El Plan Colombia

Cocaína, petróleo y mercenarios

El Plan Colombia, presentado en 1998 por el presidente Andrés Pastrana como un programa de desarrollo económico sin drogas, es en realidad una pantalla para la implantación de fuerzas estadounidenses en el país. Las operaciones militares que dirige -desde Washington- el general McCaffrey han costado la vida a miles de campesinos y guerrilleros partidarios del marxismo o de la teología de la liberación.
Después de 5 años de combates, Colombia sigue siendo el primer productor mundial de cocaína y sus recursos petrolíferos se encuentran, como nunca antes, bajo el control de Washington.

Colombia padece todos los síntomas de una guerra civil desde mediados de los años 1950. En aquella época, trabajadores agrícolas que habían estudiado los principios del comunismo trataron de tomar el control de las tierras que cultivaban y para ello crearon «zonas de autodefensa». El movimiento dio rápidamente lugar al surgimiento de una guerrilla organizada, creada en 1966: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En respuesta, el presidente conservador León Valencia proclama el estado de sitio y desencadena, con la ayuda de Estados Unidos, una represión feroz. A las FARC se une, en los años 1970, el movimiento M-19, cuyo campo de acción es esencialmente urbano.

Desde entonces, la guerra que libran el Estado y los grupos armados ha sido siempre intensa y está siendo utilizada, desde hace tiempo, como pretexto para justificar la injerencia estadounidense en los asuntos de ese estratégico país de América del Sur.

Esta injerencia tiene un doble objetivo: la liquidación de los defensores del marxismo y el mantenimiento de una presencia militar en la región, todo bajo la cobertura de la lucha antidroga, aún cuando Estados Unidos es el mayor importador de cocaína colombiana.

Una política de injerencia que tiene más de cien años

Esta estrategia de injerencia no es nueva en la región. Ya a principios del siglo XX, Estados Unidos había favorecido la secesión de la provincia colombiana de Panamá ante la reticencia de Bogotá a dejar en manos de Washington la administración del canal.

El 18 de noviembre de 1903, el tratado Hay-Bunau-Varilla concedía a Estados Unidos el uso perpetuo del canal y de una zona de 8 kilómetros de cada lado del mismo así como la soberanía total sobre el conjunto del área. El tratado de alianza firmado en 1926 va aún más lejos y, al conferir a Washington derechos especiales en tiempo de guerra, hace de Panamá «desde el punto de vista militar, un nuevo Estado de la Unión» [1].

Se trata aquí de la aplicación, al pie de la letra, de la doctrina Monroe [2] y su «corolario» enunciado en 1903 por el presidente Theodore Roosevelt: «La persistencia en una mala conducta o una incapacidad que desemboque en un relajamiento general de los lazos propios a una sociedad civilizada pueden hacer necesaria a fin de cuentas, en América como en otras partes, la intervención de alguna nación civilizada.

En el hemisferio occidental, la adhesión de los Estados Unidos a la doctrina Monroe puede obligarlos, en casos flagrantes en que se encuentren ante este tipo de mala conducta, o ante ese tipo de incapacidad, a ejercer, aún a pesar de su propia repugnancia a hacerlo, un poder internacional de policía». Lo cual legitima muchos tipos de injerencia.

Todo es cuestión de comunicación. Durante su campaña electoral, en 1998, el entonces futuro presidente de la República Andrés Pastrana promete un «plan Marshall por la paz». La alusión al plan de injerencia económica, cultural y militar que Estados Unidos orquestó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial no es casual ya que permite justificar la intervención estadounidense al dar la impresión que se trata de une petición colombiana. El gobierno Clinton propone enseguida un plan antidroga, que implica el despliegue de instructores militares y civiles en el país.

El 9 de agosto de 1999, Pastrana anuncia que su gobierno termina «la preparación de un programa en ese sentido: el "plan Colombia"» [3], cuyo lanzamiento oficial tiene lugar el 20 de septiembre de 1999. Este proyecto, destinado a lucha contra el cultivo de droga y los «grupos mafiosos» que le sacan provecho, está estimado en 7 500 millones de dólares repartidos en tres años.

Bogotá se compromete a contribuir con 4,000 millones y pide que el resto sea financiado por la ayuda internacional. Evidentemente, su principal interlocutor extranjero no es otro que Washington y el Congreso estadounidense le concede 1 700 millones de dólares. Según el diario francés Le Figaro, que cita la prensa internacional, esta suma que concede Estados Unidos «puso fin a diferentes presiones ejercidas por ciertos lobbys que apuntaban simplemente a la suspensión del plan.

