Washington D.C., 31 de marzo de 2004

El Gobierno que preside Hugo Chávez Frías, ha tomado la decisión de denunciar ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), hechos que lesionan la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.

Vigentes aún –con más fuerza que ayer— principios fundamentales consagrados en la Carta de la OEA, referidos al respeto a la soberanía nacional, la independencia y la no-injerencia en asuntos internos de los países. Magnánima la providencia establecida en su Artículo 3, donde se proclama:

“Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados Americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de los sistemas políticos, económicos y sociales”.

A su vez, en el Artículo 19 de esta misma Carta se declara solemnemente:

“Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier país. El principio anterior excluye no solamente a la Fuerza Armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”.

El Gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías siempre ha actuado con absoluto apego a estos principios. Y exige igual comportamiento de todos los países que forman parte de esta organización.

El Gobierno Bolivariano denuncia responsablemente ante este foro, que el National Endowment for Democracy (NED) ha sido utilizado -y sigue siendo utilizado- por el Gobierno de los Estados Unidos, para apoyar actividades antidemocráticas de grupos de la oposición en Venezuela. Que de manera sistemática están avocados a crear un clima de inestabilidad política y propician el quebrantamiento de la institucionalidad democrática en el país. Acciones dirigidas a alcanzar un fin último: el derrocamiento del Presidente Constitucional de Venezuela, Hugo Chávez Frías.

América Latina vive un nuevo ciclo histórico. Han fracasado las políticas neoliberales aplicadas a la región, que han generado marcados índices de pobreza, hambre y miseria por doquier. Ha colapsado un modelo basado en el egoísmo y la irracionalidad. Cambios profundos en nuestras sociedades se plantean como una necesidad impostergable.

El Gobierno venezolano impulsa un proyecto de Nación, inspirado en las aspiraciones y sueños de todos los sectores sociales, que estén dispuestos a participar en la construcción de una sociedad justa e igualitaria. De allí su empeño en reivindicar las demandas de los sectores que integran la mayoría del universo social.

La revolución Bolivariana tiene carácter pacífico y democrático, pero es adversada irracionalmente por sectores minoritarios que, aliados con intereses internacionales, temen perder sus inmorales privilegios. Aferrados al predominio que ostentaban desde tiempos coloniales, han reaccionado con odio y retaliación.

Venezuela es un país pluralista. Nuestra Carta Magna ofrece las garantías para el disentimiento. Todo venezolano, cualquiera que sea su creencia política, cultural o religiosa, tiene derecho a expresarse. El Gobierno del Presidente Chávez ha respetado siempre a la oposición. Ha garantizado el ejercicio pleno de los derechos constitucionales. La disidencia y la protesta son bienvenidas y pueden ser ejercidas sin cortapisas, siempre y cuando se expresen en el marco de las leyes.

Venezuela necesita una oposición democrática, civilizada y sensible al drama social que nos embarga. Desafortunadamente, ha estado influida por sectores antidemocráticos. Por eso intentó derrocar al Gobierno mediante un golpe de Estado, el 11 y 12 de abril del 2002, y lanzó un sabotaje petrolero que causó pérdidas a la nación por más de 10 mil millones de dólares.

El Golpe amalgamó a la élite empresarial, agrupada en Fedecámaras; a los viejos y nuevos partidos, asociados al ancient regime y a los principales medios de comunicación. Su propósito era restaurar seculares privilegios. Fue posible, porque esos sectores contaron con la anuencia de importantes factores en Estados Unidos. De manera especial, de personalidades del Departamento de Estado y del National Endowment for Democracy (NED).

Los golpistas levantaron armas contra el orden jurídico venezolano. Se opusieron violentamente a reformas legislativas orientadas a reivindicar la dignidad de todos los venezolanos y, de manera especial, de los pobres y excluidos de siempre.

