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Caracas, 19 Sep. ABN.- Los autores de un extenso informe sobre derechos humanos en Venezuela son expulsados del país; tal acción se corresponde en una respuesta del gobierno nacional ante dicha agresión a la soberanía nacional.

El 18 de septiembre, la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) emitió un informe titulado “Una década de Chávez”, cuyo objetivo es cumplir con la misión tarifada de validar las acusaciones imperiales sobre los derechos humanos contra el gobierno bolivariano.

Tras la rueda de prensa que dieron en Caracas, José Miguel Vivanco, encargado para América Latina de la organización, y Daniel Wilkinson, responsable del informe, han sido expulsados de Venezuela por la Cancillería y por el Ministro del Interior y Justicia.

Como se les dio a conocer al conducirles al aeropuerto internacional de Maiquetía, no podrán regresar al país para replicar sus mentiras, al haber violado sus derechos legales como turistas, para violentar la soberanía nacional e insultar a las instituciones constitucionales de la República Bolivariana de Venezuela.

Un apéndice de la injerencia imperial

En un voluminoso libro de casi 300 páginas, la organización estadounidense pretende retratar una década de revolución bolivariana, bajo el “equilibrado” subtítulo de Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela. No obstante, se trata de un nuevo ejercicio orientado a atacar sin fundamento el proceso revolucionario, mediante la manipulación deliberada de la realidad y del propio derecho internacional. Con su divulgación, Human Rights Watch pone una vez más al descubierto que no es más que uno de tantos apéndices de la injerencia estadounidense, que opera bajo la mascarada de ONG.

Para replicar la eterna cantinela del gobierno de Bush, la supuesta organización independiente revisa y refuerza las acusaciones e infamias que a diario llenan los titulares de la prensa de oposición, así como los pronunciamientos y reportes de Washington.

En esta ocasión, las baterías se enfilan hacia la presunta discriminación política, la independencia de poderes, la libertad de expresión y los medios de comunicación y la libertad sindical. Para ello, la “ONG” traza un retrato deliberada y grotescamente desfigurado de la realidad nacional, pretendiendo acomodarla al guión impuesto por Washington y su agenda de intervención. Cabe destacar que la publicación del informe coincide con la expulsión de Venezuela del embajador norteamericano y, al igual que en ocasiones anteriores, es dado a conocer en vísperas de un nuevo proceso electoral.

Expulsión y regreso al comando central

Mediante un breve comunicado, el Gobierno ha informado en la noche del jueves a los responsables de la rueda de prensa su decisión de expulsarlos del país, luego de que agredieran a las instituciones de la democracia venezolana, inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos del país. La decisión, tomada en base a los valores constitucionales de defensa de la soberanía nacional y la dignidad del pueblo venezolano, incluye la prohibición de retorno para ambos personajes de la injerencia imperial.

Mediante un ajustado retrato de la realidad, la Cancillería y el Ministro del Interiror informaron a los sujetos que la medida se ajustaba a la política de Estado de defender a la nación de las 'agresiones de factores internacionales que responden a intereses vinculados y financiados por las agencias del gobierno de los Estados Unidos de América' – aunque actúen bajo la falsa mascarada de defensores de derechos humanos.

La distorsión deliberada de la realidad

Venezuela presenta en la actualidad uno de los récords de derechos humanos más impresionantes. Aunque queda mucho por hacer, la mayoría de las garantías de la Constitución de 1999 han sido implementadas, particularmente en relación con las necesidades fundamentales de los ciudadanos – como lo son el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, al trabajo y a la participación.

Como sucede con todas las organizaciones que comparten y defienden la visión capitalista, HRW omite toda referencia a estos progresos, desconociendo los informes internacionales que los certifican. Entre otros avales negados por la organización, destacan la certificación por parte del PNUD del progreso general y el logro adelantado en el cumplimiento de varias Metas del Milenio – de manera particular, la certificación de que la pobreza extrema disminuyó en un 54% respecto de 1998, y la disminución de la pobreza en general en un 34%.

Asimismo, HRW omite otras numerosas fuentes internacionales de derechos humanos, cuyos métodos de evaluación no responden a los intereses del gobierno, pero que sin embargo han certificado ampliamente los progresos logrados por el gobierno bolivariano.

Entre ellos, cabe destacar la declaratoria de Venezuela como territorio libre de analfabetismo por parte de la UNESCO; la evaluación positiva por parte de la Organización Mundial de la Salud del programa de salud primara Barrio Adentro; la certificación de los avances en materia de refugio por parte de la Agencia de las Naciones Unidas para el Refugio; el respaldo de la Organización de las Naciones para la Alimentación a las políticas en materia de seguridad y soberanía alimentarias; y el reconocimiento de los avances en materia de derechos de pueblos indígenas por parte del Comité de las Naciones Unidas contra la Discriminación Racial.

