1. Situación estratégica semejante a la de Chile, 1972

A dos años del gobierno de Evo la situación estratégica del país se asemeja a la de Chile en 1972; no en el sentido de que exista el peligro de un golpe de Estado, sino porque las Fuerzas Armadas se han convertido en el fiel de la balanza entre los dos bloques de poder, que luchan por el control de la nación: el bloque emergente representado por Evo Morales y Álvaro García Linera, y el bloque oligárquico histórico, “los gamonales”.

A diferencia de Chile, el bloque emergente no pretende crear una sociedad socialista, sino una sociedad burguesa moderna, que integre a los pobres y los indígenas a la nación mediante procesos electorales y reformas socio-económicas de un gobierno desarrollista. Es el proceso que se dio en el Cono Sur desde inicios del siglo XX, con el Peronismo como su máxima expresión. La reacción de la oligarquía fascista de Santa Cruz es tan violenta y racista como la de la oligarquía argentina en su momento.

Ninguna de las dos fuerzas bolivianas está en condiciones de imponer su voluntad a la otra, y tal situación ha convertido a la Fuerza Armada en el árbitro de la contienda que decide el futuro inmediato del país. Se trata de una militarización gradual no planeada, en el sentido sistémico: traspaso de poder del sistema civil hacia el militar.

Dos desaciertos estratégicos de las fuerzas en pugna explican cómo se originó esta situación de equilibrio dinámico inestable. De parte de los sectores progresistas, el error fundamental consistió en la convocatoria gubernamental a la Asamblea Constituyente, inspirada parcialmente en la actual tendencia criolla de sacralizar a ese ligaculum (legajo) de papel que se conoce como Constitución. Por parte de la reacción el error consistió en la convocatoria abierta a la división racista y económica del país.

2. Sin iniciativa estratégica, la guerra es táctica

Perdida la capacidad de iniciativa estratégica y de la batalla decisiva, por los antagonistas, la guerra por el poder es de movimientos tácticos. Esta característica va a seguir dominando, hasta que alguno de los bandos encuentre una reserva estratégica que pueda lanzar sobre el otro, por ejemplo, un cambio en la correlación hemisférica de poder, o hasta que se convenzan que es imposible lograr la capitulación del otro. Dos ejemplos ilustran el fenómeno.

El 19 de octubre, el Gobernador (prefecto) del Departamento de Santa Cruz, Rubén Costas, declaró al Presidente venezolano Hugo Chávez “persona non grata”, "macaco mayor" (“mono mayor”), "rata", "dictadorzuelo", "golpista", "sinvergüenza" y "cobarde". Costas lanzó la diatriba en el aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz, ante manifestantes que protestaban contra la ocupación militar del mismo, ordenada por el gobierno central el día anterior. Cuando los manifestantes se acercaron al aeropuerto, los soldados “se fueron con la cola entre las patas”, proclamó triunfante Costas. El New York Times fue más delicado: las alrededor de 220 tropas y policías militares enviadas por el gobierno central, “se esfumaron” (melted away) ante la llegada de “miles de manifestantes”, reportó.

El poco glorioso retiro de los militares dejó una sensación de triunfo en la derecha y de desconcertación entre muchos partidarios del gobierno. Atentados con dinamita contra el consulado venezolano y una residencia de médicos cubanos, en Santa Cruz, y declaraciones poco oportunas de altos funcionarios del gobierno, como del Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, reforzaron la impresión. Al afirmar que Chávez es el "macaco mayor", dijo Quintana, el Gobernador está llamando "macaco menor" al presidente de Bolivia, Evo Morales, lo cual demuestra que es "racista". "Como el prefecto cree que nuestro gobierno depende del de Venezuela, es lógico hacer esta extrapolación" (sic), sentenció Quintana.

El 29 de octubre, la oligarquía intensificó su agresión en otro campo de batalla utilizando la justicia de clase que tiene a su disposición. La Fiscalía del Departamento de Chuquisaca emitió órdenes de detención contra siete directivos de la Asamblea Constituyente. Una de las órdenes de aprehensión es contra la presidenta de la Asamblea, la constituyente indígena Silvia Lazarte del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS). Silvia es un cuadro de confianza del Presidente Evo Morales.