La clase política y la élite empresarial golpistas pretendían vender la empresa petrolera nacional a precios irrisorios a las multinacionales. El Presidente Hugo Chávez, haciendo uso de sus facultades constitucionales, frustró sus despropósitos. No fue casual que una de las primeras medidas anunciadas por los golpistas, fuera la salida de Venezuela de la OPEP.

La resistencia a los cambios democráticos generó el golpe de Estado. El pueblo venezolano reaccionó contra los golpistas y, en unión con la Fuerza Armada constitucionalista y democrática, repuso al Presidente Chávez en el ejercicio de sus funciones legítimas. Millones de venezolanos se movilizaron y, de manera pacífica, rescataron la democracia.

El Golpe fue apoyado desde el exterior. De no ser así, los golpistas no hubieran lanzado su aventura. Funcionarios del Departamento de Estado y de la Misión Permanente de Estados Unidos ante la OEA realizaron, el viernes 12 de abril del 2002, tanto en el seno de esta organización, como ante el cuerpo diplomático de los países Latinoamericanos y Caribeños acreditados en Washington, un intenso lobby destinado a justificar el golpe de Estado en Venezuela. De esto, muchos de los que están aquí son testigos. Mientras tanto, en Caracas, el Embajador de Estados Unidos, Charles Shapiro, realizaba una “visita de cortesía” al dictador Pedro Carmona Estanga.

Ese mismo día, Phillip Chicola, en nombre del Departamento de Estado, recomendó a Pedro Carmona Estanga, según consta en comunicación que está en nuestro poder, lo siguiente:

• Que la “transición que está operando actualmente en Venezuela, que comprende y con la cual simpatiza, conserve las formas constitucionales”;
• Que “se logre la aprobación de la Asamblea Nacional a la renuncia del Presidente Chávez”;
• Que se llame a “elecciones en un plazo razonable, indicando que en estas elecciones serían bienvenidos los Observadores de la OEA”;
• Que “se les hiciera llegar una copia de la renuncia firmada por el Presidente Chávez”;
• Y que “fuera prontamente sustituido el actual Representante Permanente de la OEA”.

Recomendaciones que Carmona acogió, como consta en su comunicación dirigida al Secretario General de la OEA, César Gaviria, el 13 de abril del 2002.

A su vez, ese 12 de abril, Phillip Reeker, en un Comunicado Oficial del Departamento de Estado culpaba al Presidente Chávez de haber provocado su propio derrocamiento. Dijo que, “Chávez renunció a la presidencia. Antes de renunciar, destituyó al Vicepresidente y el Gabinete. Un gobierno civil de transición ha prometido elecciones en fecha temprana... el pueblo venezolano, de acuerdo con los principios de la Carta Interamericana, resolverá pacífica y democráticamente esta situación de la democracia”.

Nuestro Gobierno dispone de fotos, grabaciones y abundantes evidencias que demuestran la participación de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos en la planificación y ejecución del golpe de Estado.

Posee pruebas sobre helicópteros militares estadounidenses que aterrizaron en el aeropuerto de Maiquetía, durante el golpe; buques de guerra que penetraron ilegalmente en las aguas del Caribe venezolano, violando nuestra soberanía; militares estadounidenses se reunieron antes y durante el golpe con los militares venezolanos golpistas.

Un avión de EEUU se encontraba el 12 de abril de 2002, en la Orchila; isla venezolana a la cual había sido llevado el Presidente Chávez durante el secuestro al que fuera sometido por los golpistas. Avión que despegó apresuradamente cuando sus tripulantes se enteraron que fragatas patrulleras de la Armada venezolana se dirigían a ese lugar.

Colin Powell, Secretario de Estado, en la interpelación que le hiciera el Comité de Apropiaciones sobre Comercio y Estado de la Cámara de Representantes, el pasado 3 de marzo de 2004, reconoció que el Departamento de Estado se había equivocado. Sus palabras fueron. Cito: “Salió un Comunicado del Departamento de Estado que pudo haberse manejado mejor, que no refleja nuestra posición, y lo corregimos en menos de 24 horas”. Fin de la cita. Sin embargo, para entonces, ya el pueblo estaba restituyendo al Presidente Chávez en la presidencia.

