Esta semana, como parte de mis actividades de investigación, he sostenido varios encuentros con activistas e investigadores para compartir información, ideas y experiencias sobre las modalidades de participación en Venezuela. Buscamos sopesar, entre otras cosas, las posibilidades de que de estas modalidades derive un Poder Popular robusto, plural, autónomo y democrático, capaz de contribuir a que Venezuela en el siglo XXI alcance la aspiración de darle a todos(as) una vida mejor.

"Todos somos invasores". Esta frase surgió de una reunión donde debatíamos si el movimiento popular venezolano tiene potencial para ser autónomo, dadas las características del Petroestado y de nuestra cultura popular paternalista y clientelar. La planteó un dirigente comunitario queriendo decir que la mayoría de las familias pobres alguna vez dejaron atrás sus pasados y se atrevieron, junto con otras familias, a ocupar un terreno ilícitamente. Para esta acción hizo falta audacia, organización, sacrificio, solidaridad, creatividad, atributos que portan el potencial para la autonomía. También señaló la estigmatización que acompaña en los inicios a estas familias, y cómo en un principio carecen de cualquier servicio básico, de cualquier derecho humano, de donde surgen las luchas que acometen por el agua, la luz y demás derechos que van arrancando a los gobiernos de turno. Esta es la dinámica "desde abajo" que le da a nuestras comunidades un potencial para construir un poder popular robusto e independiente de los gobiernos.

En sentido contrario, los gobiernos a lo largo de casi un siglo han sido incapaces de responder adecuadamente a las necesidades de las familias pobres. Nuestros gobiernos, incluyendo el actual, han actuado espasmódicamente y con una visión cortoplacista ante el fenómeno migratorio de nuestra población a las urbes. Los del pasado, en su mayoría optaron por negar e ignorar el problema.

Durante décadas, los mapas de nuestras ciudades tuvieron estas absurdas zonas verdes en el lugar donde viven miles de familias. El Estado con ello los declaraba inexistentes, excluidos, no ciudadanos. Sin embargo, cuando se necesitaba del voto popular para perpetuarse en el poder, los líderes subían cerro, regalaban bloques, láminas de zinc, tubos, y otros materiales. En ocasiones, el Gobierno también proporcionaba servicios de mala calidad y sin mayor planificación.

Nuestras ciudades son un combinado de áreas que fueron planificadas y áreas que por carecer de cualquier planificación tienen servicios malos, irracionales. Hoy esta situación es difícil de enderezar. Nuestras ciudades están en riesgo, tal y como lo revela con toda su crudeza la tragedia del barrio La Pedrera.

El Petroestado. La relación espasmódica, despelotada y condicionada por necesidades coyunturales o electorales del Estado con el pueblo, ha debilitado la autonomía potencial del poder popular. Esas láminas de zinc, o los malos servicios otorgados sin responder a una planificación responsable, han estado intrínsecamente vinculados a la cultura clientelar de nuestro régimen político. Ello ha truncado permanentemente la posibilidad del desarrollo de una relación sana entre el movimiento popular y el Estado. El Petroestado con sus cuantiosos recursos ha creado una sociedad débil para organizarse, pendiente siempre de él para solucionar sus problemas, insensible hacia las tragedias cotidianas que la inseguridad, la pobreza, la irracionalidad urbana provocan a diario en este país. Los venezolanos esperan que sea el Estado quien responda, y éste responde de modo ineficaz, poco institucional, siguiendo una conducta reactiva y clientelar. Me comentaba una periodista de este mismo diario, que después de un mes reseñando la tragedia del barrio La Pedrera, las respuestas tanto del Gobierno como de la sociedad han sido escasas. Esa tragedia forma parte de nuestra cotidianidad de país provisional. Somos, dijo alguien, un campamento minero grandote donde todos estamos de paso para aprovechar la mina lo más y más rápido posible. Así no puede haber sociedad civil ni poder popular sano, democrático, autónomo.

Ni tampoco un Estado para todos.

Otra vez, La Pedrera. Subí a La Pedrera y pude ser testigo de la devastación. Es como el deslave de 1999 pero a escala de un barrio.

Supe que en 1994 un informe levantado por la UCV señaló que los suelos de La Pedrera eran de alto riesgo, y sólo una intervención compleja y planificada podría hacerlos aptos como asentamiento urbano. El Gobierno, ni antes ni ahora, hizo caso. Con una visión bienintencionada pero miope, Hidrocapital apoyó a la comunidad de La Pedrera para un proyecto de reemplazo de sus tuberías de aguas servidas y potables a través de la mesa técnica de agua. El Gobierno les otorgó Bs. 800 millones. Si bien pareció loable, lo cierto fue que faltó un diagnóstico y una planificación integral que hubiera advertido de los males que aquejaban esos suelos. Ahora, a un mes de la tragedia y ante la inminencia de lo que pudiera ser el derrumbe definitivo del barrio en los próximos días, a falta de mejor solución y en espera de otras promesas gubernamentales las familias han comenzado a irse a un refugio en los Valles del Tuy. ¿Puede haber autonomía popular en estas condiciones? Mientras tanto sigue la orgía electoral.

Las Ocas. Al igual que las mesas técnicas de agua, en mi investigación seguí otra modalidad participativa, las organizaciones comunitarias autogestionarias u Ocas, concebidas con la participación de profesionales y técnicos urbanistas en los años 90 para gestionar la solución integral a los graves problemas de rehabilitación física de nuestros barrios populares. Las Ocas fueron apoyadas e impulsadas en dos momentos distintos por el primer gobierno de Chávez a través de Conavi y el Ministerio de Vivienda. Después les retiró el apoyo truncando la experiencia.

A diferencia de las mesas técnicas de agua, las Ocas actúan desde una visión global de los problemas del barrio. Y distintas de los consejos comunales, que por ley sólo pueden tener 400 familias, éstas tienen una escala más grande, en promedio unas 2.000 familias, porque acometen la habilitación física de los barrios desde unidades territoriales apropiadas técnicamente para ello. Además, en su perspectiva, el fortalecimiento del poder popular se logra a través de la gestión de problemas urgentes y concretos, no de una idea abstracta de autogobierno. Delegando a ellas recursos públicos, y con los apoyos gubernamentales y técnicos necesarios, estas organizaciones, que fueron concebidas como parte de la sociedad civil y no como parte del Estado como sucede con los consejos comunales, podrían paulatinamente lograr que cuaje en la sociedad venezolana un poder popular autónomo "desde abajo". ¿Por qué fueron desechadas a favor de los consejos comunales que se forman "desde arriba"? Faltan respuestas convincentes. Eché de menos durante estos meses la falta de voluntad para un debate amplio con todos. Es una pena que lo logrado en el primer gobierno de Chávez con relación al Poder Popular pueda perderse al calor de una coyuntura electoral donde los espacios para la reflexión y el intercambio fueron polarizados impidiendo la riqueza del diálogo e intercambio de ideas.

malopez@reacciun.ve