Históricamente, el Gobierno de los Estados Unidos ha pretendido erigirse como paladín universal de la promoción y protección de los derechos humanos. Anualmente, su Departamento de Estado elabora informes en los que se evalúa la situación de los derechos humanos de los países de los cinco continentes y su Congreso frecuenta realizar audiencias y pronunciamientos sobre este tema. Además, este asunto forma parte de la vocería cotidiana tanto de los “halcones” como de las “palomas” en su ataque contra aquellos Estados que no responden a sus intereses de dominación.
Sin embargo, los Estados Unidos presentan uno de los más graves panoramas en lo referente a la vulneración y menosprecio de los derechos humanos a escala mundial. Este país no ha ratificado los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, incluidos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención de los Derechos del Niño.
Aunado a ello, mantienen en funcionamiento una verdadera vergüenza para la vigencia de los derechos humanos como lo es la cárcel de Guantánamo, han legalizado la práctica de la tortura para la búsqueda de información, mantienen suspendida la vigencia de los derechos civiles de las personas sometidas a su jurisdicción con la aplicación de la denominada “Ley Patriota” y vulneran todos los derechos de los inmigrantes con la aplicación de leyes estadales que autorizan la detención arbitraria y la criminalización de personas.
Como si fuera poco, hace apenas una semana fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento un prisionero del estado de Utah, lo que constituye una clara violación del derecho a la vida y una rememoración de las más oprobiosas prácticas contra la dignidad de la persona humana.
Con esta realidad, resultan insostenibles, vergonzosos y absolutamente cínicos los pronunciamientos de autoridades estadounidenses sobre la situación de derechos humanos de nuestro país, y evidencian la doble moral del gobierno de los Estados Unidos en el abordaje de este importante tema. Y pensar que ese país es sede y principal financista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el mayor sustento económico para supuestas organizaciones de defensa de derechos humanos de Venezuela y el mundo.
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Caracas
