El Parlamento, con sus 785 miembros, adoptó una resolución el 12 de Julio en la que establece su posición sobre un protocolo que modifica el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). El protocolo debe ser aprobado antes de ser ratificado por los 27 gobiernos de la UE.
Acordado por la OMC en diciembre de 2005, el Protocolo daría efecto permanente a una exención al Acuerdo sobre los ADPIC aprobada en 2003. La exención se estableció con el fin de permitir a los países más pobres, cuyas capacidades de fabricación en el sector farmacéutico son insuficientes o inexistentes, abordar las emergencias en materia de salud pública mediante la importación de versiones genéricas más baratas de medicamentos patentados fabricados al amparo de licencias obligatorias.
Sin embargo, en la resolución del Parlamento, que cuenta con el respaldo de diputados de todos los sectores políticos, se señala que hasta ahora ningún país ha notificado su intención de utilizar la exención de 2003 para importar medicamentos.
Hablando durante una sesión del Parlamento el 11 de julio en Estrasburgo, el diputado socialista francés Kader Arif dijo que la exención había resultado ser “demasiado compleja e ineficaz”.
En la resolución del Parlamento se le atribuye a las normas en materia de patentes parte de la responsabilidad respecto a la escasez de medicamentos en países que enfrentan pandemias como la del VIH/SIDA. Señala que antes de la entrada en vigor en 1994 del Acuerdo sobre los ADPIC, la capacidad de algunos países en desarrollo de renta media para producir medicamentos genéricos de bajo costo había aumentado e incluso había países muy pobres que comenzaban a poder importar este tipo de medicamentos, con o sin patente.
La resolución insta a las instituciones de la UE a facilitar “apoyo financiero concreto” a la creación de capacidad en los países pobres para fabricar medicamentos y apoyo político a los países que deseen recurrir a las flexibilidades incluidas en el Acuerdo sobre los ADPIC en casos de emergencia o para fines no comerciales.
Adicionalmente, se manifiesta la preocupación por los intentos realizados por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, para incorporar disposiciones en materia de propiedad intelectual que van más allá del Acuerdo sobre los ADPIC en los Acuerdos de Asociación Económica, los tratados de libre comercio que se negocian actualmente con los países de África, el Caribe y el Pacífico, y que deberán concluir a finales de este año.
Sin embargo, Olli Rehn, Comisario para la Ampliación de la Unión Europea, dijo a los miembros del Parlamento que la Comisión tenía el compromiso de evitar que se incluyera en los Acuerdos de Asociación Económica cualquier disposición que pueda afectar el acceso a los medicamentos. Rehn estaba actuando en representación de Peter Mandelson, Comisario europeo de Comercio.
El Comisario Rehn sostuvo que la actuación de la UE había sido decisiva para conseguir el acuerdo de 150 miembros de la OMC sobre el protocolo. Describiéndolo como “lo que representa un delicado equilibrio que fue difícil de lograr”, Rehn dijo que el acuerdo “puede contribuir a salvar vidas sin menoscabar el sistema de patentes, que es uno de los principales incentivos en la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos”.
Rehn quiso minimizar el significado del hecho de que la exención temporal aún no había sido utilizada. Señaló que “el mecanismo puede operar sin que se haya otorgado ninguna licencia obligatoria”. “La utilidad de las licencias obligatorias recae principalmente en la ventaja que ofrecen a los países en desarrollo en las negociaciones de precios con las compañías farmacéuticas”.
Instó asimismo a las compañías farmacéuticas a utilizar un sistema conocido como sistema de precios diferenciados para vender medicamentos en los países pobres de manera a precios más bajos que en los países ricos. Rehn señaló que en años recientes la UE había asignado 455 millones de euros a la investigación y el desarrollo de enfermedades “relacionadas con la pobreza”. Dijo que “la Comisión está haciendo bastante para ayudar a los países en desarrollo, en particular a los menos desarrollados, a mejorar el acceso a medicamentos asequibles”. “¿Es suficiente? Probablemente no lo es. ¿La Comisión está dispuesta a hacer más? Sí, siempre y cuando tenga los recursos para hacerlo”.
Para entrar en vigor, el Protocolo de la OMC en materia de propiedad intelectual y salud pública deberá ser aprobado por dos terceras partes de los miembros de la OMC a más tardar el 1 de diciembre de 2007. El Salvador, India, Noruega, Filipinas, Corea del Sur, Suiza y los Estados Unidos son hasta ahora los únicos países que han aceptado la modificación permanente del Acuerdo sobre los ADPIC.
Manuel Lobo Antunes, secretario de Asuntos Europeos del gobierno portugués, que dirige en este semestre la presidencia de la UE, dijo que el protocolo permitiría modificar las normas de la OMC “para mejorar la situación de millones de personas en los países en desarrollo”.
Sin embargo, Vittorio Agnoletto, un diputado europeo del grupo de izquierda italiano, insinuó que representantes de otras instituciones europeas no estaban tomando en serio la cuestión del acceso a los medicamentos.
“Si esto no ha funcionado en tres años, ¿tienen Ustedes una varita mágica?”, dijo el diputado. Acusando a los gobiernos de la UE y a la Comisión de mostrar una “total indiferencia” frente a las necesidades sanitarias de los pobres, Agnoletto afirmó que se le estaba pidiendo “a las compañías farmacéuticas hacer caridad sólo porque no éramos capaces de garantizar el acceso a los medicamentos como un derecho”.
El sueco Carl Schlyter, del Partido Verde, señaló que aunque se supone que las patentes proporcionan incentivos para la investigación y el desarrollo de medicamentos, “12 millones de personas mueren cada año a causa de enfermedades tropicales porque no tienen acceso a medicamentos”.
“Cuando se requiere tratamiento médico, uno no debe encontrarse en la situación de tener que decidir entre comprar medicamentos o alimentos para su familia”, añadió Schlyter. “Sin embargo, millones de personas se ven obligados a enfrentar a diario esta situación”.
El liberal italiano Gianluca Susta dijo que las instituciones de la UE “no podían cruzarse de brazos e ignorar” el hecho de que la exención temporal no había mejorado el acceso a los medicamentos. Instó a la UE a garantizar una mayor financiación a la fabricación de medicamentos en países pobres.
David Martin, diputado laborista británico, lamentó que cuatro años después de haberse otorgado la exención temporal aún “no se haya administrado ni un sólo medicamento a un paciente”.
“No estamos pidiendo una renegociación”, afirmó. “Estamos solicitándole a la Comisión que se comprometa a dar apoyo técnico y político para poder utilizar el mecanismo”.
La organización humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF) acogió favorablemente la posición del Parlamento.
“Conocemos las consecuencias negativas que una patente puede llegar a tener en el acceso a medicamentos asequibles”, comentó Alexandra Heumber, funcionario de enlace de MSF ante la UE. “Así que resulta positivo que en el Parlamento haya un consenso sólido en torno a la cuestión. Los diputados están tratando de que la Comisión y los gobiernos de la UE encuentren una solución”.
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