Caracas, 16 Jul. ABN.- Una confabulación comandada por Estados Unidos para derribar a Hugo Chávez es la manera en que el periodista chileno Ernesto Carmona ve las críticas al venezolano por la no renovación de la licencia de funcionamiento de Radio Caracas Televisión (RCTV).
El periodista Wilfred Gadlha ofrece una entrevista que le hizo a Carmona en la que éste realiza un análisis sobre el manejo que los medios de comunicación venezolanos le ha dado a la no renovación de la concesión del canal privado perteneciente al grupo 1 Broadcasting Caracas (1BC).
A continuación, el texto de la entrevista publicado en el portal rebelion.org el pasado 12 de julio:
Una confabulación comandada por los Estados Unidos (EEUU) para derribar a Hugo Chávez. Es la manera en que el periodista chileno Ernesto Carmona ve las críticas al venezolano por la no renovación de la licencia de funcionamiento de Radio Caracas Televisión (RCTV), en mayo. El secretario ejecutivo de la Comisión de Investigaciones de Atentados a Periodistas (CIAP) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) dijo en entrevista por e-mail que Brasil debería acordarse del golpe de 1964: 'Los golpes siempre van acompañados de campañas de propaganda. Ayer, contra 'el comunismo', hoy por 'la libertad de expresión'.
1. La decisión de Hugo Chávez de no renovar la licencia de funcionamiento de RCTV ha repercutido en el mundo. ¿Cómo analizas tú este episodio?
-Esta historia es como la 'crónica de una muerte anunciada' porque Chávez advirtió hace varios meses que su Gobierno no renovaría la licencia de Radio Caracas Televisión (RCTV), expirada en mayo y concesionada al grupo 1BC, cuyos principales propietarios son las familias Phelps y Granier. Si la decisión ha 'repercutido en todo el mundo' se debe a que EEUU y muchos dueños de medios como los Phelps y los Granier de Venezuela, incluida la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), han servido de caja de resonancia para hacer 'repercutir' un simple acto administrativo de un Estado soberano en 'otra violación a la libertad de expresión de la dictadura de Chávez'.
A fin de cuentas, todos los dueños de grandes medios de América Latina y del mundo, desde Silvio Berlusconi en Italia a Granier en Venezuela, son personas como Marcel Granier, que comparten su ansiedad por convertir el poder mediático en poder político, émulos del legendario Ciudadano Kane, del film de Orson Wells. Para esos dueños de grandes medios, la libertad de información es sólo el privilegio que les otorgan el dinero y la libertad de empresa para mantener sus imperios periodísticos sin que nadie los haya elegido para esa importante tarea social. Por otra parte, desde que asumió Chávez, en 1998, en Venezuela hubo unas diez elecciones que lo han legitimado y ratificado, pero también ocurrió un golpe de Estado orquestado por EEUU en 2001, en el que jugaron un importante rol las televisoras RCTV y Venevisión, de Gustavo Cisneros esta última, e incluso participaron en el breve Gobierno del dictador Pedro Carmona. Desde entonces, en Venezuela hubo diferentes campañas para desestabilizar al Gobierno, desde la huelga petrolera de 2002, a la llamada 'guarimba' (desórdenes públicos reiterados) de 2004, la introducción de más de 100 paramilitares colombianos (capturados) para asesinar a Chávez en 2004, los sabotajes petroleros de 2005, etcétera, y ahora llegó el turno de convertir la no renovación de la licencia RCTV en un conflicto mundial de 'la libertad de expresión'. Ése es el discurso de EEUU y eso es lo que dijo Condoleezza Rice en la Organización de Estados Americanos (OEA). Es algo más que la solidaridad entre grandes propietarios de grandes medios: es una confabulación mediática y política de gran envergadura para desestabilizar a un Gobierno democráticamente elegido, como sólo sabe hacerlo EEUU en la región, algo que en Brasil deberían recordar muy bien por la caída de Joao Goulart en 1974. Los golpes de Estado siempre van acompañados de campañas de propaganda, ayer contra 'el comunismo', hoy por la 'libertad de empresa', 'la libertad de expresión', 'la libertad de mercado', mientras la propiedad de los medios de comunicación está cada vez más concentrada, en muy reducidas personas.