¿Los autores de esas presiones? Algunas ONG que aprovechaban la ocasión para promover su propia visión falseada de la situación colombiana y ciertos medios de difusión que se reían de la excesiva generosidad norteamericana».

El gobierno de Andrés Pastrana anuncia, por su lado, un importante crecimiento del presupuesto de Defensa, a expensas de los programas sociales del país, lo cual da lugar a acciones como el bloqueo de la carretera Panamericana (que conecta Colombia con Ecuador) del 1ero al 25 de noviembre de 1999 por más de 50,000 campesinos, trabajadores de la enseñanza e indígenas. Los manifestantes fueron finalmente desalojados por el ejército.



Barry McCaffrey, un halcón a la cabeza de la lucha antidroga



El plan Colombia no es el resultado de una iniciativa colombiana, como trata de hacer creer el espectáculo de Pastrana, sino que fue elaborado por el general Barry McCaffrey, ex-comandante en jefe de las fuerzas militares estadounidenses en América del Sur, nombrado jefe de la lucha antidroga por Bill Clinton en enero de 1996.

Además, la nominación para ese puesto de un militar cargado de condecoraciones, ex-combatiente de Vietnam y de la guerra del Golfo en 1991, demuestra que los militares explotan una cuestión de salud pública, sobre todo teniendo en cuenta que se trata precisamente de un general particularmente controvertido: en mayo del 2000, el periodista newyorkino Seymour Hers reveló que al final de la operación Tormenta del Desierto una división blindada bajo el mando de McCaffey masacró a 350 soldados iraquíes desarmados el 2 de mayo de 1999, o sea dos días después del anuncio del cese al fuego.

El general predica en Colombia el regreso a los métodos que aplicó Oliver North en Nicaragua, o sea el uso de paramilitares contra la guerrilla [4].

En la práctica, es difícil saber en qué se diferencian las actividades de Barry McCaffey como jefe de la lucha antidroga de las que realizaba a la cabeza del Comando Sur. Los intereses en juego en Colombia son puramente estratégicos, aunque la administración Clinton trate de poner de relieve el peligro que representa para la juventud estadounidense el aumento constante de la importación de cocaína colombiana.

El problema viene de Panamá ya que Estados Unidos debe devolver el canal al gobierno panameño en 1999 y desmantelar sus bases militares allí. Sin embargo, Washington desea mantener su presencia militar en la región, lo que da lugar a intensas negociaciones entre los dos Estados para disimularla mediante la creación de un supuesto «Centro multilateral antidroga» [5].

El presidente panameño Ernesto Pérez Balladares se opone finalmente obligando así a Estados Unidos a buscar otro país donde la presencia de sus tropas sea menos controvertida [6]. Eso es precisamente lo que busca el plan Colombia [7].

Colombia: una «pieza» estratégica

La elección de Colombia es totalmente coherente: como el Panamá del general Noriega, el país está implicado en el tráfico mundial de estupefacientes, lo cual justificaría una intervención militar en cualquier momento [8]. En resumen, Washington no esperó por las «armas de destrucción masiva» para elaborar una lógica de comunicación alrededor de intereses ficticios que permita justificar intervenciones militares en su esfera de influencia.

Además, Colombia es para Estados Unidos un proveedor de petróleo bajo la «amenaza» de una guerrilla marxista, argumentos todos que hacen de ella el blanco privilegiado de una intervención.

La retórica de Estados Unidos y los militares colombianos es simple: las FARC se financian con el tráfico de droga y deben, por consiguiente, ser tratadas como los narcotraficantes. Desde esa óptica, luchar contra la droga es luchar contra la guerrilla. La lucha contra la droga es, por tanto, un medio de lucha contra la subversión, pero permite también justificar el despliegue de tropas estadounidenses en la región bajo la cobertura de una operación de salud pública.

Washington tiene en el país entre 300 y 400 consejeros civiles y militares. Sin embargo, hasta mediados de los 90 fueron precisamente los responsables militares y políticos colombianos, y sus interlocutores estadounidenses quienes se vieron implicados en varios escándalos de tráfico de cocaína. Aún hoy, los grupos paramilitares, enemigos de las FARC, se financian con la cocaína, lo que ha dado lugar al siguiente comentario por parte de los dirigentes de las FARC:

«No tenemos derecho a sumir [a los campesinos] en el hambre erradicando los cultivos ilícitos. Por otro lado, las mafias ayudan al ejército a financiar a los paramilitares. ¿Por qué tendríamos que ser nosotros los únicos en considerar ese mal desde un punto de vista ético? Se trata, ante todo, de un problema económico-social» [9].

