Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Según pudo conocerse a través de esta noticia, la Universidad de Los Andes, a través de su Vicerrectorado Académico, realizó la presentación de una alianza entre dicha universidad nacional y la empresa de software privativo Microsoft. Según reseña dicho artículo la presentación realizada en fecha reciente (el pasado 26 de abril) por parte de la empresa Microsoft a las autoridades de la Universidad de Los Andes, contempla la firma posterior de un acuerdo de cooperación entre ambas partes con un alcance mucho mayor que incluye la adquisición de licencias por uso de software comercializado por la citada empresa.

Frente a este hecho, los abajo firmantes presentamos ante la comunidad una carta protesta con la expectativa de servir de elemento y argumento para que las instituciones con competencia en el área tomen las medidas necesarias para impedir que dichos acuerdos se establezcan entre instituciones educativas del país y empresas comercializadoras de software privativo.

Es importante comprender que la propuesta de firma de un convenio entre una Universidad Nacional y una corporación comercializadora de software privativo no es un hecho aislado en nuestro país. Todo ello a pesar de los argumentos legales que permiten calificarlo como ilegal, ilegítimo y contrario al respeto de principios y derechos básicos garantizados en nuestra Constitución, los cuales expondremos a continuación.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reconoce el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en función de que ellos son instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Esta preámbulo es menester tenerlo en cuenta en función de que el mismo nos permite avalar el discurso del por que no usar Software privativo en las instituciones públicas venezolanas.

La misma Constitución también expone el tema de la seguridad y soberanía, elementos que mediante el uso de tecnologías privativas (aquellas que impiden a los que las adquieren “aprehender” y poder generar nuevos productos a partir de la tecnología originaria, condenando a los que las adquieren a una relación perenne de ser usuario sujeto a los caprichos del fabricante) difícilmente pueden ser alcanzados ya que no se tendrá el conocimiento adecuado para desarrollar y modificar las tecnologías que se estén adquiriendo.

Aunado a la constitución tenemos, también, los siguientes elementos legales alineados al uso, promoción del software libre:

• Decreto 3.390
• Gaceta Oficial Nro 39.109
• Gaceta Oficial 39.633

De igual manera, el Estado venezolano ha realizado cuantiosas inversiones en el área de software libre tales como el Proyecto Canaima Educativo el cual persigue dotar a los estudiantes Educación Básica con computadores en los cuales se ha instalado previamente Canaima Educativo una versión modificada de Canaima GNU/Linux la misma que se instala en los computadores que distribuyen a los ciudadanos venezolanos otras empresas del Estado como CANTV, VIT. Aunado a esto, recientemente, el Estado venezolano dictó la gaceta oficial 39.633 la cual obliga a toda la Administración Pública Nacional a utilizar la distribución Canaima GNU/Linux

Huelga entonces decir que, el Estado venezolano es el principal inversor e impulsor en materia TIC, lo cual le genera una necesidad evidente al momento de la contratación de servicios basados en Software Libre (en base al marco legal antes expuesto), necesidad que debe ser cubierta por los profesionales que egresan de nuestras universidades.

Por parte de quienes eluden las responsabilidades de las universidades en la construcción de prácticas sociales cónsonas con proyectos nación como la soberanía tecnológica, surgen dos argumentos evasivos del necesario cumplimiento por parte de las universidades de las normas y decretos dictados por el Ejecutivo Nacional,

1. Las Universidades no forman parte de la Administración Pública Nacional. El primero de los argumentos evasivos aduce que las universidades tienen una suerte de para-legalidad que les exime del cumplimiento de normas nacionales que contextualizan y enmarcan la realización de acuerdos de tenor tecnológico, entre otros, a fin de garantizar la plena preservación y cultivo del bien común. De este modo, las universidades nacionales se autolegitiman para contratar y generar servicios cuya contribución al bien colectivo es, cuando menos, cuestionable. De alguna forma, pareciera ser que el sentido de la autonomía universitaria ampara esta suerte de para-legalidad porque, de algún modo, se tiene el convencimiento, desde los sectores más reaccionarios de estos actores del sistema educativo nacional, que como conquista universitaria, la condición de autónomas les imprime a las universidades un carácter, casi, apolítico a su estructura y funcionamiento.
2. Las Universidades tienen un margen de acción política que escapa de todo cuestionamiento. Las decisiones que toman las universidades parecieran, según su discurso, estar sustentadas en su misma institucionalidad. En otras palabras, las universidades toman decisiones acertadas porque son universidades y la sociedad debe estar alerta a escuchar los pasos que las universidades dicten. Este es un argumento heredado de criterios y postulados de la modernidad donde la ciencia y sus métodos eran 'explicables' por si mismos.