2. En un artículo tú relacionas una serie de “cancelación de concesiones” en el mundo entero. ¿En qué se parece el caso venezolano con estas medidas en otros países? ¿Los motivos son distintos de los venezolanos?
En Venezuela no hubo 'cancelación de concesiones', no se canceló ninguna concesión. Y ciertas personalidades, a quienes no les agrada que desaparezca RCTV —al igual que a EEUU—, han reconocido que la decisión de no renovar la concesión es democrática y ajustada al derecho soberano del sistema jurídico de Venezuela. Entre esas personalidades están el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y el secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza. Cada Estado, desde Venezuela a EEUU, tiene su legislación soberana para regular sus comunicaciones internas y reglamentar las concesiones del espectro radioeléctrico, que en todos los países es un bien público nacional.
En Venezuela simplemente no se renovó una concesión que expiró el último domingo de mayo pasado. En el otorgamiento y la renovación de cualquier concesión, sea de televisión o de explotación de petróleo, extracción minera, gas natural, etc., intervienen factores políticos. Prácticamente en todos los países —excepto Venezuela— las autoridades radioeléctricas y los empresarios del sector persiguen a las estaciones de radio y televisión comunitaria. A ningún ciudadano pobre le darían una concesión de frecuencia nacional para transmitir televisión en Chile o en Brasil, donde sí han podido obtenerlas, arrendarlas o “comprarlas” personas como el candidato presidencial permanente Sebastián Piñera, multimillonario chileno —dueño de LAN Chile— que emula al italiano Berlusconi, o el fallecido magnate brasileño Roberto Marinho, fundador de O'Globo; y los venezolanos Cisneros, Phelps, Granier y otros. Ojalá todos los países pudieran entregar esas concesiones, que son bienes públicos, de una forma más democrática, con participación del electorado y de manera verdaderamente representativa, por lo menos proporcional a las fuerzas políticas y corrientes de opinión que existan en cada país, tengan o no representación parlamentaria. Existen cientos de ejemplos de concesiones que no fueron renovadas en todo el mundo sin que haya existido 'repercusión'. Sólo en EEUU, desde que se fundara la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), en 1934, se han producido unas 150 no renovaciones y caducaciones de concesión, unas más memorables que otras, como la que afectó a una filial de la cadena Fox en 1968 que mandaba los videotape con un ciclista desde Tijuana, México, a San Diego, EEUU, para eludir —por la vía de un viaje diario en bicicleta de los videotapes— la legislación sobre emisiones de TV desde el extranjero, que siempre resultan más baratas que desde el territorio propio. Existe un trabajo muy documentado del abogado estadounidense J.David Carracedo sobre radio y televisión en 21 países, incluidos EEUU y los miembros de la Unión Europea (www.diagonalperiodico.net), quien expuso el caso Fox-Tijuana-San Diego en el V Encuentro de Artistas e Intelectuales en Defensa de la Humanidad, Cochabamba, Bolivia, Mayo 2007.
3. Hay muchas críticas a la manera como Chávez se relaciona con los medios de comunicación. En tu opinión, ¿Cómo podrían ser estas relaciones?
Pienso que los medios de comunicación de Venezuela deberían retirarse definitivamente de la política, abandonar su permanente guerrilla de factura político-mediática, y simplemente dedicarse de nuevo a ofrecer noticias veraces y oportunas y al entretenimiento sano, como en sus orígenes, informando con seriedad, imparcialidad, ecuanimidad, objetividad y responsabilidad social, tal como hoy lo hacen solamente dos periódicos, Ultimas Noticias, de la Cadena Capriles, y Panorama, de Maracaibo. Por cumplir esa norma elemental del periodismo, esos dos diarios gozan de la mayor circulación.
