"Así como peca el médico ignorante metiéndose a curar, así el abogado inepto tomando una defensa”
P. Francisco de Vitoria
La Inspectoría del Trabajo de Ciudad Bolívar, ente que le corresponde velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) en la ciudad, se encuentra actualmente ubicada en el paseo Orinoco, Edificio Casa Alta, último piso. El edificio posee unas escaleras de madera que sirven de acceso y comunican un nivel con otro, pero el paso del tiempo y la falta de mantenimiento han hechos estragos en las mismas, ¡son evidentes los signos de deterioro¡ a tal extremo es visible tal condición peligrosa, que los ocupantes y transeúntes de los locales de la parte baja, advierten preocupado: “por favor suban pegados del lado izquierdo y se sostienen fuerte”.
Las instalaciones defectuosas donde se encuentra ubicada la Inspectoría constituyen un ejemplo de Las “condiciones peligrosas”, definidas doctrinariamente como las provocadas por defectos en la infraestructura, en las instalaciones, en las condiciones del puesto de trabajo o en los métodos de trabajo. Ese es el recorrido inseguro que deben hacer diariamente los trabajadores y funcionarios de la Inspectoría, esos mismos funcionarios, esos abogados que deben velar por el cumplimiento de las normas contenidas en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras y muchos se preguntaran con razón ¿Pero si no defiende ni su derecho a trabajar en un sitio seguro, podrán defender los de otras personas?.
El derecho de trabajar en condiciones seguras se encuentra regulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 87 que señala “…Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones...”
En la LOTTT, el artículo 43 señala: “Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores o trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuado, y son responsables por los accidentes laborales ocurridos y enfermedades ocupacionales acontecidas a los trabajadores, trabajadoras, aprendices, pasantes, becarios y becarias en la entidad de trabajo, o con motivo de causas relacionadas con el trabajo. La responsabilidad del patrono o patrona se establecerá exista o no culpa o negligencia de su parte o de los trabajadores, trabajadoras, aprendices, pasantes, becarios o becarias, y se procederá conforme a esta Ley en materia de salud y seguridad laboral.”
Existe una ley que es imposible no mencionar al hablar de seguridad laboral: la Ley Orgánica Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT) y el INPSASEL, ese Instituto autónomo adscrito al Ministerio del Trabajo es el encargado que la LOPCYMAT se cumpla. La Inspectoría del Trabajo y el INPASEL deben trabajar en conjunto en la defensa de los derechos de los trabajadores.
Ahora bien, ese Ciudadano común que acude a la Inspectoría, en busca de información o solicitando que se le restituya algún derecho violentado por el patrono, debe someterse a un nuevo acto violatorio de derecho, el recorrer ese camino peligroso, esas escaleras que casi se caen y las cuales constituyen el paso obligado para acceder al “equipo de personas” que defenderán sus derechos.
El silencio ante esta situación ha involucrado no solo a los funcionarios que allí laboran, sino mucho más grave también a los Abogados de patronos y trabajadores que diariamente acuden allí, un silencio de ese gremio de profesionales que conocemos las leyes y juramos hacerla cumplir. Honremos con el ejemplo y la práctica unas leyes laborales que protegen a los trabajadores y que son herramientas valiosas para lograr mejorar la calidad de vida de los habitantes de este país.
Que la apatía y la ineptitud no gobiernen nuestros días y no seamos ejemplo viviente de ese dicho popular “casa de herrero cuchillo de palo”.
mariacarolinaturaren@hotmail.com
Abogada. Profesora Universitaria