En un editorial del diario New York Times, del 9 de marzo pasado, se afirma: “La administración Bush se ha aliado de manera tan abierta con el sector anti-chavista, que le resultará muy difícil desempeñar un rol mediador [en Venezuela]”.

Fracasado el golpe de Estado, los sectores antidemocráticos de la oposición –con el respaldo del Departamento de Estado y del National Endowment for Democracy (NED) o Fondo Nacional para la Democracia- diseñaron un nuevo plan, de dos fases, para sacar al Presidente. Esta vez, por la vía electoral:

• En una primera fase, presionaron para que se “adelantaran las elecciones”, a sabiendas de que violaban la Constitución. También fracasaron.
• Ahora pretenden que se realice un referéndum revocatorio presidencial, violando los requisitos establecidos en el artículo 72 de la Carta Magna.

El National Endowment for Democracy (NED) fue creado, en noviembre de 1983, mediante la Ley Pública 98-164 del Congreso de los Estados Unidos, con la finalidad de “promover la democracia en el mundo”. La ley prevée que sus programas sean financiados por el Congreso de los EEUU.

No obstante, aún desde sus inicios, el NED ya comenzaba a desnaturalizar sus propósitos. A raíz del escándalo originado en 1984, cuando utilizó parte de sus fondos para financiar la campaña electoral del candidato a la Presidencia de Panamá, Nicolás Ardito Barletta, el Congreso aprobó, el 16 de agosto de 1985, una Enmienda a esta Ley, en la cual se estableció. Cito: “Ningún fondo podrá ser utilizado, ni por el NED ni por ninguno de sus beneficiarios, para financiar las campañas de candidatos a cargos públicos”. 

En Venezuela, a su vez, se prohíbe el financiamiento de procedencia foránea a organizaciones que participen en el debate político. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 21 de noviembre del año 2000, dictaminó que la sociedad civil o “quienes la representan no pueden ser extranjeros, ni organismos dirigidos, afiliados, subsidiados, financiados o sostenidos directa o indirectamente, por Estados, o movimientos o grupos influenciados por esos Estados; ni por asociaciones, grupos, o movimientos transnacionales o mundiales, que persigan fines políticos o económicos, en beneficio propio”. En consecuencia, las organizaciones de la sociedad civil que reciban dinero extranjero para realizar actividades políticas en Venezuela actúan al margen de la ley.

Llama la atención que el NED esté apoyando única y exclusivamente a partidos políticos de la oposición en Venezuela. Esta es la lista: Primero Justicia, Acción Democrática, COPEI, Movimiento al Socialismo (MAS) y Proyecto Venezuela.

Llama la atención que el NED esté apoyando única y exclusivamente a organizaciones no gubernamentales (ONGs) que funcionan, en la práctica, como partidos políticos de oposición, o como apéndice de éstos, y algunas de las cuales estuvieron abiertamente comprometidas con el golpe de Estado. Esta es la lista:

Súmate, Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Asociación Civil Comprensión de Venezuela, Asociación Civil Consorcio Justicia, Asociación Civil Consorcio Justicia –Occidente, Fundación Momento de la Gente, Asociación Civil Asamblea de Educación, Acción Campesina, Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Fundación Justicia para la Paz del Estado Monagas, Asociación Civil Justicia Alternativa, Acción para el Desarrollo, Asociación Civil Liderazgo y Visión, Centro al Servicio de la Acción Popular, Asociación Civil Nuevo Amanecer, Agrupación Pro Calidad de Vida, Sinergia, PRODEL-Venezuela.

