Caracas, 16 Ago. ABN
(Angélica Antía Azuaje).- La Organización de Usuarios y Consumidores
(OCU Venezuela) considera que la futura Ley de preventas inmobiliarias
frenará la especulación con el financiamiento de viviendas, según
considera el titular de esta asociación gremial, Wolgfang Cardozo
Espinel.
En efecto, explicó que el Proyecto de Ley de preventas inmobiliarias
está compuesto de 21 artículos, en los cuales se establecerán las
reglas tanto para las constructoras, inmobiliarias como para los
compradores.
“Aplaudimos la iniciativa de la Asamblea Nacional toda vez que viene a
frenar la especulación en los distintos tipos de financiamientos en
materia de vivienda”.
Al respecto, explicó que dicho proyecto contempla que todos los
contratos de inmuebles tendrán que establecer, entre otras cosas: la
fecha de culminación de la obra, la cual no podrá exceder de 24 meses;
la fecha de la firma del protocolo, el precio definitivo del inmueble y
la descripción interna de la vivienda, sea casa o apartamento.
“Sobre todo apoyamos e insistimos en la prohibición expresa del cobro
del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en materia inmobiliaria”.
De hecho, indicó que la diputada Laura Valls, presidenta de la
Subcomisión de Viviendas, señaló el viernes pasado que en dos semanas
estará concluido el informe final de la citada legislación.
Este nuevo instrumento de ley faculta al Ejecutivo Nacional a
intervenir la obra cuando las constructoras, por problemas técnicos, no
puedan concluir el desarrollo habitacional en el tiempo establecido.
Valls dijo que una vez el instrumento haya sido aprobado por los
miembros de la Comisión Permanente de Administración y Servicios, será
remitido a la Secretaría de la institución para que la directiva decida
la fecha de su primera discusión en plenaria.
En el proyecto se elimina en forma definitiva el cobro del INPC,
también se establecen las fórmulas para calcular el pago de intereses y
la cancelación de las cuotas tomando como referencia los requisitos
bancarios. Además, se ordena establecer un cronograma para la
protocolización o entrega formal del título de propiedad a los
compradores.
La Subcomisión de Viviendas denunció, refiere Cardozo Espinel, que
algunas constructoras todavía se rehúsan a cumplir la resolución que
sobre la materia emitió el Ministerio de Obras Públicas y Viviendas, a
través de la cual se prohíbe el cobro del Indice de Precios al
Consumidor.
