Transformar el Estado, una de las atribuciones de la Asamblea Nacional Constituyente, presupone transformar el Poder Público; muy diferente a lo que significa incorporar el Poder Popular en el texto constitucional, el cual, como institución fundamentalmente social, sí está estrechamente unido al pueblo, al conjunto de los ciudadanos. En otras palabras, el Poder Popular es totalmente diferente, por esencia, del Estado.
Recordemos que el Poder Púbico surgió de las constituciones señoriales, del constitucionalismo liberal-burgués; el cual siempre ha obedecido al poder fáctico extra-legal y secreto de los propietarios, imponiendo su hegemonía política, social, económica y cultural sobre la sociedad, así como el monopolio de la violencia por parte del Estado que surgió mucho antes en la sociedad ateniense, principalmente como poder jurídico. Aclarando que el término "violencia" en este contexto, no implica necesariamente represión física, sino fundamentalmente explotación, enajenación, sometimiento ideológico, transculturización pequeño-burguesa y hoy en día, globalización económico-mercantil; mediante la cual y como consecuencia de dicha violencia, los seres humanos en sociedad, pierden identidad, principios y valores propios de cada cultura.
De allí que la soberanía de hecho y de derecho, que debería ejercer el pueblo venezolano (artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), se debilita en esa unión de lo fáctico con lo jurídico, del opresor con el órgano, de lo objetivo con lo subjetivo; debilidad que se acentúa aún más, al separar lo privado y patrimonial de lo público y social, lo sagrado y divino de lo profano y mundano. No nos extrañe entonces que la burguesía asocie la expropiación y confiscación de grandes propiedades y medios de producción mercantil, con la tiranía y la violación de los derechos humanos; rechazando toda intromisión del Estado, cuyo único principio, para el liberalismo burgués, es el abstencionismo económico y la neutralidad política, es decir, el Estado a su medida como ente pasivo, como poder establecido, como poder constituido a su servicio para refrenar los antagonismos de clase.
Por eso, el Poder Popular emerge en la Revolución Bolivariana y Chavista, como centro de gravedad político, económico, social y cultural en Venezuela, para dominar la riqueza y enfrentar la justicia privada; para romper históricamente el cordón umbilical entre la burguesía y el Estado, e impedir que la Constitución siga siendo concebida como una máquina o instrumento ajeno a los intereses del pueblo venezolano. Mejor aún, finiquitar el estadio superior de la barbarie capitalista en Venezuela, quebrantando el Estado y por ende la hegemonía ideológico-burguesa sobre la sociedad venezolana y el ordenamiento jurídico a su merced. Es decir, el Poder Popular (gens popular bajo una forma superior) alzándose sobre las ruinas del Estado.
Finiquito aunado a transformar radicalmente las funciones de los órganos del Poder Público que emanan de la soberanía popular, sometiéndolos al Poder Popular y a sus estructuras, como máximos entes de gobierno en diversas escalas político-territoriales, conectados con diferentes instancias político-administrativas del Poder Público.