Las estaciones de televisión de la familia Phelps-Granier y Gustavo Cisneros, y los diarios de los Otero (El Nacional) y Núñez (El Universal), entre muchos otros, coadyuvaron a destruir el antiguo sistema político venezolano de corrupción desenfrenada, aquello que hoy los nostálgicos deben recordar como “nuestro sistema democrático perdido”, pero en esta tarea también destruyeron sistemáticamente a los partidos políticos tradicionales —y todo esto ocurrió a fines de los ’80, mucho antes de que Chávez apareciera en la escena política venezolana— y trataron de usurpar y desempeñar ellos mismos —los diarios y las estaciones de televisión— el rol que cualquier sociedad le asigna a los partidos políticos. Pareciera que con los años, a esos dueños de medios se les pegó el gusto por el poder y la política que no quieren abandonar, pero la verdad es que tuvieron su oportunidad y fracasaron. Más bien ellos son los responsables del principio del fin de los dos grandes partidos tradicionales de Venezuela (el partido socialdemócrata Acción Democrática y el partido Socialcristiano Copei). En última instancia, la politización de esos medios coadyuvó a crear la situación de crisis que alumbró la insurgencia del fenómeno Chávez en la historia política de Venezuela.
4. Tú dices en un artículo que la campaña contra Chávez es patrocinada por agencias americanas, como la Agencia Central de Inteligencia (CIA). ¿Esto es golpismo?
Bueno, desde luego. Ya estados Unidos y la CIA fracasaron —el 11 de abril de 2002— en la articulación de un golpe de Estado que instaló en Venezuela a un Gobierno que apenas duró unas 30 horas. Ése fue un tremendo fracaso y un gran ridículo para el mismo país que derribó a Jacobo Arbenz, en la Guatemala de 1952; a Joao Goulart, en el Brasil de 1964; o a Salvador Allende, en el Chile de 1973, sólo para nombrar a unos pocos gobiernos legítimos derrocados por golpes promovidos, financiados y organizados por la Casa Blanca.
5. La TV pública ¿Es la salida para la democratización de los medios de comunicación o una tentación para los políticos con tendencias totalitarias?
Hay países civilizados donde la TV pública es plural, creíble y de excelente calidad. Por ejemplo Suecia e incluso la BBC del Reino Unido. Así como cualquier país tiene soberanía para otorgarse un sistema político, con una Constitución, Parlamento, etcétera, debiera debatirse democráticamente el modelo de televisión que desean los ciudadanos —”la televisión que queremos”— en vez de la esclavitud permanente —y sin esperanzas— al “lavado de cerebro totalitario” impuesto por unos 10 mega grupos mediáticos que dominan en EEUU y su “área de influencia” latinoamericana, y otros tantos que controlan el resto del mundo. No es el poder del dinero, sino los ciudadanos quienes deberían definir y elegir su televisión pública e incluso privada, que debe estar regulada. Es inaceptable que un individuo como el mexicano estadounidense Ángel González se haya apropiado de todos los canales de televisión abierta de Guatemala —cuatro estaciones— y tenga dos estaciones de televisión abierta de alcance nacional en el Chile de Michelle Bachelet —Canal 2, ex Rock and Pop, y Canal 4, La Red—. Pero nadie dice nada y el Consejo Nacional de Televisión, que debe hacer cumplir la ley, hace la vista gorda. La ley chilena dice que un extranjero puede tener un sólo canal de televisión, no dos.