E realidad, las FARC reclaman únicamente el cobro de un impuesto sobre la coca, o sea la pasta de base que constituye la primera etapa del proceso de transformación de la planta en cocaína. Los que están sujetos a ese impuesto son los intermediarios que venden la pasta de coca, no los campesinos. Según los expertos en geopolítica de las drogas, la guerrilla no se dedica al cultivo de la coca ni a la elaboración o la venta de la misma.

Iportantes petrodólares

Más que la lucha contra la droga, lo que busca Estados Unidos es prevenir toda posibilidad de control de los recursos petrolíferos locales por parte de intereses nacionales, sobre todo representantes políticos de la guerrilla. Colombia es el séptimo país exportador de petróleo hacia Estados Unidos y el tercero de América Latina, después de Venezuela y México.

Lo cual explica la inquietud de Washington cuando se abren negociaciones políticas sobre la cuestión del petróleo entre el poder y los movimientos marxistas. En efecto, durante las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) [10] el presidente Pastrana concedió a la guerrilla guevarista una zona desmilitarizada de 4 727 km² en el departamento de Bolivar, en el norte del país, como prueba de buena voluntad [11].

Esa zona se encuentra justo ante los puertos petroleros y refinerías de Barrancabermeja y Puerto Wilches, en el río Magdalena. Cuando se anunció la noticia, los trabajadores del sector petrolero inmediatamente amenazaron con ponerse en huelga. Por su parte, la guerrilla prefirió mantener la presión sobre ese sector estratégico: al día siguiente del anuncio, el oleoducto de Caño Limón-Covenas [12] fue dinamitado. En 1999 había sido blanco de 70 ataques similares por parte del ELN [13].

Más inquietante aún, el 12 de mayo del 2000 el presidente de la compañía petrolera local, ECOPETROL, expresó oficialmente su inquietud: «La producción de crudo bajará en alrededor del 2% en el 2000, con 800 000 barriles diarios, ante 815 000 en 1999.» Sin embargo, se mantenía, «optimista en cuanto al futuro. Actualmente, 44 compañías privadas están interesadas en 27 proyectos de exploración y producción y 37 de esas compañías participan en una etapa de precalificación llamada Ronda 2000».

Según el diario parisino Le Figaro, «si Colombia no hace nuevas perforaciones antes de 2005, corre el riesgo de convertirse en importadora de petróleo. El país dispone de reservas confirmadas de alrededor de 2 4000 millones de barriles y de reservas potenciales estimadas en 37,000 millones.

El problema es mantener allí las compañías que se han instalado ya y atraer otras hacia las zonas petrolíferas que son regularmente blanco de guerrillas que se oponen a "la injerencia excesiva de las multinacionales en la política petrolera colombiana"» [14].

Así que está abierto el camino para que otras sociedades petroleras se repartan el pastel colombiano con la Occidental Petroleum (Oxy), compañía estadounidense hasta ahora omnipresente [15]

Recuperación del control antiterrorista

El ascenso de George W. Bush al poder y los atentados del 11 de septiembre vienen a modificar las condiciones. En el marco de la guerra mundial que la administración estadounidense emprende contra el terrorismo, las fuerzas paramilitares colombianas de extrema derecha, reagrupadas en el seno de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) son incluidas en la lista de organizaciones terroristas. Según la publicación mensual francesa Le Monde Diplomatique, los grupos de extrema derecha nacieron, sin embargo, «a fines de los años 1960, en el marco de una política que recomendaron los consejeros norteamericanos para "destruir" toda veleidad de transformación social.» [16].

Ellos fueron hasta ahora los «brazos armados de los narcotraficantes desde 1985, auxiliares de; ejército para hacer los trabajos sucios» [17].

Pero los paramilitares cayeron en desgracia: su implicación demostrada en el tráfico de droga, el asesinato de civiles y especialmente de opositores (sindicalistas, periodistas) hicieron de ellos un aliado cada vez más incómodo.

Washington tiene la intención de explotar el trauma del 11 de septiembre para emprenderla con las guerrillas colombianas, pero no puede darse el lujo de hacerse de la vista gorda con una de las tres organizaciones armadas. Por consiguiente, los ánimos se caldean rápidamente. La embajadora estadounidense en Colombia, Anne Patterson, habla -el 26 de octubre de 2001- de la «similitud» entre los «grupos terroristas de Afganistán y los de Colombia». Diez días antes, el coordinador de la lucha contra el terrorismo en el Departamento de Estado estadounidense, Francis Taylor, mencionaba la determinación de Estados Unidos a utilizar «todos los elementos» a su disposición, incluso «como en Afganistán, la utilización del poderío militar, si fuera necesario, para poner fin a las "actividades terroristas"».

