El debate que se suscitó entre los gobernantes de España y Venezuela durante la XVII Cumbre Iberoamericana, celebrada en Chile el pasado fin de semana, le recordó al mundo entero que el gobierno del ex presidente español, José María Aznar, fue cómplice del golpe de Estado de abril de 2002 contra el mandatario venezolano Hugo Chávez.

Durante la Cumbre, Chávez acusó a Aznar de "fascista" por haber participado en la estrategia golpista que lo alejó del poder por 47 horas.

Las palabras del gobernante suramericano irritaron a su homólogo español, José Luis Rodriguez Zapatero, e incluso, mostraron otra cara del rey Juan Carlos I de Borbón, quien mandó a callar al presidente venezolano.

Sin embargo, la complicidad española que Chávez denunció en la Cumbre fue comprobada el 1° de diciembre de 2004 por el canciller español, Miguel Ángel Moratinos, ante la comisión de asuntos exteriores de la Cámara baja del parlamento de ese país europeo.

En su discurso, Moratinos citó telegramas del embajador español en Venezuela para la época, Viturro de la Torre, dirigidos al Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que prueban que el Gobierno de Aznar estaba al tanto de que lo que estaba sucediendo en Venezuela era un golpe de Estado y no una transición democrática producida por un "vacío" de poder, tal y como pretendían justificar los civiles y militares que planearon la estrategia.

El Gobierno de Aznar insistió en calificarlo como "transición democrática" y nunca usó el calificativo de golpe de Estado, indicó Moratinos.

"Pero lo cierto es que (el gobierno) no utilizó esa calificación de golpe de Estado públicamente los días 12 y 13, ni en la Declaración Conjunta ni en la Declaración que hizo como Presidencia de turno de la Unión Europea (UE). El Gobierno anterior interpretó públicamente lo que estaba sucediendo en Venezuela, es decir, el golpe de Estado como un vacío de poder para que pudiese encajar en las previsiones del artículo 350 de la misma Constitución venezolana y transformar un golpe de Estado malo en un traspaso de poderes provisional bueno, dentro de los marcos legales constitucionales. Tras lo cual, el régimen golpista de Carmona podría ser reconocido internacionalmente", dijo Moratinos en aquella oportunidad.

Según el relato de Moratinos, De la Torre reportó el 9 de abril de 2002 -vía telegrama- el inminente golpe de Estado contra Chávez y recibió órdenes precisas de la Cancillería española de entrevistarse con el auto proclamado presidente venezolano, Pedro Carmona Estanga, a quien debía sugerirle no liberar inmediatamente a Hugo Chávez, preso en una isla al norte de Venezuela, sino respetar los "compromisos" rotos por el polémico decreto y así lograr que la Organización de Estados Americanos (OEA) reconociera al nuevo gobierno.

El 12 de abril de 2002, en horas de la tarde, Carmona, acompañado de militares, actores políticos y miembros prominentes de la Iglesia Católica, firmaron el llamado "Carmonazo" o Acta de Constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional, mediante el cual se disolvieron todos los poderes del Estado, proclamándolo como presidente del gobierno de transición.

"Los rumores de golpe de Estado militar y se ha confirmado presencia en Caracas del general Enrique Medina Gómez, destinado en Washington como representante de Venezuela en Comité militar (de la) OEA, que goza de gran prestigio entre Fuerzas Armadas y que, se dice, podría liderar golpe cívico militar en unión de Efraín Vázquez Velasco, Comandante del Ejército de Tierra", afirma el telegrama.

Las informaciones dadas por el ex embajador español en Venezuela a Aznar daban cuenta de la utilización de una movilización de civiles para poner los "muertos necesarios" para lograr la "intervención del Ejército".

"Estrategia (de la) oposición dirigida a conseguir (la) salida (del) Presidente Chávez a través (de la) presión (al) ejército, está dando, pues resultado. Confederación (de) trabajadores (de) Venezuela patronal aprovecharon conflicto (de) Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PeDeVeSA) para conseguir (la) movilización masiva (de la) población caraqueña, que por su parte puso ayer tarde (los) muertos necesarios para provocar (la) intervención (del) ejército, única fuerza en este país, frente a debilidad partidos políticos (de la) oposición, capaz de poner fin al Gobierno del Presidente Chávez", rezaba un telegrama del embajador español.

"El propio Presidente Aznar respondió a la llamada de Carmona (el 11 de abril), a pesar de saber que era un golpista, para aconsejarle en este mismo sentido", denunció Moratinos ante los diputados.

Intentos por legitimar el golpe

La adhesión incondicional del gobierno español a los criterios de Estados Unidos, promotor principal del golpe, llegó al paroxismo cuando emitieron una nota conjunta bajo el título "Declaración conjunta de los Estados Unidos de América y de España sobre la situación en Venezuela" el 12 de abril.

Sobre este punto, el canciller Moratinos explicó, en su intervención, la estrategia signada por el gobierno de Aznar para intentar conseguir la firma de esta Declaración Conjunta por parte de otros países, lo cual le daría legitimidad al gobierno de facto que se instauraba en Venezuela.

