Brasil: Presidente de Oficina de patentes acusado de violar Código de Conducta de la Administración Federal

Jorge Ávila. Presidente del  Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI)

Jorge Ávila. Presidente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI)

Credito: Amcham

Transnacional estadounidense BIO le dictó cursos a los propios examinadores de patentes brasileños
El Grupo de Trabajo de Propiedad Intelectual (GTPI) de Brasil envió una denuncia a la Comisión de Ética Pública para que sea investigada una supuesta infracción por parte del presidente del  Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de ese país, Jorge Ávila,  por violar el Código de Conducta de la Alta Administración Federal (CCAAF).

La denuncia fue motivada por la realización de un Taller en la sede del INPI los días 18 y 19 por la Biotechnology Industry Organization (BIO), una "asociación de comercio" (trade association) con base en los Estados Unidos que congrega empresas privadas que trabajan con biotecnología.
En la programación del evento se incluye el objetivo de capacitar a los examinadores para el análisis de los requisitos necesarios para la concesión de una patente en el área de la biotecnológica.

Después del evento, el INPI divulgó una nota en la que se destaca el aspecto técnico de la reunión: "El encuentro siguió con debates sobre temas técnicos relacionados a las patentes de biotecnología, como productos aislados de la naturaleza; el concepto de obviedad; familias de patentes; sumatoria de solicitudes, y patentes relacionadas a recursos genéticos".

De acuerdo con GTPI, se trata de un caso innegable de conflicto de intereses, pues, en la práctica, el regulado (organización privada) que ansía la concesión de patentes, está influenciando directamente al regulador (el INPI), responsable por la concesión de la patente.

El propio sindicato de examinadores del INPI clasificó la iniciativa como una exposición de los funcionarios al lobby de las empresas extranjeras.
En materia publicada por el diario "Estado de São Paulo", la dirección del INPI alega que los examinadores si deben tener contacto los "usuarios" en el caso de las empresas que solicitan patentes y que no pueden discriminar empresas extranjeras en la prestación de servicios públicos ofrecidos por el INPI.

EL GTPI considera que en este caso el promotor del evento, la BIO, tiene un interés directo en la decisión de la autoridad pública en cuestión, el INPI, y por eso, este workshop para capacitar examinadores coloca en riesgo la integridad ética de la administración. Existen muchos criterios en el análisis de una patente que pueden ser aplicados de forma más rigurosa o más flexible.

Es evidente que las empresas representadas por la BIO, tienen interés en un análisis más flexible de modo que puedan obtener más patentes. También es evidente que el examinador, aunque expuesto a una situación de lobby como esta, tiene poder de discernimiento. Pero por encima de todo es evidente que un ente de autarquía federal como el INPI no debe incurrir en el favorecimiento de intereses privados y debe siempre tener el interés público nacional como norte de sus decisiones. Además de la antiética, esa postura, en la medida en que puede estimular un patentamiento excesivo, puede generar monopolios indebidos sobre tecnologías de interés público, dificultando así el acceso a ellas.


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