Teóricamente, el espectro por donde circulan las señales inalámbricas de los medios electrónicos —radio y televisión— es un bien público, sometido a regulaciones internacionales y locales. Pero en escasos países existe preocupación y legislación que proteja de los abusos de la televisión. En nuestros países la TV está dominada por la ignorancia y la pobreza de lenguaje, asociadas a la chabacanería, lo peor de la farándula y el mal gusto, junto con el culto al dinero fácil, el fomento de las drogas, la propaganda directa de la prostitución —como lo hacía RCTV en horario nocturno— y el culto permanente de la “viveza” y la violencia. ¿En qué países hay leyes que defiendan a los jóvenes y a los niños de la televisión? ¿Con qué derecho esas estaciones convierten en valores los contra valores que existen en las cabezas ramplonas de sus dueños y productores para inocularlos impunemente en las mentes de televidentes indefensos? ¿Quién los eligió para eso?
En Venezuela, más bien, se ha puesto en marcha una saludable democratización del espectro radioeléctrico, al reasignar la frecuencia que por más de 50 años explotó la familia Phelps-Granier a una estación de servicio público, la Televisora Venezolana Social (TVes), con la promesa de una programación diversa y una publicidad más ética y menos comprometida con el consumismo. La televisión de servicio público está propuesta en la Constitución Nacional.
Ahora que en América Latina se está definiendo cómo se normará el nuevo negocio de la tecnología digital aplicada a la televisión, en cualquier país como Chile se presenta la oportunidad de refundar y democratizar la televisión abierta como un bien público de todos los ciudadanos, donde el medio no sea un privilegio exclusivo de los grupos económicos nacionales y extranjeros que actualmente detentan el control de la televisión. Una discusión democrática sobre el futuro de la televisión abierta bajo la tecnología digital es mucho más relevante que la elección del estándar europeo, japonés o estadounidense, y que la decisión soberana de un Gobierno de no renovar la concesión a un grupo local que ya usufructuó del negocio por más de medio siglo.
Por ejemplo, los dueños chilenos de la televisión ya eligieron el estándar norteamericano de alta definición y mil 50 líneas con el pretexto de preservar la calidad de la imagen, pero en realidad no quieren que otros protagonistas ingresen a este negocio que factura 500 millones de dólares anuales en publicidad, debido a que la nueva tecnología permite hasta cinco estaciones de 525 líneas cada una, tal como son las actuales, por cada espacio de banda ocupado por Canal 12, Canal 2, Canal 4, etcétera. Es decir, en vez de un sólo canal, los dueños de la televisión chilena aspiran a quedarse con cinco o a quedarse con todo. Y ése es más o menos el cuadro en el resto de los países. Los ciudadanos tienen que impedir que el cambio tecnológico se haga entre gallos y a medianoche. Debe haber un debate democrático. Es una oportunidad para democratizar e incluso refundar la televisión y dar cabida a todos los sectores de la sociedad, incluida la televisión comunitaria.
6. En tu opinión, ¿A dónde quiere llegar Chávez?
Con la legitimidad que le han dado las urnas, pienso que Chávez se propone construir una ciudad más justa, mejorando la distribución interna del ingreso y elevando la calidad de vida de su pueblo a través de extraordinarios aumentos del gasto público en salud, educación, vivienda, infraestructura, etcétera, que se viene registrando en ese país, en virtud de una adecuada reorientación del ingreso que básicamente se debe al petróleo. Es decir, hoy se gastan de manera diferente los mismos dineros provenientes de los hidrocarburos que antes beneficiaron exclusivamente a las transnacionales petroleras y a dos estamentos corruptos de la cúpula social —la clase política y la clase empresarial— que se asociaron estrechamente para robarse la renta petrolera durante más de 40 años, hasta que hundieron a ese gran país en la hecatombe de su pueblo, con grandes sacrificios colectivos de vidas humanas de manera frontal y directa, como las matanzas urbanas de febrero de 1989 y, de manera encubierta y también sistemática, con la agudización de la pobreza, el “despelote” general, la ineficiencia del Estado y la corrupción sin freno. Todo eso creó las condiciones que hicieron emerger a Chávez. Ahora esos enormes recursos financieros provenientes del petróleo se gastan en beneficio de un pueblo. Así de simple.
