Caracas, 26 jul (PL) Una acción desestabilizadora está en marcha en Venezuela precedida por una ofensiva de guerra psicológica y con ramificaciones financieras en Panamá y Colombia, según datos e informes de inteligencia divulgados hoy.
El ex vicepresidente venezolano José Vicente Rangel afirmó que la operación, detectada por un equipo multidisciplinario, está destinada a contener y revertir los procesos de transformación social en América.
Precisó que parte de los recursos para estas acciones son otorgados por una fundación en Venezuela bajo la fachada de importar juguetes desde Panamá y Colombia.
Agregó que la operación se realiza como indican los manuales de golpe de estado de los organismos de inteligencia de Estados Unidos y los recursos son manejados por empresas y fundaciones de dos banqueros venezolanos y empresarios del ramo de seguros.
Para financiar el plan se adquirió una empresa aseguradora en Panamá la cual es parte del mecanismo de transferencia de recursos para los sectores de oposición de Venezuela.
Rangel reveló que uno de los directores de la empresa subsidiaria es un ciudadano de origen árabe con una cédula de identidad venezolana falsa y nexos importantes con los organismos de inteligencia de Estados Unidos.
Apuntó que esa persona es una de las piezas conectadas con el estado occidental Zulia (fronterizo con Colombia) para facilitar el tráfico de armas hacia Venezuela.
Asimismo aseguró que fue confirmada la participación de empresas y una fundación vinculada a un banquero venezolano en aprietos en el manejo de dinero vía Panamá y Colombia.
En su programa televisivo dominical, Jose Vicente Hoy, Rangel indicó que se observa mediante los medios de comunicación de la oposición como se intensifica la campaña de desprestigio y desgaste social y político contra el presidente Hugo Chávez.
Precisó que se magnifican hechos delictivos, además de campañas sobre supuesto apoyo a la guerrilla colombiana y grupos extremistas islámicos, entre otros, como preparación psico-social para poner en marcha una agresión contra el orden constitucional.
La acción prevé la utilización de paramilitares traídos desde Colombia y centro América, así como policías de gobernaciones y alcaldías controladas por la oposición.
Según la investigación, un importante grupo de exfuncionarios de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) están entrenando paramilitares para generar terrorismo urbano de alto impacto psicológico.
