La gerente de Cifabol, Victoria de Urioste, señaló que “se trata de que la industria farmacéutica en el país genere capacidades y habilidades para evitar la concesión de patentes abusivas”.
Con respecto a las “patentes abusivas”, indicó que se dan por mínimos cambios que hacen las empresas farmacéuticas en los medicamentos y que evitan “el acceso a medicamentos que en términos de salud debe ser una prioridad constitucional”.
Para evitar esta situación, Urioste plantea tomar en cuenta cuatro elementos. El primero, la formación de recursos humanos en el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), que ejerzan un trabajo riguroso en el tema de las concesiones. El segundo es tener una regulación nacional que permita aplicar de forma efectiva las salvaguardas a fin de anteponer la salud pública.
Un tercer elemento es el fortalecimiento de la investigación farmacéutica para que se pueda patentar productos. Finalmente se plantea salvaguardar la industria farmacéutica local.
Un documento escrito por Urioste señala “el convenio de la OMC sobre el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) otorga al medicamento patentes que le confieren un mínimo de 20 años de protección exclusiva. Esta situación, ya tiene de por sí un impacto negativo sobre los países en desarrollo, limitando la capacidad de fabricar fármacos más asequibles como alternativa a los productos innovadores y desfavoreciendo así el acceso a medicamentos”.