El cuento de la independencia de poderes

Entre otros señalamientos, HRW asegura que el gobierno de Chávez irrespeta el principio de la separación de poderes – específicamente, en relación con el Poder Judicial. La propia organización escribió en un reporte anterior que cuando Chávez llegó a la presidencia en 1999, heredó un poder judicial plagado por años de interferencias políticas y corrupción, que calificó de “en bancarrota” bajo la perspectiva de la credibilidad. No obstante, reconoció que bajo Chávez, el acceso a la justicia se había visto mejorado, gracias a la expansión de las cortes. También el Banco Mundial señaló que la reforma judicial había permitido progresos significativos, destacando que el Tribunal Supremo de Justicia era “más moderno y eficiente”.

Más recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en un reciente fallo que no hay indicio alguno de que el Poder Judicial carezca de independencia – el principal argumento político sobre el que se ha sustentado toda la estrategia de acoso a la República en materia judicial, y que se quedó huérfana de justificación por mandato del alto organismo interamericano. No obstante, HRW, que se califica a sí misma de organización de derechos humanos, parece no haberse enterado.

En materia de independencia electoral, las innumerables consultas electorales que han tenido lugar en el país han sido sistemáticamente calificadas de transparentes por observadores internacionales de toda la geografía mundial – incluyendo los de organismos como la Organización de Estados Americanos. Otra prueba incontrovertible de la vigorosidad de la independencia de poderes en la Venezuela bolivariana fue la derrota que la propuesta de reforma constitucional impulsada por el propio presidente sufrió en el referendo del pasado mes de diciembre – así como su escrupuloso reconocimiento por parte del mandatario.

La presunta discriminación política

La organización señala que la discriminación política es una de las “características principales” de la presidencia de Hugo Chávez. Considera correctamente que el golpe de 2002 contra el gobierno democrático fue el 'retroceso más dramático' de derechos humanos en la década pasada. No obstante, critica la condena que el propio Presidente Chávez ha realizado de su derrocamiento y califica sus opiniones de ejemplos de “discriminación política” contra la oposición.

Con la replicación de este lugar común de los sectores que se oponen al primer mandatario, la organización contradice sus declaraciones de años pasados, cuando reconoció ampliamente el derecho del Presidente y sus seguidores de responder al lenguaje desproporcionado de sus adversarios políticos. Asimismo, parece señalar que la forma de “respetar” los derechos de la oposición es mediante la negación del derecho de libre expresión del primer mandatario.

Por otra parte, la organización omite la promulgación de un Decreto presidencial que a finales del año pasado perdonó a los participantes del golpe de abril de 2002, así como del resto de intentonas orientadas a derrocar al gobierno democrático, que no hubieran incurrido en violaciones a derechos humanos. “Se trata de pasar la página”, señaló en esa ocasión Chávez. 'Queremos que haya un debate político e ideológico fuerte, pero pacífico.”

La cantinela de la libertad de expresión

Recogiendo una acusación ya consuetudinaria en los informes de organizaciones afines a los intereses del Departamento de Estado, HRW asegura que Chávez ha afectado el balance de los medios de comunicación a favor del gobierno, presionando a los medios opositores críticos. No obstante, al igual que durante el golpe de 2002 contra Chávez, la mayoría de medios de comunicación en Venezuela sigue bajo el dominio de sectores de oposición.

Los medios “antigubernamentales” a los que se refiere HRW siguen ostentando la mayoría de las frecuencias radioeléctricas, y la práctica totalidad de diarios nacionales siguen llenando los kioscos del país de titulares amarillistas y antigubernamentales. En la mayoría de los casos, sus coberturas siguen incluyendo un esfuerzo permanente de desestabilización de los procesos democráticos, en desmedro de los principios básicos de la comunicación periodística.

A su vez, la creación por el gobierno de nuevos canales de televisión de uso público responden a los objetivos de desarrollo de la oferta comunicacional, en base a los valores constitucionales. Su creación no ha evitado que los principales canales opositores sigan usando la frecuencia para atacar abiertamente al gobierno.

Por otra parte, en 10 años de gobierno, no ha habido en Venezuela un solo caso de censura ni de cierre de medios opositores. En el caso del canal privado RCTV, el gobierno, en ejercicio de una prerrogativa legal como administrador del espectro radioeléctrico, negó la solicitud de renovación de la concesión de uso de la frecuencia radioeléctrica, luego de que los dueños de ese medio abusaran de manera permanente de sus derechos.

Libertad de asociación sindical y de la sociedad civil
HRW asegura que el gobierno de Chávez ha violado la libertad de asociación de los trabajadores, buscando controlar la organización sindical. No obstante, en los últimos diez años se ha promovido activamente la formación de sindicatos y la contratación colectiva, y en modo alguno el sector ha sido cooptado. La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) fue fundada en abril 2003 por trabajadores que apoyan el proceso político impulsado por el gobierno, pero desde entonces han mantenido un liderazgo sindical independiente – como lo muestran sus múltiples pronunciamientos en conflictos laborales particulares.

