Caracas, 04 Jul. AVN.- La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, enfrenta este domingo fuertes críticas a su gobierno por un permiso otorgado al gobierno de Estados Unidos para el ingreso 46 buques de guerra a esa nación, con el pretexto de enfrentar el narcotráfico, informó la agencia Prensa Latina.
Ante el temor y los cuestionamientos de diversos sectores sociales a la medida, la mandataria afirmó en su página de Facebook que su gobierno no pretende militarizar la lucha contra las drogas, sino que se trata de una "operación conjunta" de los servicios de guardacostas de ambas naciones.
La pasada semana la Asamblea Legislativa aprobó por 31 votos contra ocho otorgar un aval a la Casa Blanca que autoriza la entrada a aguas costarricenses de 46 embarcaciones, 200 helicópteros, siete mil hombres y 10 aviones de combate Harriet, desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de este año.
Sin embargo, la decisión del Congreso generó un inmediato rechazo de sectores sociales y de partidos de oposición, que calificaron la medida de ilegal y violatoria a la soberanía de Costa Rica.
"La presencia hasta diciembre de esa flota en la zona económica de las aguas del océano Pacífico y Mar Caribe costarricenses compromete severamente a este país, al tiempo que lo adhiere a la agenda de guerra de Washington y de paso convierte al territorio en un objetivo militar", advirtió la Comisión Nacional de Enlace del Movimiento Popular de Costa Rica.
El Movimiento Popular denunció que con el referido permiso, el gobierno de Laura Chinchilla se suma abiertamente al Plan Colombia y a la agenda de agresión y guerra contra la República Bolivariana de Venezuela y otros países suramericanos amenazados abiertamente por Estados Unidos.
Otros partidos opositores como el Acción Ciudadana, Frente Amplio y Unidad Social Cristiana, expresaron su rechazo a la decisión, tras argumentar que la fuerza destructiva de los barcos, helicópteros y marines es desproporcionada para enfrentar el flagelo de las drogas.
También calificaron la medida como una ocupación militar derivada de los compromisos adquiridos en el capítulo de seguridad del Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado por el ex presidente Oscar Arias (2006-2010), que ya había convertido a Costa Rica en un protectorado de la Casa Blanca.
