EL GOBIERNO COLOMBIANO
ENCUBRE Y APOYA UN GOBIERNO PARALELO ILEGITIMO EN VENEZUELA
PARA DERROCAR AL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL
NICOLAS MADURO MOROS
Con la visita del Ciudadano facista CAPRILES RADOSKY a la República de Colombia de fecha 29 de Mayo del corriente año, el Presidente Juan Manuel Santos junto al senado de ese país colombiano, se devela el plan internacional de la derecha imperial contra Venezuela quienes, saltando los principios y acuerdos del Derecho Internacional sobre la representatividad y oficialidad institucional que sustentan este tipo de relaciones y demás actos oficiales propios de la soberanía de cada país, justifican bajo falsos argumentaciones la visita de un funcionario público cuya envestidura de gobernador no le otorga la facultada para representar al Gobierno Nacional por ante ningún otro Gobierno, ni preparar actos públicos que violentan la seguridad del país. Acciones encaminadas a la preparación de una escalada desestabilizadora contra nuestra patria, bajo un guion peligroso de designar autoridades usurpadas en una especie de GOBIERNO PARALELO ILEGITIMO muy similar a la estrategia aplicada actualmente en SIRIA ya gestada en LIBIA, dándole visos de representación oficial ilegitima de PRESIDENTE al ciudadano facista antes nombrado y de esta manera dejar entre dicho la autoridad legítima del Presidente Nicolas Maduro Moro, práctica desestabilizadora que les permite al imperio y sus aliados una nueva y descarada modalidad para derrocar gobiernos que no le son sumisos.
Agresión inaceptable que, desde el Frente FURSA, repudiamos rotundamente, demandando la aplicación de la ley contra estos traidores a la patria que han ido a solicitar la intervención extranjera en su propio país, estos actos de traición son reiterados mucho antes y durante el Gobierno del Comandante Hugo Chávez, ante la mirada indiferente de las autoridades oficiales, arreciado hoy con la derrota contundente que sufrió la oposición y que dio como Presidente electo a Nicolas Maduro, quienes se niegan a reconocer dicha legitimidad mediante la declaratoria de un presunto fraude electoral.
La presencia de PARAMILITARES en Venezuela es de vieja data, estos han venido minando silenciosamente espacios públicos y privados mediante el comercio informal y la instalación de empresas poderosas financiadas con dinero de procedencia dudosa y del blanqueo de dinero; aprovechándose de la buena fe y la apertura democrática y hermandad del Gobierno Revolucionario Bolivariano de Venezuela, entre otras modalidades de penetración de la soberanía nacional, escenario que a la fecha le permite a estos mercenarios hacer el trabajo desestabilizador en el territorio venezolano. La escalada desestabilizadora va acompañada de la creación de escases artificial de productos alimenticios de la dieta básica y de los productos higiénicos, logrando un impacto mediático negativo con apariencia de desabastecimiento en la opinión pública nacional y extranjera, generando malestar general en la población con la creación de colas obligatorias e intencionales para adquirir alimentos en los establecimientos comerciales privados.
Toda esta desestabilización política y económica acompañada de posturas prepotentes ante las autoridades pertinentes, son indicios y evidencias de graves delitos y violaciones a las leyes, claramente tipificados y castigados por las leyes venezolanas tales como el acaparamiento, la especulación, concusión para delinquir, falsa identidad, suministro de datos falsos ante funcionarios públicos, usurpación de funciones públicas, cobro de peajes y tributos a nombre del Estado Venezolano, cobro de peajes a ciudadanos, extorción, presiones y amenazas a la vida y la seguridad ciudadana y, el delito político de mayor cuantía el de traición a la patria.
Ante este escenario de rebelión y desestabilización contra el Gobierno Legítimo deben extremarse las medidas de seguridad y sanciones a los responsables, aún cuando es la pretensión del Ciudadano Capriles convertirse en víctima para encender la mecha de la confrontación política y la escalada de desconocimiento del Gobierno Constitucional Venezolano. Abogamos para que el Presidente Nicolas Maduro se mantenga firme y sereno, continúe con el Gobierno de calle, ponga control y coto a los desmanes del paramilitarismo en las calles del país, inicie una importación masiva de alimentos de la dieta básica y en lugar de darle subsidio a las Empresas Polar de los Mendozas, otorgue recursos a todos los proyectos agroalimentarios y agroindustriales. La reactivación del aparato productivo y el aprovechamiento de los recursos potenciales en esta materia económica puede sustentarse en el rescate y reactivación de la producción interna con la aprobación de todos los proyectos de iniciativa individual y colectiva que reposan en los Bancos Públicos y Privados, recogidos en un Decreto Presidencial de manera general, con miras a diversificar la producción y eliminar la hegemonía alimentaria de estos grupos de poder.
El cinismo del Gobierno Colombiano es de tal magnitud que no esperemos rectificaciones probables y convoquemos de inmediato a nuestro embajador en esa república de gobierno traidor, sin abandonar los esfuerzos por la paz que con seguridad dará los resultados que devenga esta materia y que en caso contrario perjudicaría al pueblo colombiano. Ante la traición reiterada de la confianza desde el Gobierno de Uribe a la elevada estatura de entonces Presidente Eterno Hugo Chávez, sin caer en provocaciones tomemos las medidas diplomáticas y estratégicas pertinentes del caso, enjuiciando a estos funcionarios públicos venezolanos traidores a la patria.
