El 15 de setiembre de 2007, la Agencia
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) contrató
a la firma Casals Associates Inc. (C&A), para llevar a cabo la implementación
de los componentes 1 al 5 del eje de lucha contra la impunidad y la
corrupción en el marco del Programa Umbral Paraguay.
C&A convocó posteriormente a una
licitación a las empresas que captaran interés en presentar propuestas
para desarrollar e implementar un sistema informático que generara
y administrara la base de datos del departamento de Identificaciones
de la Policía, uno de los órganos más sensibles del Gobierno.
Las compañías interesadas en competir
en el proceso licitatorio también debían presentar programas para
la emisión de pasaportes, cédulas de identidad, además de equipos
necesarios con miras a la digitalización de prontuarios y fichas dactilares.
Igualmente, los oferentes debían contar con la tecnología a modo de
desarrollar un sistema automático de identificación dactilar, conocido
como AFIS.
C&A, como contratista de USAID, reportó
a las empresas oferentes el 10 de junio de 2008 que la licitación fue
adjudicada a la empresa L-1 Identity Solutions, con sede en Estados
Unidos, según las fuentes consultadas.
Esta maniobra fue llevada a cabo en el
marco de un supuesto “pacto de silencio”, ya que la citada compañía
omitió en forma deliberada algunos requisitos exigidos en el pliego
de bases y condiciones, los mismos por los que otros oferentes fueron
descalificados.
MULTIMILLONARIO MONTO
El concurso fue amañado para beneficiar a una compañía de Estados Unidos.
Para impulsar este proyecto, USAID destinó
en donación unos 5.395.000 dólares. Y precisamente aquí es donde,
a criterio de algunos abogados, se configuró otra de las graves irregularidades,
ya que el control y administración de los fondos era de absoluta competencia
de USAID y la empresa Casals Associates.
La decisión es claramente violatoria
de la Ley 1.535/99 de Administración Financiera del Estado Paraguayo
y la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas, y los Decretos Reglamentarios
8.127 y 21.909.
En los artículos 12 y 35, la Ley 1.535,
de Estructura del Presupuesto General de la Nación, se establece que
“los fondos provenientes de donaciones, así como de empréstitos
aprobados por ley, otorgados por los organismos y entidades del Estado,
deberán ser canalizados por intermedio del Banco Central del Paraguay
y depositados en la cuenta habilitada al efecto por el Ministerio de
Hacienda”.
Todas estas previsiones legales fueron
omitidas simplemente para asegurar que una compañía extranjera tuviera
la autonomía para manejar los recursos y la base de datos de Identificaciones.
La embajadora de Estados Unidos, Liliana
Ayalde, tuvo una activa intervención en todo el proceso, a partir de
sus actividades en otros países, al frente de USAID.
ALGUNOS DETALLES
- El Senado de Estados Unidos aprobó
el 8 de mayo del 2008 la designación de Liliana Ayalde como embajadora
de ese país en el Paraguay.
- Precisamente, Ayalde se había unido
al USAID en el año 1995 en Bangladesh.
- Más tarde fue nombrada directora de
la misión USAID en Colombia, Guatemala, Nicaragua y Bolivia.
- Con el arribo al Paraguay de Liliana
Ayalde, según las fuentes, se inició el curso de acción a modo de
implementar el plan USAID-Casals-L-1 Identity Solutions para copar el
departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.
- La diplomática pasó a desempeñarse
como intermediaria entre USAID, las compañías citadas y el Ministerio
del Interior.
- Varios funcionarios de Identificaciones fueron desplazados antes de comenzar a impulsarse el programa, precisamente como resultado de una auditoría previa llevada a cabo a modo de garantizar que no existieran “oposiciones”.