La IFPI, la mayor asociación internacional de compañías
discográficas (representa a unas 1.400) ha elaborado un documento con
las medidas que los proveedores de acceso (ISP) deberían implantar para
impedir el intercambio de música. El trío de medidas estaría formado
por el filtrado de contenidos protegidos, y el bloqueo tanto de los
programas de intercambio P2P como del acceso a páginas conocidas como
fuente de archivos.
La Fundación Fronteras Electrónicas (EFF),
una asociación que ha llevado a los tribunales a la industria musical
estadounidense y que creó su sección europea este año, ha tenido acceso
al documento. En él, la IFPI recuerda que en 2006 hubo unos 20.000
millones de descargas musicales en el mundo. Para detener la sangría de
ingresos, las discográficas insisten en la necesidad de que los
proveedores de acceso instalen tres medidas que son viables
técnicamente y asumibles económicamente.
La primera sería filtrar
el tráfico de Internet a la caza de archivos musicales. Las canciones
protegidas por derechos de autor llevan una marca digital
que permitiría su detección y bloqueo. Esta tecnología y las bases de
datos con las listas de archivos ya están siendo desarrolladas e,
incluso, algunos programas como Kazaa lo usan, tras haber pasado por
los tribunales.
Una segunda medida que la IFPI vería con buenos
ojos es el bloqueo de determinados protocolos. Cada servicio de
Internet, como el correo electrónico o la navegación por la web, usa un
protocolo concreto. Lo que quiere la industria musical es que lo
proveedores impidan a sus clientes el acceso a los programas de
intercambio de archivos, P2P, mediante el bloqueo del tráfico de sus
protocolos o al menos el de los programas más conocidos.
Por
último, la organización que representa a asociaciones de 49 países
plantea que los ISP eviten que sus usuarios accedan a páginas web donde
se intercambia y que estén alojados en otro ISP o país. Su ejemplo es
Pirate Bay, un sitio sueco que alberga archivos tipo “.torrent”, usados por programas como BitTorrent.
El
coordinador de la sección europea de la EFF, Erik Josefsson, envió una
carta la semana pasada al Comité de Cultura y Educación del Parlamento
Europeo. Pedía el rechazo de cualquier intento de filtrado de
contenidos en la Red. Argumenta que estas medidas irían contra los
derechos de los consumidores europeos, que el filtrado perjudicaría a
la innovación en Europa y que, al final, serviría de poco, ya que los
usuarios siempre podrían encriptar los archivos y ocultar su contenido.
Por
su parte, la oficina regional de la IFPI, aunque reconoce la existencia
del documento, niega que haya enviado ningún informe oficial a los
legisladores europeos.
La ‘SGAE’ gala vigilará eMule y otros programas
El informe Olivennes da sus primeros frutos
La
sociedad de gestión de derechos de autor francesa, SACEM, ha conseguido
de la Comisión Nacional de Informática y Libertades autorización para
vigilar el tráfico en los programas de intercambio de archivos. La
‘SGAE’ gala podrá así investigar hasta conseguir la dirección IP de los
usuarios. No obstante, será un juez el que autorice su identificación.
La petición estaba bloqueada desde 2005.
Una autoridad pública sancionará a los usuarios
El
informe Olivennes prevé la creación de un organismo con capacidad de
recoger las denuncias de la SACEM y sancionar a los internautas,
pudiendo llegar a decretar su desconexión de la Red.