06 de enero 2009. - Cerca de 1.200 de ellos son peruanos y otros 500 colombianos, precisó la experta Amada Benavides de Pérez, del equipo de relatores de ese Grupo de Trabajo, en una entrevista que publica hoy el diario bogotano El Tiempo.
La experta, de nacionalidad colombiana observó que, en el caso de los peruanos, las contrataciones fueron realizadas por diferentes compañías con sede en Estados Unidos mediante filiales en Perú para que combatieran en Bagdad y Basora.
Entre las firmas contratistas están Triple Conopy, Gun Supply SAC, MVM Inc., Defion Internacional y 3D Global Solutions, señaló la jurista Benavides, que habló con el diario en Ginebra.
Según cifras no oficiales, "unos 500" colombianos "trabajan para los Estados Unidos en Irak", agregó la experta, que prepara con sus colegas del Grupo de Trabajo los principios de una propuesta de convención internacional de control en el empleo de mercenarios. La diplomática advirtió, además, de que los países latinoamericanos han entregado a empresas privadas más del 60 por ciento de la seguridad ciudadana.
Al detallar el caso de su país, la experta señaló que en Colombia están presentes "unas 25 empresas con aproximadamente 800 contratistas privados", todas ellas vinculadas con tareas del Plan Colombia, el programa contra los grupos armados ilegales y el narcotráfico puesto en marcha en 2001 y financiado por Estados Unidos.
Estas empresas "no se regulan por la ley colombiana, no están registradas en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, y están por fuera del control del Estado colombiano", alertó Benavides, quien indicó que los contratistas "poseen igual inmunidad que los diplomáticos de la embajada norteamericana". La relatora subrayó que estos contratistas tienen en Colombia bases propias y su número exacto y su identidad se desconocen.
En este contexto, mencionó el caso de los tres estadounidenses secuestrados por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en febrero de 2003 y rescatados el pasado julio en una operación militar encubierta junto con la franco-colombiana Íngrid Betancourt y con 11 efectivos de la fuerza pública de este país andino.
Además, dijo que su grupo tiene documentado que "algunos de estos contratistas han perpetrado delitos y violaciones de los derechos humanos que no han sido esclarecidos por el Gobierno colombiano, como violencias sexuales contra niñas (y) tráfico de armas y de drogas".
La relatora observó que en el país andino también están presentes otras empresas privadas extranjeras que operan al margen del Plan Colombia en actividades de protección a oleoductos o minas. Entre estas firmas, mencionó a un "grupo de ex oficiales israelíes contratados para ayudar en la inteligencia militar", dijo la experta de la ONU.
