Resulta una extraña paradoja el hecho de que más de 170 Estados miembros de la comunidad internacional hayan creado un organismo para perseguir los Crímenes de Guerra, Delitos de Lesa Humanidad y de Violaciones Graves de los Derechos Humanos y que, los principales generadores de tales ilícitos, no hayan sido objeto, hasta ahora, de ningún tipo de investigación y mucho menos, de procesamiento y penalización por la comisión de tales ilícitos.
Se trata de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, CPI, nacida en 1.998, como parte del llamado Estatuto de Roma, cuya función fundamental es la de iniciar procesos investigativos sobre hechos que se consideran violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario y cuyos autores no han sido presentados antes los órganos de Justicia de un Estado o, las decisiones tomadas, son manifiestamente contrarias a los hechos que se les imputan y a las responsabilidades penales que les corresponden.
Frente a este organismo internacional, los grandes poderes controladores del mundo global colocaron a un abogado argentino, Luis Moreno Ocando, cuyo prestigio y buena fama se origina en su participación en el juicio a las tres Juntas Militares Argentinas de los años 70’s y 80’s, que representó el más importante juicio colectivo en contra de criminales de Estado, después del Juicio de Nuremberg, a los responsables militares y civiles nazis de la Segunda Guerra inter-imperialista mundial (1.939-1.945), y que permitió a los argentinos y a las argentinas, conocer la inmensa perversidad y la extrema crueldad en la campaña de exterminio sistemático de un ejército estatal en contra de su propia población.
Con tal prestigio, el doctor Moreno-Ocando vistió de Justicia y Verdad a este novísimo tribunal, el cual inició sus labores con el desconocimiento de su competencia por parte de los Estados Unidos de América; lo que le permite proteger a sus autoridades, militares y demás y ciudadanos de la competencia del Tribunal Penal Internacional, tanto por el hecho de desconocer la jurisdicción de ese tribunal, como por la situación de que, teniendo los Estados Unidos Derecho de Veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, este organismo nunca aprobaría que los usamericanos pudieran ser juzgados en ese tribunal; haciendo impune los Crímenes de Guerra, Delitos de Lesa Humanidad y Violaciones Graves de los Derechos Humanos que cometen masiva y reiteradamente en el mundo.
Tal realidad jurídica y política se ha manifestado en el comportamiento de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional que no solo no abrió ningún expediente contra los señores George W. Bush y Tony Blair y los jefes civiles y militares de los 28 Estados cuyos ejércitos participaron en una guerra “ilegal e inmoral” (Juan Pablo II dixit) contra el pueblo de la República de Irak, causando directa o indirectamente, una cifra cercana al millón de victimas y, contra los países de la Organización del Atlántico Norte, OTAN, y los Estados Unidos de América que tienen 10 años masacrando al pueblo afgano y, contra el ente sionista israelí condenado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por el ataque de diciembre 2009 a Gaza y a la Flota de la Paz en mayo de 2010; sin que hasta la fecha el Fiscal Moreno-Ocando haya abierto averiguaciones y presentado ante el Tribunal Penal Internacional a ninguno de estos Criminales de Guerra, responsables de Delitos de Lesa Humanidad y responsables de Violaciones Graves de Derechos Humanos.
Por el contrario, las causas abiertas por este Fiscal Internacional, estuvieron concentradas, inicialmente, sobre países africanos subsaharianos y, ahora, en el Norte del Africa y el Medio Oriente, en el cual se persigue y somete a medidas de interdicción al presidente Bashir, de Sudan y al líder libio Muhammar al Gadafi, amenazando al presidente Sirio Al Assad, pero dejando fuera de toda investigación a la camarilla egipcia de Mubarak, a los represores de Túnez, al carnicero Shaled, de Yemen, al Sultan de Barheim y al Rey de Marruecos, represor del pueblo saharahui.
Esta visto que la Justicia de la Fiscalía Imperial, que dirige el abogado argentino Luis Moreno Ocando, se ha convertido en otro de los instrumentos fundamentales del Estado Global que buscan construir y consolidar el imperio norteamericano y sus aliados subalternos de la OTAN y el sionismo internacional, para reconquistar y dominar el planeta y salvar la crisis terminal del Capitalismo, por lo que la adhesión al Estatuto de Roma debe ser revisada por todos los Estados Democráticos del mundo, incluyendo la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto la contra-revolución apátrida y sus financiadores y conductores imperialistas, seguirán utilizando tal instrumento represivo internacional para perseguir a nuestro comandante en Jefe Hugo Chávez Frías y toda la dirección social, política y militar de la revolución.
A la vista de tales circunstancias, resulta inaplazable que la revolución y su dirigencia revolucionaria se blinde frente a tales maniobras y denuncie la adhesión venezolana a ese mamotreto represivo internacional, confirmando nuestra soberanía judicial plena sobre todo el territorio y la población de la República y excluyendo toda intromisión imperialista en los asuntos internos de nuestro país.
yoelpmarcano@yahoo.com