En ese sentido, es importante puntualizar que tal y como está establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública (2001) en su Artículo 45, los ministerios, incluido entre éstos al Ministerio del Poder Popupar para la Educación Universitaria, son parte del cuerpo de Entes Superiores de la Administración Pública Central. Adicionalmente, el Decreto con rango de Ley para el Funcionamiento y Organización de la Administración Pública adscribe el Consejo Nacional de Universidades al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y a las distintas universidades a ese Ministerio, de tal suerte que todas las disposiciones generales dictadas por el Ejecutivo Nacional, salvo aquellas propias que limiten las leyes y reglamentos, son de obligatoria aplicación por parte de las Universidades Nacionales. Esto incluye los decretos y normas anteriormente indicados.

Aunque para la Real Academia del Idioma Española, una Universidad no es más que una:

Institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y que confiere los grados académicos correspondientes. Según las épocas y países puede comprender colegios, institutos, departamentos, centros de investigación, escuelas profesionales, etc.

En la práctica, resulta ser mucho más que lo que supone el mero desempeño institucional dedicado a la entrega de grados académicos o títulos. Las universidades tienen un referente social ineludible pues los estudios de cuya organización, impartición y funcionamiento se encargan como parte de sus tareas propias, deben tener una relevancia y pertinencia en el entorno sociocomunitario en el que ocurren. Pero además, desde hace no pocos años a las universidades se les ha relegado la tarea de formar masas críticas con cuanto ocurre en su entorno. O al menos, ésa ha sido una tarea delegada por la sociedad, entre otras, a las instituciones de educación universitaria, aunque la evidencia muestra que no ha sido asumida en su total dimensión.

Lo cierto es que las tareas de formación de masa crítica y de educación con pertinencia sociocomunitaria no son alcanzables si que desde esas mismas instituciones se asuma la corresponsabilidad en la tarea de defender el acceso libre al conocimiento. Y esto, por supuesto, implica un movimiento profundo y de modo transversal en prácticas, políticas, funciones y acciones dentro de las universidades, y por extensión trae cambios profundos en los paradigmas tradicionales que signan la relación aprendiz-docente.

La aspiración -legítima- de las universidades a aceptar su llamado -casi genuino y natural- a la universalidad, integralidad, inclusión e integración no es posible asumirla y cumplirla de un modo distinto a la comprensión de que todas sus acciones, todo su desempeño institucional debe aspirar también al cumplimiento y respeto de principios básicos de preservación y fomento del conocimiento libre. Esto abarca todo el quehacer de estos centros, desde el administrativo (con transparencia en gestión, información pública y utilización de aplicaciones informáticas diseñadas bajo paradigmas libres, por ejemplo), hasta el docente (sinceración de pensa y currícula de carreras, adecuación de pautas y paradigmas docentes a un proceso educativo NO bancario, por ejemplo).

De otro modo,las universidades no podrían cumplir con su papel articulador de las transformaciones sociales necesarias, junto a otras instituciones, sino que quedaría relegada a un segundo plano como entidades de gestión y trámites de títulos universitarios con poca o nula competencia y pertinencia social.

Tal y como reseña el CNTI en esta nota de prensa la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) ya está en condiciones de migrar los escritorios de sus funcionarios a la distribución Canaima GNU/Linux tal y como lo exige el Decreto 39.633. De las 460 estaciones de trabajo con que cuenta dicha instancia del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, un 20% ya se encuentra migrada al SO Debian, siendo una migración parcial realizada previa la publicación del decreto mencionado. La expectativa es que para finales del presente año culminen con la migración del 100% de las estaciones de trabajo.

En espacios universitarios todavía los éxitos de las migraciones han sido tímidos y poco consistentes, básicamente por debilidades en el apoyo y decisión interna para asumir los procesos de migración y por algunas carencias en capacidades propias de personal adiestrado para asumir el liderazgo y la gestión de tales procesos. Sin embargo, destacan experiencias exitosas como la decisión de La Universidad del Zulia (LUZ) de iniciar procesos de desarrollo y migración, previo vencimiento de las licencias adquiridas para uso de software propietario en el 2012. Esta información pudo conocerse a través de una nota oficial en la página institucional de LUZ, pero también a través del proyecto LOCTI entregado por esa casa de estudios para fortalecer sus programas de educación a distancia a través del uso de herramientas de software libre.

Un reciente comunicado del CNTI, que puede ser consultado desde este enlace, evidencia no solo el éxito de convocatorias a jornadas de sensibilización y divulgación de uso de software libre como el FLISOL en espacios universitarios, sino también el compromiso de ese centro, de la mano con las comunidades de software libre y grupos locales, para asesorar, apoyar e impulsar proyectos de migración de software libre en universidades.

Trabajos como los mencionados no serían posibles sin la participación desinteresada, voluntaria pero constante, de grupos locales y grupos de usuarios y desarrolladores que han venido interviniendo, desde hace más de una década, dentro de espacios universitarios en tareas de desarrollo, socialización, sensibilización y formación de capacidades propias para fortalecer el sector.