Washington pide entonces la extradición de los principales dirigentes de las tres formaciones paramilitares que son las FARC, el ELN y las AUC.

Estados Unidos logró, por otra parte, encontrar un punto de amarre para sus tropas en América del sur al establecer, desde 1999, lazos militares privilegiados con Ecuador, política que continúa bajo el gobierno de Lucio Gutiérrez, aunque este había sio presentado al principio como un Hugo Chávez ecuatoriano[Ver sobre el tema nuestro trabajo dedicado a la ocupación militar de Ecuador. [18].

El principal objetivo de Washington en Colombia se convierte por tanto en proteger las yacimientos de petróleo e impedir toda negociación con las guerrillas marxistas. Poseedor de «300 sitios de infraestructuras estratégicas» en Colombia, Estados Unidos destina en febrero de 2002 una ayuda de 100 millones de dólares para garantizar la protección de dichos sitios contra la guerrilla.

El primero en ser tenido en cuenta es, naturalmente, el oleoducto de Caño Limón. Se trata entonces del primer «apoyo norteamericano directo a los militares colombianos contra los rebeldes» de las FARC y del ELN [19]. Un vocero del secretario de Estado norteamericano de visita en Bogotá va más lejos: «entre la subversión y el narcotráfico no hay ya diferencia» [20].

La decisión suscita numerosas reacciones de inquietud en los países vecinos, sobre todo en Venezuela donde el presidente declara estar «preocupado» ante la presencia militar estadounidense en Colombia y califica el aumento de la cantidad de tropas de «muy peligroso» para el país «pero también para Venezuela». Durante la semana siguiente, el gobierno del presidente Pastrana emprende la «operación Thanatos» contra las FARC, con el apoyo secreto de Estados Unidos [21].

Tres días más tarde, el 25 de febrero de 2002, la guerrilla marxista secuestra a Ingrid Betancourt, la candidata ecologista a la elección presidencial en Colombia.

Estados Unidos oficializa su apoyo militar contra la guerrilla

En marzo, Colin Powell y Donald Rumsfeld se pronuncian sucesivamente por un aumento de la ayuda militar a Colombia. Ambos piden al Congreso que tenga en cuenta la ruptura de negociaciones entre las FARC y el gobierno. En abril, el presidente Pastrana viaja a Washington para pedir personalmente ayuda militar a George W. Bush.

Desde hace meses, el envío de armamento a Colombia ha ido en aumento: han llegado 60 helicópteros como préstamo, instructores estadounidenses han entrenado a cientos de militares colombianos mientras que la cifra de 400 «consejeros militares» norteamericanos se sobrepasa al principio de la «operación Thanatos». Sin contar los subcontratos: DynCorp, favorecida por Oliver North en tiempos del escándalo Iran-Contras, se ocupa de los vuelos de riego de substancias químicas nocivas para eliminar los cultivos de coca; Northrup Grumman pone los radares; AirScan ofrece sus servicios de vigilancia aérea, etc. [22].



Y al final resulta que las plantaciones de coca pasaron de 125 000 a 160 000 hectáreas en dos años [23]. Colombia se ha convertido incluso en el primer productor mundial de cocaína, con 580 toneladas anuales.



La cooperación se refuerza aún más con la llegada a la presidencia, en mayo de 2002, del candidato de la derecha dura, Álvaro Uribe, partidario de la «mano dura» con la guerrilla. A partir de su nominación, Estados Unidos anuncia la próxima llegada a Bogotá de Otto Reich, el secretario de Estado adjunto encargado de América Latina, «para conversar con [el nuevo presidente] sobre sus proyectos».



Dos meses más tarde, el Congreso concede al fin la ayuda militar que tanto esperada el régimen colombiano para acabar con la guerrilla. La embajadora Anne Patterson anuncia entonces que el entrenamiento del ejército colombiano estará, en lo adelante, en manos de las fuerzas especiales estadounidenses.



La investidura de Álvaro Uribe es un hecho decisivo en varios aspectos. Por un lado, el día mismo de la investidura marca el comienzo de la ayuda militar oficial proveniente de Estados Unidos. Por otra parte, una lluvia de cohetes cae sobre Bogotá en el momento mismo de la ceremonia dejando 21 muertos en los alrededores del palacio presidencial.



Y, finalmente, Uribe desencadena una escalada en la confrontación militar ya que, lejos de sus propias proposiciones de campaña en cuanto a una negociación bajo auspicios de la ONU, el nuevo presidente decretó inmediatamente el estado de excepción y lanzó ofensivas militares de gran envergadura contra las FARC.



