“Si Rosales no acata la orden del tribunal podría enfrentar sanciones penales”, así lo expresó Rebeca Del Gallego, representante legal del Sindicato de Obreros de la Gobernación del Zulia.
Del Gallego también confirmó que ayer, el Juzgado en lo Civil y Contensioso Administrativo de la Región Occidental, a cargo de la jueza Gloria Urdaneta de Montanari, publicó la sentencia en la que ordena al Ejecutivo regional la cancelación inmediata de los 50,1 millardos de bolívares a los 45 mil trabajadores por concepto de pasivos laborales atrasados.
La asesora quien acudió a PANORAMA junto con los representantes sindicales, Liliana Marrufo, Albín López, Gustavo Bastidas, Hugo García, Luis Silva, el sargento Raúl González y un grupo de obreros jubilados, pensionados, sobrevivientes de la Gobernación manifestó que “ahora ellos tendrán que presentar la data con todo lo que le adeudan al personal, aunque están en su derecho a apelar la decisión de la jueza”.
El dictamen dice: “Que declara con lugar la presente acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Angel Prieto y otros en contra de la Gobernación del estado Zulia y se ordena a la entidad federal que las cantidades de dinero retenidas según la medida cautelar dictada por este órgano jurisdiccional en fecha 10 de octubre de 2006 y ampliada según decisión de fecha 27 de octubre sean destinadas por dicha Gobernación única y exclusivamente al pago de los conceptos adeudos a los accionantes y al personal activo, pensionado y jubilado previa determinación de dichos conceptos por el ente respectivo (...)”.
Por su parte, Marrufo, secretaria general de la organización sindical expresó que con esta acción legal “el Ejecutivo quiera o no quiera tendrá que sentarse a dialogar con nosotros que seguire mos en esta la lucha”.
