida. Tal como prevé el 487 de la LOTTT, las y los trabajadores de galletera Carabobo introdujeron su Pliego y esperaron las 120 horas previstas en dicha Ley. El ministerio del trabajo les dio el aval de la Ley cuando pasaron dos mil cuatrocientos (2.400) horas, para que la Inspectoría del Trabajo se pronunciara; lo que deja en evidencia el carácter patronal que han adquirido dichas instancias de mediación laboral y el abandono a su obligación legal de “proteger y facilitar el ejercicio de la libertad sindical, la organización autónoma de trabajadores y trabajadoras, el derecho a la negociación colectiva, y el ejercicio, por trabajadores y trabajadoras, del derecho a huelga dentro de la jurisdicción territorial que le corresponde” (LOTTT; artículo 507, Numeral 6). Pone esta actuación, en entredicho, la vigencia en la República Bolivariana de Venezuela, del derecho constitucional a la huelga, previsto en el 97 constitucional: “Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado tienen derecho a huelga, dentro de las condiciones que establezca la Ley.”

  El sindicato de galletera Carabobo, dirigido tenazmente por la camarada Adriana Miotta y su equipo: Livi Restrepo, Francisco Flores, Nancy García, Mary Travieso, Elba Arteaga, Yajaira Briceño y William Primera, requieren de la más amplia solidaridad de la clase obrera venezolana, ellas resumen, en su lucha, la necesidad histórica del restablecimiento del derecho a Huelga en la República Bolivariana de Venezuela. Más aún, cuando el tribunal 4to del trabajo del Estado Carabobo, acaba de fallar en contra del ejercicio de ese derecho fundamental para el conjunto de la clase obrera en la defensa de sus derechos laborales.

  El Expediente Rojo está colmado de conflictos en su mayor parte, en el sector público; hecho que revela, una confrontación tenaz entre la burocracia estatal apegada al prevalecimiento del Estado burgués y la clase obrera que lucha por abrir cauces verdaderos por el derrocamiento de su enemigo histórico: la burguesía. Cauces por los cuales, debe avanzar la idea Socialista.

  Contrasta ésta bien documentada información con la que le diera, en sendo acto público, el diputado y aspirante a ser ministro del trabajo, Osvaldo Vera, al camarada presidente Chávez, haciendo un balance de la aplicación de la nueva LOTTT: “En su disertación, Oswaldo Vera, integrante del Consejo Superior del Trabajo, hizo un breve balance de los beneficios de la Ley Orgánica del Trabajo, de las Trabajadores y los Trabajadoras  (LOTTT), y comenzó por evocar que el 10 de noviembre de 2011 en el mismo lugar donde este día se realizaba la jornada solicitaron a Chávez en su condición de Presidente, aprobarla vía Habilitante y la respuesta fue afirmativa. Luego primó el retorno de la retroactividad de las prestaciones sociales (secuestrada con la reforma de la ahora derogada LOT en 1997); el pago doble en caso de despido injustificado y la creación del Fondo de Prestaciones Sociales. También citó el bono  Petrorinoco y el segundo tramo del aumento salarial desde este 1 de septiembre, como otros beneficios laborales vigentes gracias a la gestión de Chávez como Jefe de Estado. Los inspectores e inspectoras sociales del Trabajo es otra nueva figura; la incorporación de tercerizados y tercerizadas; el derecho de los trabajadores informales a cotizar en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), fueron otras conquistas de la LOTTT mencionados por Vera. En medio del discurso celebró que la dirigente Eglée Sánchez es egresada de la Misión Robinson, como la mejor manera de ilustrar el derecho a la educación también reivindicado por Chávez.” (AVN, 03-09-2012). Valga decir, todo un país en que reina la paz laboral, un país que, como es obvio no es Venezuela. Un país que contrasta, con el país verdadero en que, se han desatado las violaciones masivas a los derechos socio laborales que ha conquistado la clase obrera a través de todas sus luchas…

Postdata: el Documento de la Únete puede leerse en el siguiente link: http://www.aporrea.org/trabajadores/a154755.html

 

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