Llama la atención que el NED esté financiando única y exclusivamente programas políticos en Estados, dirigidos por Gobernadores de la oposición. Esta es la lista:

• Estado Miranda, Gobernador Enrique Mendoza, líder de la Coordinadora de la Oposición. Participó directamente en el golpe del 2002 y ordenó cerrar el Canal del Estado, Venezolana de Televisión, durante dichos sucesos.
• Estado Carabobo, Gobernador Henrique Salas Feo, del partido Proyecto Venezuela.
• Estado Zulia, Gobernador Manuel Rosales, máximo dirigente de la Coordinadora de la Oposición en ese Estado. Firmó el “Decreto” de los golpistas, en nombre de los Gobernadores de Estado.
• Estado Monagas, Gobernador Guillermo Call, del partido Acción Democrática. Apoyó el golpe de Estado.
• Estado Anzoátegui, Gobernador David de Lima, del partido Movimiento al Socialismo. Apoyó el golpe de Estado.

El plan de financiamiento otorgado por el NED a grupos de oposición en Venezuela, para el 2002 -año en que se llevó a cabo el golpe de Estado- se tituló “Democratización de Países Semi-Autoritarios”. Se canalizaron $2 millones 103 mil 200 dólares, a través de la Agencia de Información de los EEUU (USIA) del Departamento de Estado.

El NED también ha recibido recursos extraordinarios por parte de otros órganos del Departamento de Estado, para llevar a cabo sus operaciones en Venezuela. La Oficina para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo (DRL) adscrita a la Sub Secretaría para Asuntos Globales del Departamento de Estado destinó también US$1 millón de dólares, el mismo año del golpe, para expandir y fortalecer los programas del NED.

Al año siguiente, ante el fracaso del golpe, el DRL asignó $285 mil dólares al NED para que se celebraran “elecciones anticipadas” en Venezuela, burlando los lapsos establecidos en la Constitución Nacional.

El año del golpe de Estado, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) del Departamento de Estado, también desembolsó US$2 millones de dólares para apoyar líderes e instituciones venezolanas calificadas como “moderadas” pero que, en la práctica, estaban enfrentadas al Presidente Hugo Chávez.

En los seis meses previos al golpe de Estado, otras seis Oficinas del Departamento de Estado hicieron desembolsos directos por el orden de US$695 mil 300 dólares, para financiar conferencias y seminarios que favorecían a la oposición.

SUMATE es, en Venezuela, un instrumento político-electoral del NED. María Corina Machado, su Vicepresidenta, firmó el Decreto del Gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga, mediante el cual se disolvieron todas las instituciones democráticas del país. Súmate, así mismo, fue actor principalísimo en el sabotaje a la industria petrolera venezolana.

Súmate recibió del NED $53.400 dólares, entre septiembre del 2003 y septiembre del 2004, para ejecutar un supuesto proyecto de “Educación Electoral”. Sin embargo, el verdadero propósito de éste ha sido financiar una campaña mediática en pro de un referéndum revocatorio contra el Presidente Hugo Chávez.

El NED también viene financiando al Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), para que promueva denuncias contra el Gobierno venezolano -en materia de derechos humanos- ante el sistema interamericano. Le otorgó $83.000 dólares, para el período 2003-2004.

CEJIL, con dinero del NED, promueve el desconocimiento de las instituciones democráticas; de las autoridades del sistema judicial venezolano, asesorando a ONGs venezolanas para que acudan directamente a órganos judiciales supranacionales, sin recurrir previamente –como lo establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos- ante las instancias legales de la Nación.

El NED, a través del Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE), también otorgó financiamiento al Centro de Divulgación del Conocimiento Económico de Venezuela (CEDICE). Le otorgó $462 mil 686 dólares entre 1999 y el 2003. Para justificar este financiamiento, el NED afirma falsamente que el Gobierno de Hugo Chávez “ha demostrado tanto tendencias militaristas como Marxistas”. Que las leyes económicas venezolanas “obstaculizan el desarrollo financiero y social”. Y que es “imperativo buscar el consenso entre los grupos de la sociedad civil para ayudar a construir una visión alternativa para Venezuela”. En otras palabras, busca el “consenso” entre los grupos de la oposición para enfrentar al Gobierno.

