29-03-15.-Los recientes fallos de organismos multilaterales de comercio, como es el caso del Ciadi, buscarían presentar a Venezuela como un país insolvente y con muchas deudas por pagar, de acuerdo con la interpretación que hace el viceprocurador General de la República, Reinaldo Muñoz.

“Hoy estamos arreciando nuestras defensas en contra de los juicios internacionales”, señala Muñoz, en entrevista con el Correo del Orinoco. En su criterio, estas acciones forman parte “de un entramado jurídico alrededor de la economía venezolana en el que se aceleran esos juicios que teníamos afuera para que, en un corto periodo, salgan muchas sentencias de manera de dar esa sensación del Estado quebrado, que tiene muchas deudas”.

Estas medidas intentan hacer ver a Venezuela como un país con poca solvencia, alega. “Es una gran red de circunstancias que van creando las condiciones a través de la ley, con demandas internacionales contra empresas venezolanas, contra la propia República”.

“Hemos logrado que esos montos bajen y disminuir un poco la presión, pero seguramente en el transcurso del tiempo, una vez que Estados Unidos y sus aliados sientan que el pueblo venezolano apoya al proceso bolivariano seguramente buscarán arreciar la guerra económica”, advierte.

El abogado asume que estas instancias adscritas a la Organización Mundial de Comercio, son de corte neoliberal y que en algún momento funcionaban para limitar el poder del Estado frente al pequeño empresario, aunque en un contexto de globalización su única misión es proteger los intereses de multinacionales sin otro criterio que no sea el mercantil.

ESTADOS, GLOBALIZACIÓN Y CORPORACIONES

Al ir a esos juicios en tribunales de comercio creados para proteger las empresas, Venezuela constata que está atrapada en esa red de la Organización Mundial de Comercio en la que privilegiarían únicamente el tema mercantil y comercial.

“Los últimos fallos que han salido nos han sido favorables en cuanto a la determinación de los montos; las empresas establecen montos exagerados para ajustarlos con ese tribunal”, dijo.

“En esa estrategia para amarrar a los Estados al contexto neoliberal de decisiones jurídicas”, explica, “no existe la voluntad de ajustar el derecho de las personas (del ser humano) a esas leyes”, sentencia.

“En la actualidad llevamos muchos casos; el principal frente es el de la defensa patrimonial. Esas demandas abarcan el tema funcionarial, donde se reclaman arreglos. La mayor proporción de los casos son laborales”, expresa-

Hay “22 casos arbitrales ante el Ciadi. Unos de vieja data, como Bandagro, el que se dispersó en muchos casos pequeños por haber sido una gran estafa. También Tidewater, Owens Illinois y, más recientemente, Clorox”.

DECRETO DE OBAMA

La solicitud de derogatoria del decreto del mandatario estadounidense, Barack Obama, que califica a Venezuela como una amenaza para Estados Unidos es necesaria, pues “le abre una gama de posibilidades de sanciones al Congreso norteamericano que le permitirían justificar un bloqueo económico; sanciones individuales, a capitales, a empresas venezolanas. Inclusive, a organizaciones que apoyen a Venezuela o un alto funcionario”.

Muñoz apoya el documento que será entregado al Presidente de Estados Unidos. “El peligro que representa esa ley es que deja la mesa servida para que Estados Unidos intervenga en Venezuela, bien sea mediante un bloqueo económico, medidas financieras o, incluso, una intervención militar”, advierte Muñoz.

“La solicitud de derogatoria, como la ley habilitante, son parte de los esfuerzos que Venezuela intenta para minimizar los efectos negativos de esas acciones injerencistas que representan violación de la soberanía, intervención política y económica”, señaló.

El escenario en el que unilateralmente el Gobierno de un país actúa contra otra condujo a que, en la Procuraduría, se trabajara por “construir un muro de contención” desde el punto de vista jurídico que blinde las decisiones del Ejecutivo Nacional en este periodo especial.

LEY HABILITANTE

Para Muñoz, Venezuela es víctima de un ataque por parte del gobierno de EEUU en los planos económico y diplomático, y los efectos de esta acción ponen en riesgo activos nacionales en el extranjero.

La ley habilitante se solicitó ante la nueva circunstancia de hecho promovida por EEUU, evalúa el funcionario, porque -en su criterio- la legislación carecía de los instrumentos que protegieran fundamentos de la República. De acuerdo con su análisis, no existían los elementos como para que el Presidente pudiera decir “aplíquense estas leyes para poder evitar los ataques de EEUU”.

El viceprocurador destaca el trabajo mancomunado que requirió la habilitante, en el que se involucraron los poderes y se hicieron consultas a instituciones y especialistas.

Muñoz acota que, el entramado legal empleado por EEUU para intervenir en los países, siempre busca una argumentación económica. Eso implica “bloquear, frenar económicamente que se justifique una intervención”, con la tesis de un Estado presuntamente incompetente y forajido.

La jurisprudencia inmediata la representan los alegatos que se interpusieron ante el Tribunal Supremo de Justicia. En su opinión, el decreto tiene dos caras: una, la supuesta defensa de los derechos humanos, a la que le “dan formalidad de ley para crear la sensación de seriedad”. Esto, señala, es parte de un entramado legal, acompañado de la maquinaria comunicacional destinada a imponer en la opinión pública la visión de la importancia del tema, paso previo -agrega- para lanzar la otra cara de la moneda, que es causar efectos materiales que hasta ahora son de tipo económico.

El funcionario enfatiza que, cuando se revisa la argumentación, el decreto está fundamentado en supuestos falsos e inexistentes, extraídos de medios de comunicación, lo que representa -insiste- una aberración desde el punto de vista jurídico y violenta el debido proceso a los indiciados en supuesta violación de derechos humanos.

“Por orden del Presidente de la República nos aprestamos a demostrar al Tribunal Supremo de Justicia la ausencia de marco jurídico para defender los principios abstractos de la República”, señala.

CRÍTICAS

El viceprocurador refiere que no es común que haya un apoyo a la intervención e injerencia en tema nacionales y apunta que, en una situación como esta, hasta las personas que políticamente se oponen al Ejecutivo contribuyen a la defensa de su país. Pero “en vez de eso se ha intentado hacer ver como si afectara solo a siete personas, lo que es una completa locura. Se trata de tapar el sol con un dedo”, dijo.

Cuestiona el hecho de que “no hubo esa crítica clara a la actuación de los Estados Unidos. No es una organización internacional, no es una organización de paz o un organismo multilateral quien nos agrede; es un país que unilateralmente agrede a Venezuela”.

“La ley habilitante debió apoyarse aún teniendo diferencias; eso es lo que lógicamente se espera”, razona, y al algunos diputados no respaldarla queda claro -en su opinión- que la intención es “sabotear acciones del Gobierno o de cualquiera de los poderes para contrarrestar la agresión”.

Argumentar la inconstitucionalidad de la ley habilitante es un exabrupto jurídico, estima el funcionario. “No hay forma de que una ley habilitante no toque la Constitución”.

En cuanto a la posición estadounidense, advierte que el declarar una emergencia nacional tiene una vinculación con otra norma de los años 70 del siglo XX que usaron como pretexto para invadir países como Nicaragua o Irak.