Diagnóstico, elaboración de un plan, evaluación presupuestaria, ejecución de proyecto y la contraloría comunal conforman los cinco pilares para el trabajo comunitario. Aló Presidente alcanzó 43% de sintonía en la segunda hora de transmisión.

En el proceso de arranque de los motores constituyentes de la nueva era del Gobierno Bolivariano el presidente Hugo Chávez recomendó a los Consejos Comunales varios pasos para la optimización de los resultados en lo que definió como el Ciclo del Poder Comunal, que consta de cinco aspectos básicos que espera sirvan de guía para el trabajo de estas instancias de organización.

Estos lineamientos permitirán alcanzar la máxima efectividad en la explosión del poder popular que se produce en Venezuela.

Los pasos presentados por el jefe de Estado este domingo durante el Aló Presidente inician con la realización por parte de los Consejos del diagnóstico comunal, que debe apuntar hacia acelerar el trabajo en las comunidades. En esencia nadie mejor que la misma comunidad puede reconocer su problemática.

A ello debe seguir la elaboración de un plan comunal, en el que se fijarán los objetivos y metas, que no tiene que ser para una obra nada más sino que puede incluir varias soluciones y que puede extenderse a varios años por lo que recomendó a las comunidades proyectar un plan de desarrollo a tres o cuatro años.

"No nos limitemos a la pequeña obra, vamos, en el plan comunal Jorge (Rodríguez), a planes de mayor envergadura y prepárese el pueblo para recibir mayor transferencia de poder. El poder para el pueblo", explicó el jefe de Estado.

A su juicio la planificación se debe hacer en base al diagnóstico, a las prioridades y a los recursos que el Gobierno Bolivariano está obligado a proveerles. Este último estaría vinculado al tercer lineamiento que tiene que ver con el presupuesto comunal.

Dijo que en 2006 se habló de un tope de 30 millones de bolívares para el financiamiento de los Consejos Comunales, situación de la que difirió por considerar que de acuerdo a la zona cada instancia de poder popular tiene diferencias en las necesidades. Por esta razón pidió al titular de Finanzas, Rodrigo Cabeza evaluar la situación para sugerir la flexibilización de este particular que pudiera alcanzar el triple o hasta cuatro veces más la cifra manejada el año pasado.

En cuarto lugar dentro del Ciclo señaló el desarrollo y ejecución de los proyectos comunales.

Hizo un aparte para apuntar que los Consejos Comunales también deben dedicar esfuerzos a la generación de recursos para su posterior distribución en condiciones de igualdad.

Por último, se refirió al quinto lineamiento del proceso que es el de la Contraloría Comunal. Los cinco aspectos que definió como guía del proceso revolucionario de impulso y consolidación del poder popular en el país serán plasmados y desarrollados de manera más avanzada, tal y como lo recomendó el mandatario nacional al Vicepresidente Ejecutivo y cabeza del Gabinete Habilitante, Jorge Rodríguez, en leyes.

Recomendó organizar la red del poder comunal mediante la instalación de teléfono, Internet y otros medios de comunicación para establecer una red de información y conexión entre las instancias del poder. De allí que consideró de suma importancia el inició inmediato del proceso de nacionalización de la Cantv, para lo que instruyó al ministro del Poder Popular para las Telecomunicación e Informática, Jesse Chacón, para que inicie en la brevedad los pasos para la retoma por parte del Estado de este servicio público.

Cambios habilitantes

Entre los aspectos que recomendó revisar contó la metodología del presupuesto nacional.

Asimismo anunció reformas, por la vía de de la habilitante, para la Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (Fides) y la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE), en las que consideró se debe incrementar el porcentaje de recursos que se distribuye por esta vía, así como dar un vuelco al modelo y concepto de las normativas.

También a nivel de la Constitución mencionó la necesidad de cambiar la manera como se estipula el situado constitucional, que "es una partida equivalente a un máximo del veinte por ciento del total de los ingresos ordinarios estimados anualmente por el Fisco Nacional, la cual se distribuirá entre los estados y el Distrito Capital en la forma siguiente: un treinta por ciento de dicho porcentaje por partes iguales, y el setenta por ciento restante en proporción a la población de cada una de dichas entidades".

"Eso está hecho con bases injustas", acotó.