En el programa “Supervisión de la Reforma Agraria” financiado por el NED a la organización Acción Campesina, se ataca infundadamente al Presidente Chávez. Y cuando se examina -en la documentación del NED- los propósitos de esta organización, se descubre fácilmente que su verdadera función es confrontar la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y sabotear la reforma agraria. Acción Campesina mantiene una alianza con latifundistas venezolanos que han ordenado a sicarios a su servicio asesinar, en los últimos meses, a 72 líderes campesinos y trabajadores agrarios que luchaban por el derecho a la propiedad de la tierra. El NED otorgó $93 mil dólares a esta organización entre el 2002 y el 2004.

El NED dió a la Asociación Civil Asamblea de Educación, $167 mil dólares entre el 2001 y el 2004, para que llevase adelante el programa, “Reforma de la Educación”. Se le encomendó impulsar “alianzas entre grupos de la sociedad civil, sindicatos de maestros y representantes de todo el país” y oponerse al “paquete de reformas de educación del gobierno”.

El NED sostiene que es necesario confrontar al Gobierno de Chávez toda vez que “está utilizando la educación como un instrumento de adoctrinamiento para extender su proyecto personal, político e ideológico”. Esta organización es presidida por Leonardo Carvajal, líder de la Coordinadora de Oposición y quien fuera nombrado Ministro de Educación por el dictador Pedro Carmona Estanga.

La Fundación Momento de la Gente recibió $229 mil 747 dólares entre el 2000 y el 2004. Su tarea es brindar “Asistencia Legislativa” a los partidos de la oposición y hacer lobby en la Asamblea Nacional, para obstruir leyes propuestas por la bancada parlamentaria que respalda al gobierno, así como introducir proyectos de ley elaborados por la oposición.

El principal organismo para canalizar financiamiento hacia los partidos de la oposición en Venezuela, es el Instituto Republicano Internacional (IRI). Este ha recibido del NED y del Departamento de Estado, $1 millón 408 mil 818 dólares desde 1999 hasta la fecha, para entrenar y asesorar a líderes de la oposición y apoyar partidos que están enfrentados al Gobierno.

Existe un programa financiado por el IRI, entre el 2003 y el 2004, denominado “Fortalecimiento de los Partidos Políticos”. El NED, para fundamentar su financiamiento, pinta un panorama sombrío y falso de Venezuela. Considera necesario que “la comunidad internacional haga un llamado a la solución pacífica de la crisis mediante la celebración de elecciones anticipadas.” En otras palabras, destinó financiamiento para un plan político inconstitucional, ya que Venezuela tiene muy bien definidos los lapsos y procedimientos electorales en la Constitución.

El IRI, además, apoyó el golpe de Estado en Venezuela. En Comunicado de Prensa emitido por su Presidente, George Folsom, el 12 de abril del 2002, se señala que el IRI sirvió de “puente” entre los partidos políticos y grupos de la sociedad civil de la oposición, para lograr el derrocamiento del Presidente Hugo Chávez.

Los programas financiados por el NED, que hemos mencionado aquí, son sólo una muestra representativa de ellos. Existen muchos más. Los documentos que respaldan toda esta información, han sido desclasificados gracias a la Ley de Libertad de Información (FOIA), y están disponibles en la página web: www.venezuelafoia.info.

Periodistas, analistas, así como miembros del Congreso de EEUU, han observado las mismas preocupaciones que ahora plantea el Estado Venezolano, con respecto al NED.

Este organismo dice “fomentar el pluralismo político”, pero financia única y exclusivamente movimientos y líderes políticos que mantienen una confrontación con el Gobierno, sin importar que éstos estén comprometidos en campañas antidemocráticas.

Denunciamos al NED por obstaculizar los cambios democráticos y progresistas en nuestro país, para lo cual cuenta con el concurso de personajes inescrupulosos y antipatrióticos, de origen venezolano, ávidos de dólares norteamericanos. Los mismos que diariamente piden la intervención extranjera en Venezuela.

