En general, las empresas de software no tomaron medidas tecnológicas para evitar el copiado y aquellas que lo hicieron, sus productos simplemente desaparecieron del mercado. A sabiendas que la mayoría de las personas del mundo no pueden pagar los altos precios de las licencias, las empresas del software, inicialmente, adoptaron una conducta permisiva frente a la práctica del copiado, inclusive se aprovecharon del comercio informal (buhonería), quienes invirtieron sus propios recursos en equipos de reproducción, insumo y personal, para finalmente difundir eficiente e instantáneamente el software de las corporaciones.

En la década de los noventa, una vez generalizado el uso del software y generada la dependencia, la industria adoptó una estrategia para obligar, a quienes tenían el poder adquisitivo, a pagar por las licencias. La BSA (Business Software Alliance), organización de la industria informática, inició una cruzada para coaccionar judicialmente a un número de empresas grandes y bancos que aún operaban con copias no autorizadas, con la único propósito que estos adquieran las licencias, acompañado de una fuerte campaña publicitaria de amedrentamiento, lograron en Venezuela “poner a derecho” a este sector. Simultáneamente iniciaron un lobby, con gran éxito, en las instituciones estatales para vender las licencias. Solo quedaban las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME's), incluyendo las del sector comercio, y personas en sus hogares usando software sin licenciamiento.

La BSA y Microsoft intentaron sin éxito impulsar en Venezuela, en el año 2002, una Ley parecida a la Ley colombiana 603 de 2000, la cual es una estrategia “malvadamente ingeniosa”, por la cual se modifica el artículo 47 de la Ley 222 de 1995 que a su vez modifica el Libro II del Código de Comercio, agregando que las Sociedades en su informe de gestión, para fines de la declaración del impuesto, deberá incluir una exposición fiel del estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Así también, dice en su artículo 2 que: “Las autoridades tributarias colombianas podrán verificar el estado de cumplimiento de las normas sobre derechos de autor por parte de las sociedades para impedir que, a través de su violación, también se evadan tributos.” Estas disposiciones no afectan a las personas naturales sino a las jurídicas, quienes podrían tener el poder adquisitivo para obtener las licencias. Convierte un derecho de acción privada en un delito fiscal, de acción pública, es así que el Estado debe actuar de oficio para sancionar y los fiscales de la hacienda pública se convierten en los mejores vendedores de software mientras verifican la declaración hecha bajo juramento.

Algo similar sucede en el sector discográfico. Podemos encontrar música copiada en las calles de cualquier ciudad en nuestro país y sin embargo existen cero (0) denuncias ante la Fiscalía 18 (especializada en derechos de autor) contra los buhoneros o trabajadores informales por parte de las disqueras. Tampoco lo pueden hacer, ya que los representantes nacionales no poseen los poderes para actuar jurídicamente en nombre de la casa matriz, poseedora de los derechos de autor. Solo están autorizados a comercializar localmente los productos.

Sin embargo, uno se pregunta ¿por qué entonces las implacables campañas mediáticas de satanización y criminalización contra quién hacen copias, como medio para ganarse la vida, los cuales son tildados de ladrones y quienes las compran son acusados de ayudar a financiar el terrorismo y el crimen organizado?.

Pudieramos pensar que la industria del disco se beneficia de la “piratería”. Que tienen un interés encubierto para promocionar a sus artistas en aquellos países donde la gente no tiene dinero para adquirir versiones originales a precios abusivos. Incluso podemos pensar también que las mismas compañías de grabación pueden estar distribuyendo parte de las “copias piratas”.

Parece una contradicción pensar que se benefician con la “piratería”, pero en realidad las disqueras no dejan de vender. Las “copias piratas” van dirigidas a un estrato del mercado que no podría comprar permanentemente los Cd's de música en las tiendas, pero eventualmente si podría pagar una entrada al concierto de su artista favorito, el cual escuchó a través de una “copia pirata”. Algunos artistas son obligados por sus disqueras a pronunciarse públicamente contra la “piratería”, pero en privado reconocen que se han beneficiado de esta actividad “ilegal” percibiendo mayores ingresos por taquilla en los conciertos frente al infimo porcentaje por regalias que reciben por las copias que declaran reproducir las disqueras. Es decir, la primera piratería (sin comillas) es la que cometen las compañias discográficas contra sus autores y artistas al reportar un número menor al tiraje con el fin de evadir el pago de impuestos al fisco nacional.

Una estrategia perversa aplican las disqueras en ciertas épocas del año, en la que la mayoría de la población recibe bonificaciones laborales extraordinarias, como por ejemplo: el pago del bono vacacional, aguinaldos o utilidades, que aumentan el poder adquisitivo, en estos momentos las compañiías pretenden que de oficio la policía realice redadas, con el pretexto que la “piratería” está dañando la economía y perjudicando los talentos nacionales, para perseguir a los vendedores de la calle e incautarles sus productos con el fin de disminuir la disponibilidad de “copias piratas” y así aumentar sus ventas en las tiendas.

Las disqueras, los supuestos afectados, son los que deben iniciar los procesos judiciales para impedir la “piratería” y no lo hacen. Mientras tanto presionan politicamente a nuestras instituciones y nuestros gobiernos son amenazados con sanciones comerciales y otras penas si no le defendemos el “negocio” a las multinacionales.

No hay duda que la actividad de “piratear” música es nociva en el aspecto que facilita la transculturización y arropa la cultura local con la foránea. Sin embargo según Alan Story en “The copy south dossier” opina que los “piratas posibilitan la distribución de tecnología, información y entretenimiento a bajo costo para millones de personas quienes de otra forma no podrían acceder a ellas o costearlas.”

Debemos evitar el uso del término “piratería” ya que es peyorativo y criminalizador, las empresas multinacionales a propósito lo emplean con frecuencia para asociarlo a la reproducción local o artesanal. Así, generan la matriz de opinión de que todos los productos manufacturados por nuestras industrias como por ejemplo: calzados, pantalones o medicamentos genéricos, son, según ellos, “productos piratas” y solo los producidos en las grandes metrópolis con procesos que emplean alta tecnología son los “genuinos”.