De paso, puso al coronel retirado Alfonso Armas a la cabeza de la lucha contra los estupefacientes, convirtiéndolo así en el hombre clave del plan Colombia. En noviembre de 1985, Alfonso Armas había estado al frente del ataque contra el palacio de justicia de Bogotá, ocupado por un comando del M-19. La ofensiva, con apoyo blindado, dejó «más de cien muertos entre rebeldes, jueces y civiles y el palacio fue destruido por un incendio» [24].

Bogotá y Washington ligaron a partir de entonces sus destinos en la lucha contra las «fuerzas subversivas», dejando sentado que prefieren la solución militar en relación con las negociaciones políticas. Esta estrategia suicida para el país ha provocado ya varias catástrofes, como la matanza de varias decenas de rehenes de las FARC durante una ofensiva del ejército colombiano.

La estrategia mencionada no sólo no ha resuelto el conflicto sino que, por el contrario, agravó una situación ya muy complicada y provocó una multiplicación de la violencia. Hay que citar, en ese aspecto, el atentado realizado el 7 de febrero de 2003 con un coche-bomba, muy parecido «al perpetrado en Oklahoma City en 1995» [25]. Este atentado, cuya autoría no fue reclamada por las FARC, dejó 33 muertos en un club de la capital.

Washington, garante de la «inestabilidad regional»

En esta estrategia de ir hasta las últimas consecuencias, Estados Unidos tiene más que ganar que Colombia. Convertido en «iniciativa regional para la región andina», el «plan Colombia», «con el pretexto de luchar contra el narcotráfico, apunta a las guerrillas, a un proceso de intervención militar y de absorción de conjuntos subregionales en el marco del gran proyecto del ALCA (Área de Libre Comercio para las Américas) a la cabeza del cual se encuentra Washington» [26].



Los recientes atentados de las FARC contra el oleoducto de Caño Limón, aún siendo defendido este actualmente por los Boinas Verdes estadounidenses, prueban que es imposible controlar el país únicamente mediante el uso de la fuerza. El secuestro de tres mercenarios estadounidenses por la guerrilla en febrero de 2003 es otro ejemplo de ello [27].

El país se encamina lentamente hacia la escalada: un comando estadounidense de 150 miembros de las Fuerzas Especiales fue enviado a Colombia, mientras que continúan los aumentos presupuestarios que concede el Congreso. Todo esto representa una amenaza de «vietnamización» del conflicto. Más allá, lo que está en juego es la estabilidad de toda la región.

Durante la cumbre del Pacto Andino, en marzo de 2003, Colombia fustigó la pasividad de Venezuela en lo tocante a la lucha contra la guerrilla acusando al gobierno de Hugo Chávez de permitir que las FARC utilicen las zonas fronterizas. En cuanto a Panamá, aliado incondicional de Estados Unidos, fue el único país en calificar a las FARC de «organización terrorista».

La idea de un regreso de la región al control de Estados Unidos se va imponiendo. El 22 de abril de 2003, el vicepresidente de la comisión venezolana de Relaciones Exteriores en la Asamblea Nacional, Tarek William, declaró que «Venezuela [no descartaba] una agresión armada de Colombia con ayuda de Estados Unidos» [28].


En septiembre de 2002, ante la amenaza de Washington de poner fin a la ayuda militar, Colombia dio un nuevo paso hacia el vasallaje total al comprometerse a no extraditar a ningún ciudadano estadounidense para que sea juzgado ante la Corte Penal Internacional. En octubre, el gobierno de Álvaro Uribe logró la adopción de un texto legislativo que estipulauna amnistía para los grupos armados que acepten desmovilizarse, texto que en realidad beneficia exclusivamente a los paramilitares de extrema derecha, que son los únicos enfrascados en negociaciones con el gobierno [29].

Las maniobras militares alcanzan una envergadura considerable: más de 600 consejeros estadounidenses se encuentran ya en Colombia, más de 1 000 miembros de las FARC han sido muertos entre agosto de 2002 y julio de 2003, por un número equivalente de rendiciones. En 2002, 14 000 hectáreas de plantaciones de coca fueron destruidas, un record que subrayó el gobierno colombiano. El reciente inicio en Perú del proceso contra Vladimiro Montesinos, que implica a la CIA en untráfico de armas con las FARC, constituye una prueba adicional de la similitud entre las prácticasestadounidenses en Colombia y las utilizadas antes en Nicaragua [30].

Todo lo cual pone cada vez más a Colombia al margen de la comunidad internacional, como lo demuestra el boicot que sufrió Uribe de parte de varios parlamentarios europeos durante su gira por Europa, en febrero de 2004.

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