Si el NED tiene prohibido financiar campañas de candidatos a cargos públicos en el exterior. ¿Cómo es que puede financiar campañas para revocar el mandato de líderes que han sido electos democráticamente?. El NED ha llegado al extremo de financiar personas que, en su momento, eran consideradas potenciales candidatos presidenciales en Venezuela, a cuyos efectos se realizaron talleres para “maquillar” su imagen.

La oposición -en concierto con los principales medios de comunicación- ha lanzado en los últimos días una intensa campaña para distorsionar la realidad sobre los derechos humanos en Venezuela. Cuentan, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el respaldo de su Secretario Ejecutivo, Santiago Cantón. El mismo que se negó a dictar medidas cautelares a favor del Presidente Hugo Chávez Frías, cuando su vida corría peligro en manos de los golpistas. El mismo que se dirigió el 13 de abril de 2002 al Gobierno golpista de Pedro Carmona Estanga calificándolo de “ilustrado gobierno”. El mismo que solicitó a los golpistas información sobre el “Señor Hugo Chávez”, despojándolo de su condición de Presidente.

En Venezuela están plenamente vigentes los derechos humanos y las libertades fundamentales. La libertad de expresión se ejerce a plenitud. Desmentimos categóricamente que hayan presos políticos o desaparecidos en Venezuela, como ocurría frecuentemente durante los gobiernos anteriores.

Denunciamos que en Venezuela está operando una red muy bien organizada en contra del Gobierno democrático de Hugo Chávez. Cada una de las organizaciones que reciben financiamiento, desde el extranjero, cumple un papel específico: hostilizar al Gobierno en diferentes ámbitos de la vida económica, política, educativa, comunicacional, sindical y legislativa.

Denunciamos que Christopher Sabatini, Director del NED para América Latina y el Caribe, se ha convertido en un asesor político clave de la oposición en Venezuela. Que promueve y apoya toda una red conspirativa en nuestro país. Que tiene relaciones estrechas, permanentes y de complicidad con los principales líderes de la oposición, incluida la golpista.

¿Cuál sería la reacción del Gobierno de Estados Unidos, si un gobierno extranjero financiara partidos políticos u organizaciones no gubernamentales para que obstruyeran su política nacional o internacional; para que sabotearan su industria nuclear; para que llamaran a los ciudadanos norteamericanos a desconocer o insurgir violentamente en contra de sus instituciones democráticas?

Los venezolanos tenemos pleno derecho a impulsar un proyecto político soberano, democrático e inspirado en el pensamiento de nuestro Libertador Simón Bolívar. Millones de personas, especialmente los excluidos de siempre, abrazan ese proyecto. Original, inédito, profundamente democrático y participativo. Nadie tiene derecho a impedir la realización de los sueños y esperanzas de nuestro pueblo.

Tiempos de cambio recorren el continente. Colapsó el modelo neoliberal en la región. De acuerdo con datos de la CEPAL, el 64% de la población en América Latina y el Caribe viven en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Cada año se lanzan más de seis millones de seres humanos a este circuito. Para el 2003, la pobreza –que siguió creciendo- alcanzó los 227 millones de personas en nuestra región. Hoy se expanden corrientes sociales y políticas que, inspiradas en principios éticos superiores, cuestionan las injusticias y luchan por un nuevo orden basado en la equidad y la inclusión social.

Hemos venido a denunciar formalmente que el Gobierno de los Estados Unidos –a través del Departamento de Estado y del National Endowment for Democracy- está interviniendo en los asuntos internos de Venezuela, violando los artículos 3 y 19 de la Carta de la OEA. Exigimos que cese la intervención extranjera en Venezuela. Solicitamos que esta denuncia quede registrada en la memoria de la Organización de los Estados Americanos.

Jorge Valero es el Embajador de Venezuela ante la OEA