(Ginebra, Suiza. 12 de Junio de 2010) Durante la sesión de la Comisión de Normas de la 99º conferencia de la OIT representantes de gobiernos y organizaciones de trabajadores de más de 40 países dieron su apoyo a Venezuela y resaltaron el proceso de avances.

El Viceministro del Trabajo Elio Colmenarez, indicó durante su intervención ante la Comisión que “gracias a la política socialista del Gobierno, en medio de la crisis del capitalismo que vive el mundo actualmente, se han aplicado una serie de medidas que amplían y protegen los derechos de los trabajadores y como ejemplos mencionó la inamovilidad laboral, el incrementó el salario mínimo nacional año tras año; la igualación de las pensiones al salario mínimo nacional, la incorporación al sistema de pensiones a los pescadores y a trabajadores del campo, entre otras medidas de protección del empleo, además del rescate de las empresas quebradas por el capitalismo, y el contundente apoyo al campesinado para el rescate productivo de tierras acaparadas por el latifundio”.

Aunque los representantes de Fedecámaras nuevamente insisten este año en que Venezuela sea condenada y sancionada. Todos sus argumentos fueron rebatidos evidenciada la intención política de perjudicar al país. Los gobiernos de los 33 países que integran el Grupo Latinoamericano y del Caribe (Grulac), expresaron su apoyo a Venezuela, “manifestamos el apoyo al Gobierno Bolivariano en relación al caso de la Comisión, y esperamos que no se pase por alto los argumentos expuestos en defensa de este país que reflejan un claro avance en materia laboral y exhorta a la comisión ceñirse a sus funciones”. Igualmente los representantes Rusia, China, Bielorrusia, Vietnam, Argelia, Siria e Irán, manifestaron su adhesión a las declaraciones del Grulac, entre otros.

Por su parte importantes organizaciones de trabajadores del mundo como la CGTB de Brasil, la CGT y CTA de Argentina, la CTC de Cuba, la Federación Sindical Mundial, la PIT-CNT de Uruguay, la Unión Internacional de Sindicatos de la Construcción, la CNT de Paraguay, la Federación Magisterial de Nicaragua y representantes sindicales de Niger, entre otros, expresaron un contundente apoyo a Venezuela.

María Pimentel, representante de la CGTB de Brasil dijo “América Latina es única en estos momentos con tantos gobiernos progresistas, por primera vez los trabajadores estamos logrando muchas conquistas, con más democracia y mejores sueldos, Venezuela es una de los abanderados en el creciente valor de los trabajadores, uno de los más alto sueldos mínimo de América Latina, mientras que los países ricos están haciendo políticas en contra de la clase trabajadora, el único motivo por la que Venezuela sea cuestionada en esta comisión, es por presión política”.

Por otro lado Luc Cortebeeck, presidente del grupo de trabajadores dentro de la comisión de normas manifestó que “este era un caso de interés a ser examinado por los empleadores y no por el grupo de trabajadores”, seguidamente la delegada por los trabajadores de Venezuela, Marcela Máspero, manifestó el rechazo por parte de los trabajadores, a las acusaciones emitidas por Fedecámaras, y acotó que, “existe un proceso de consulta constante a la clase trabajadora en nuestro país, contamos con mesas técnicas para abordar los temas que nos preocupan, destacamos la discusión y homologación de contratos colectivos de importantes sectores del país, por primera vez los trabajadores participamos en la recuperación y gestión de las empresas, somos escuchados para la discusión de la Ley Orgánica del Trabajo, contamos con la solvencia laboral como instrumento que garantiza que los patronos respeten nuestros derechos y por ello apoyamos al Gobierno Revolucionario”.

Los representantes de Fedecámaras insistieron en revivir el diálogo de la Comisión Tripartita, detener la intervención estatal en la economía a través de los controles, la inamovilidad, solvencia laboral y las acciones antiempresariales del Indepabis. El representante de Fedeindustrias afirmó que sus agremiados no se sienten representados por Fedecámaras, organización que sistemáticamente ha impedido el derecho de participación de otras organizaciones empresariales y que no comparten conceptos emitidos por dicha organización.