Por otra parte, las falsas acusaciones que presentó por años la Central de Trabajadores de Venezuela la Organización Internacional del Trabajo fueron finalmente desechadas. En la actualidad, no reposan casos sustanciales contra el gobierno nacional en dicho organismo. A su vez, el líder principal de esa organización se encuentra fugado de la justicia, luego de haber liderado por años la campaña de desestabilización de la democracia y la economía nacionales.

Finalmente, HRW asegura que el gobierno de Chávez ha perseguido una política “agresiva” contra las organizaciones locales de derechos humanos y de la sociedad civil No obstante, bajo el gobierno de Chávez, las denuncias sobre derechos humanos se han vuelto pan diario en los medios de comunicación opositores.

Complementariamente, la organización popular y comunitaria con fines sociales ha conocido un crecimiento desconocido en la historia nacional. El gobierno ha promovido la creación de consejos comunales para promover la participación directa de la población en la gestión pública, asegurando una democratización inédita del poder público. La población tiene ahora la oportunidad de incorporarse así mismo a las dinámicas de contraloría social de las políticas públicas conocidas como misiones, así como a la gestión de los servicios básicos locales.

El Caballo de Troya

En los inicios de la confrontación política, Human Rights Watch (HRW) fue la organización internacional no gubernamental de derechos humanos que informó de manera más balanceada sobre la situación en Venezuela. En sus informes y comunicados, reconoció la actitud antidemocrática y desestabilizadora de la oposición y sus medios de desinformación, refutó las acusaciones sobre la presunta vulneración de la libertad de expresión, y destacó en múltiples ocasiones la vigencia de la democracia.

Abril 2002: HRW denunció el golpe pero avaló la dictadura
El 12 de abril, HRW divulgó un comunicado reconociendo 'el derrocamiento del presidente venezolano Hugo Chávez Frías' y la amenaza que representaba para 'los derechos humanos y el estado de derecho', y manifestó su preocupación por 'la posibilidad' de que Chávez no hubiera dejado el cargo voluntariamente.

La condena al golpe de Estado se vio matizada por medio del reconocimiento de las “autoridades de transición” y por la demanda de que las mismas “respetaran” las normas de derecho en sus acciones – extremo legal que no estaban en condiciones de cumplir, luego de que sus acciones hubieran barrido con la legalidad democrática en el país. De dicho comunicado se deduce que la organización no consideraba conculcado el Estado de Derecho; y que no condenó “rotundamente” el atentado contra el orden constitucional del país, como pretendió hacer ver posteriormente.

Cambio de seña

En 2003, HRW adelantó una enérgica campaña en contra de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y convalidó las falsas acusaciones sobre sus supuestas amenazas a la libertad de expresión. Además de basar su análisis en una abierta manipulación del derecho internacional vinculado a la responsabilidad de medios de comunicación en el ejercicio de sus derechos, su actuación se orientó por el desconocimiento del principio de separación de poderes, al hacer llamados al Presidente a intervenir en un proceso del que se encargó el Poder Legislativo.

Durante las acciones violentas de la oposición de febrero y marzo de 2004 (conocidas como “guarimbas”), HRW puso de nuevo en evidencia su parcialidad, al pronunciarse sin revisar el comportamiento violento de los manifestantes y los objetivos desestabilizadores de sus líderes, así como de los medios de comunicación opositores. Ese mismo año, con su “campaña” contra la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, HRW perdió completamente su pretendida condición de fungir de “observatorio de derechos humanos”, para convertirse en agente político de injerencia externa.

Campaña contra la Ley del TSJ: la agenda del departamento de Estado

En junio de 2004, HRW presentó un informe sobre la Ley del TSJ, en el que denunciaba la supuesta politización de la justicia y el supuesto poder de la nueva ley para “purgar y coptar” de adeptos el TSJ, a partir de argumentos desconocedores de los principios democráticos. Además de tergiversar completamente los contenidos de la ley y la realidad del Poder Judicial, el informe se orientó a promover la injerencia extranjera, al demandar la aplicación de la Carta Democrática y el bloqueo en las políticas de cooperación internacional por parte de las agencias multilaterales del capitalismo global.

En ocasión de esta campaña, la agencia estadounidense Stratfor, de tendencia imperialista y ultraderechista, reconoció que la estrategia parcializada de HRW respondía a la agenda del Departamento de Estado.

Para defenderse de las críticas, HRW afirmó ser uno de “los críticos más rigurosos de las políticas norteamericanas que afectan la protección de los derechos humanos”. Sin embargo, la organización nunca se ha pronunciado acerca del total sometimiento del Poder Judicial al Ejecutivo en esa república – incluido el nombramiento directo por parte del Presidente de los magistrados de la Corte Suprema y de las cortes federales, así como del Fiscal General y de los fiscales federales.