Por todo lo anterior, los abajo firmantes nos oponemos a cualquier convenio que realice la Universidad de Los Andes con corporaciones internacionales o empresas nacionales o locales vendedoras de licencias de software, y declaramos públicamente que el acuerdo de colaboración celebrado entre el Vicerrectorado Académico y Microsoft atenta en contra el cumplimiento de la normativa vigente en cuanto al uso obligatorio de Canaima GNU/Linux y aplicaciones de software libre en la Administración Pública Nacional y, además, irrespeta el principio de libertad al acceso al conocimiento consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Asimismo, como partícipes, representantes, activistas y colaboradores de Tecnologías Libres, nos ponemos a disposición del Vicerrectorado Académico para articular las acciones de desarrollo, alfabetización y sensibilización que sea necesario, a fin de acelerar el proceso de migración de la ULA a Software y Tecnologías Libres y de fortalecer el desarrollo propio de aplicaciones útiles y pertinentes para el desempeño de la ULA y sus actividades académicas y administrativas.

• Grupo de Usuarios de Software Libre de la ULA (gUsLA), http://www.coactivate.org/projects/gusla/project-home/
• Proyecto GNU de Venezuela http://gnu.org.ve
• Congreso Nacional de Software Libre http://cnsl.org.ve
• RadioÑú http://radiognu.org
• UDOLUG http://udolug.org
• Entre Hackers http://entrehackers.com
• CLUG http://clug.org.ve
• Mundo Accesible http://mundoaccesible.org.ve
• Activistas por el Software Libre (Mujeres y Software Libre) http://activistasxsl.org.ve
• Colectivo NodoLibre http://www.nodolibre.org/
• Fundación Indesoft http://www.indesoft.org.ve
• Fundación Foro Rebelde http://www.foro-rebelde.org.ve
• Colectivo (Unidad Rebelde Bolivariano)
• Comunidad Ubuntu Venezuela http://www.ubuntu.org.ve/
• Canaima Universitario http://universitario.canaima.net.ve/wiki

1. Joan Espinoza - V-7.9494.411 - Comunidad/Proyecto Nacional de Hardware Libre PingüinoVE
2. Juan Pablo Toledo - V-17.691.872 - Usuario de tecnologías libres
3. José Luis Regalado - V-12.579.866 - FLOSS developer.
4. María Angela Petrizzo Páez - V-11.461.579 - Usuario de software libre - Activista de Conocimiento Libre
5. Juan José Márquez V- 16.657.064 - Usuario de Software Libre - Miembro del Colectivo Canaima Universitario
6. Hector Colina - Activista comunidad Canaima
7. José Leonel Subero Gamarra - UNPLUG, CLUG, Entre Hackers, Plone Venezuela, UDOLUG, Activista comunidad Canaima
8. David Hernández - gUsLA - Activista de la Comunidad Ubuntu Venezuela
9. Eduard Lucena - V-17.034.840 - Activista de la Comunidad Ubuntu Venezuela
10. Wuilmer Bolivar - V-19.601.133 - Usuario de Software Libre y activista, Miembro de la Comunidad Ubuntu Venezuela (Ubuntu-ve), Ubuntu Members Internacional.
11. Yury Jajitzky - V-12.249.121 - Activista de la Comunidad Ubuntu Venezuela
12. Juan Vargas - V-15.971.196 - Activista de la Comunidad BolivarLUG
13. Karla Cocho - V-20.773.026 - Activista de la Comunidad BolivarLUG
14. Gloria Alvarez - V-13.266.408 - Usuario y activista, miembro de GUSL (Grupo de usuarios de SL, VeLUG capítulo Lara)
15. Nathalie Colina - V.15.385.840 - Usuario de Software Libre y activista, miembro de GULIP; ActivistasXSL y Proyecto GNU de Venezuela
16. Feijóo Jiménez - V-6.915.963 SOLVE (Software Libre Venezuela) - COLIBRIS (Conocimiento Libre y Socialismo)
17. Franklin García Mendoza - V-17.140.056 Coordinador de GULTAJS, Activista Comunidad Canaima
18. César Wilfredo Sevilla Mejia - V-17.362.285 - Miembro de Ubuntu Venezuela y Plug (Portuguesa Linux User Group).
19. Flamel J. Canto S. - V-16.445.336 - Usuario de Software Libre y activista, miembro de Comunidad CANAIMA, Plone Venezuela, Aregul - Mérida
20. Avelardo José Gavide Oliveros - V-10.887.604 - Usuario de tecnologías libres
21. Peter Blanco - v-16.218.422 Activista Comunidad Canaima
22. Omar Yépez - v-17.961.911 Desarrollador bajo el uso de herramientas libres.
23. Victor Romero - UNPLUG, CLUG, Entre Hackers, UDOLUG, Activista comunidad Canaima-Universitario
24. Maria A. Dugarte P. - Canaima Universitario.

• Alcaldía de Maracaibo
• Venezolana de Televisión y el uso de formatos privativos