La nota, una vez que se da por consolidado el golpe y la expulsión del presidente constitucional, hace "un llamamiento para que cese la violencia y se recupere la tranquilidad ciudadana" como modo de aceptación del nuevo régimen golpista.

El mensaje estaba claro: aceptación del golpe militar y todos los esfuerzos para consolidar el nuevo régimen. "La situación de Venezuela con Chávez era insostenible", afirmó el ex ministro de Exteriores español y presidente de turno del Consejo Europeo, Josep Piqué, para justificar el golpe.

"La Carta Democrática Interamericana aprobada por la OEA el 11 de septiembre de 2001 en Lima, que España ha hecho suya, hacía imposible que los Estados miembros pudieran reconocer un Gobierno surgido de un golpe de Estado, haciendo imposible invocar la doctrina Estrada.

Si la junta provisional golpista quería ser reconocida por la OEA, tenía que argumentar jurídicamente que se había producido un traspaso de poderes constitucional y no un golpe de Estado", recordó Moratinos.

Entonces, España solicitó a varios países americanos y europeos sumarse a la Declaración Conjunta, pero cuatro se negaron.

"Además, cuatro países a los que se solicitó que sumasen su firma a la Declaración Conjunta, se negaron. Estamos hablando de México, Brasil, Argentina y Francia", argumentó Moratinos.

Vacío de Poder

Para poder legalizar el golpe de Estado en Venezuela, y según la Constitución de ese país (que no admite la figura del vacío de poder), Chávez tenía que renunciar y destituir a su vicepresidente, que asumiría el mando en ausencia del jefe del Estado. Si no existiese vicepresidente, el gobierno debe liderarlo el presidente de la Asamblea Nacional o en todo caso el vicepresidente de la misma.

En todo momento, los golpistas aseguraron tener una carta de renuncia rubricada por Chávez, donde además destituía al entonces vicepresidente de Venezuela, Diosdado Cabello. El documento, nunca apareció. Además, el presidente y vicepresidente del parlamento, se negaron en todo momento a dejar sus puestos.

"La junta cívico militar anunció que el Presidente Chávez había renunciado y que el Vicepresidente había abandonado su cargo. Sin embargo, no presentó documento alguno que lo probara. El Embajador Viturro envió la versión de los militares golpistas a Madrid sin contrastarla", añadió Moratinos.

De acuerdo con Moratinos, en una de las misivas de Viturro, éste destacaba que el golpe de Estado estaba sustentado en el artículo 350 de la Constitución venezolana, el cual reza: "El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contrarie los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos".

Para demostrar que Chávez y su Gobierno habían cometido crímenes de lesa humanidad, los conspiradores utilizaron francotiradores apostados en edificios cercanos a la marcha y provocaron una veintena de muertos, según un mensaje de Viturro leído por Moratinos.

"Ese mismo día 13 de abril, advierte que los tres francotiradores detenidos tras los asesinatos del jueves pertenecían a la Policía Metropolitana de Caracas, a la policía del municipio de Baruta y a la policía del municipio de Chacao, curiosamente todos ellos controlados por partidos opositores al Gobierno Chávez", añade Moratinos.

"Este Artículo 350 es clave, como acertadamente había informado antes el Embajador Viturro, porque la legitimidad de la junta cívico militar sólo podía sustentarse en él, para a continuación aplicar el artículo 233 y producir así una transición de poderes en el marco constitucional. Porque la Constitución de Venezuela de 1999 simplemente no contempla la posibilidad de un vacío de poder", expuso el jefe de la diplomacia española.

Más elementos de complicidad

A la par de todos estas pruebas presentadas por Moratinos hace tres años, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, también ha denunciado la existencia de una estrategia militar de invasión a su país, conocida como "Plan Balboa", que fue promovida por Estados Unidos y debatida en España durante el Gobierno de Aznar.

Chávez explicó que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) discutió el plan "Balboa" un año antes del golpe de Estado del 11 de abril de 2002.

El llamado "Plan Balboa", en honor al conquistador español Vasco Núñez de Balboa, nunca pudo ser activado pues los militares venezolanos "se abstuvieron de abrir fuego contra el Palacio de Miraflores o el Fuerte Tiuna" , por lo que falló el intento de "montar una guerra civil".

Además del Ejecutivo, otros sectores españoles expresaron "su agrado" frente a la toma golpista del poder por Pedro Carmona.

"Acogemos su nombramiento con agrado", afirmaron, luego del golpe a Europa Press, fuentes de la patronal española.

Una de las actuaciones que también puso en evidencia la participación del Gobierno de Aznar en el golpe de Estado contra Chávez fue la del ex canciller Josep Piqué, quien una vez repuesto el presidente venezolano, pidió la garantía de "la libertad de prensa".

Después de un golpe en el que se viola y destituye la Presidencia del país, la Constitución democrática, la Asamblea Legislativa, los 20 jueces del Tribunal Supremo, el fiscal general, el Defensor del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral sin crítica alguna por el gobierno español, al ministro de Asuntos Exteriores lo que le preocupó fue... "el respeto a la libertad de prensa".