3. Aparece el decisor militar

Las Fuerzas Armadas de Bolivia (FAB) definieron el martes 23 de octubre su posición ante los acontecimientos de Viru Viru. Respondiendo a la declaración de Costas, de que él es el "único comandante de Santa Cruz", aclararon públicamente que los prefectos no forman parte de la estructura de mando del instituto castrense y que "en estricto apego al derecho positivo vigente y por responsabilidad institucional… dependen del Presidente de la República y Capitán General de las FFAA", Evo Morales Ayma.

Señalan también que "cuentan con la capacidad profesional, técnica y operativa, suficiente para asegurar el imperio de la Constitución Política del Estado y garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido". Y recalcan que "las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la República y el honor y soberanía nacionales; asegurar el imperio de la Constitución Política, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente constituido y cooperar en el desarrollo integral del país".

4. Ni oligarquía ni pueblo: militares

La contundente declaración del sector castrense deja claro que no permitirán las locuras separatistas de los fascistas cruceños. Pero, al mismo tiempo, indica que tampoco habrá espacios para experimentos extraconstitucionales desde sectores radicales. La idea de un “Estado de los movimientos sociales”, tan cara a los dos líderes gubernamentales más poderosos del país, Evo Morales y Álvaro García, encuentra aquí sus límites estructurales.

Hoy día, el proceso boliviano es gobernado por un Estado estructuralmente burgués que maniobra sobre el filo de la navaja de un cisma nacional y en el cual la Fuerza Armada se ha convertido en el centro de decisión de la contienda. No como ultima ratio regis, es decir, como el poder decisivo del ejecutivo, sino como primus inter pares, como el primero entre iguales. Ese Estado opera en una fase de acumulación de fuerzas ---o de guerra de atrición, si se prefiere el análisis militar--- que solo puede tener dos desenlaces: a) la negociación de un modus vivendi institucional entre los dos bloques, que es la solución que promueve el gobierno o, b) la solución por la fuerza que promueve el extremismo gamonal (oligárquico). El desenlace más probable, a corto plazo, es el primero.

5. El error estratégico del gobierno

La rápida recuperación del poder de la oligarquía después de su derrota electoral en las elecciones de diciembre del 2005, se debe, en lo subjetivo-gubernamental, a la decisión de refundar el país mediante una Asamblea Constituyente en Sucre, y por los considerables errores de conducción del inexperimentado equipo de gobierno. Al no obtenerse la mayoría absoluta para conferirle el carácter jurídico de “originaria” a la Asamblea, hubiera sido más benéfico marginar de facto ese foro, para evitar que se convirtiera en plataforma de ataque favorable a la derecha obstruccionista.

La idea de que la presión popular pudiera compensar ese defecto de génesis, vinculada a posteriores rigideces disfuncionales de procedimiento en este y otros asuntos, han hecho que el gobierno perdiera la iniciativa estratégica a los dos meses de iniciarse las sesiones. Desde entonces, no la ha podido recuperar. A su vez, la Asamblea, inaugurada el 6 de agosto de 2006, no ha podido ratificar hasta ahora, ni una sola línea de la nueva Constitución, pese a que su mandato vence a mediados de diciembre. Tal como había anunciado el alcalde de Trinidad, el General y combatiente anti-guevarista Moisés Shiriqui, en octubre del 2006: “No nos vamos a poner de acuerdo en Sucre.”

6. El poder de la derecha

La situación actual es tal que de los nueve Departamentos (Estados) de Bolivia, las autoridades políticas y muchos de los poderes de facto de seis de ellos, están con la derecha: los gobernadores Rubén Costas (Santa Cruz), Manfred Reyes Villa (Cochabamba), Ernesto Suárez (Beni), Mario Cossío (Tarija) y Leopoldo Fernández (Pando), y, en medida considerable, también, de las autoridades de Chuquisaca. Excluyendo a Chuquisaca, esta falange abarca el doble de la extensión territorial de los tres Departamentos que están, grosso modo, con el gobierno, La Paz, Oruro y Potosí, y tiene alrededor del 30 por ciento más de población que los tres Departamentos afines al gobierno. Santa Cruz es, además, el Estado de mayor peso en la nación en cuanto a producción, exportación, desarrollo y demografía. En cuanto a su comportamiento dinámico, el poder gamonal se ha expandido cada vez más desde su periferia tropical hacia La Paz, pasando por Cochabamba y Chuquisaca, nutrido y guiado por la Embajada de Washington.