En una carta dirigida por la juez Segunda de Control, abogada Marily Castillo Boniel, a la Presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, abogada Jacqueline Fernández, quedó confirmada las relaciones que mantiene el gobernador zuliano Manuel Rosales con la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por sus siglas en ingles), denuncia dada a conocer por José Vicente Rangel en su programa televisivo del pasado domingo 12 de agosto del año en curso.

En el programa José Vicente Hoy, que se transmite todos los domingos por Televen, el ex presidente de la República reveló concretamente que “semanas atrás hubo una importante reunión de personas vinculadas a la CIA, la DEA, sectores de oposición y organismos de seguridad en una finca del gobernador Manuel Rosales en el Zulia”. Rangel agregó además que “el Gobierno nacional tiene información acerca de esta reunión”.

En esa ocasión, el gobernador Manuel Rosales le salió al paso a las acusaciones que hiciera Rangel al involucrarlo de presidir reuniones para desestabilizar al Gobierno nacional. En tal sentido, Rosales aseguró que el ex vicepresidente de la República “pretende montar una olla podrida para destruir su imagen y descalificar su gestión”. Pero la realidad demostrada por la mencionada carta de la juez Castillo Boniel, le da toda la razón a Rangel.

TESTIGO Y DENUNCIANTE

Una reproducción de la referida carta firmada por la juez Segunda de Control, abogada Marily Castillo Boniel, fue publicada por el semanario zuliano Qué Pasa en su edición Nº. 194, correspondiente a la semana del 17 al 23 de agosto del año en curso. Con llamada en primera página (“Presidenta del Circuito Penal se encompincha con el imperio”) y título desplegado en páginas interiores (“Juez de Control es testigo y denunciante de la presencia de la DEA en el Zulia”), el semanario dirigido por el periodista Gastón Guisandes publica la mencionada nota de prensa, que confirma en gran parte lo dicho por José Vicente Rangel.

En su escrito dirigido a la Presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, abogada Jacqueline Fernández, la juez Castillo Boniel hace referencia a una correspondencia fechada el 4 de junio del 2007, mediante la cual fueron convocados todos los jueces de primera instancia en funciones de control y juicio, adscritos al Circuito Judicial Penal de la región zuliana, a participar en el Curso de Cadena de Custodia dictado el pasado miércoles 6 de junio por la doctora Olga Nieto, Fiscal de la República de Colombia.

Al establecer una correlación entre lo dicho por José Vicente Rangel (“semanas atrás hubo una importante reunión de personas vinculadas a la CIA, la DEA, sectores de oposición y organismos de seguridad en una finca del gobernador Manuel Rosales en el Zulia”) con la fecha cuando se efectuó el referido curso, la denuncia del ex presidente ejecutivo de la República se confirma en gran medida.

PROYECTO ANTINARCÓTICO

ROSALESÓN DEL ZULIA- DEA- COLOMBIA

La juez Castillo Boniel resalta en su correspondencia que la fiscal colombiana fue presentada por la Presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, abogada Jacqueline Fernández. Destaca también que en la actividad estuvieron presentes, entre otros, “el secretario de Seguridad del Estado Zulia, José Sánchez Montiel, ‘Mazuco’, Biagio Parisi, Director Presidente de la Policía Municipal de San Francisco; Elí Saúl Montiel Canario, Director de la Policía Regional del Estado Zulia; y así mismo de personeros norteamericanos de la Unidad Antinarcóticos de la DEA, de la Embajada de Estados Unidos”.

Revela la juez Castillo Boniel que la fiscal colombiana Olga Nieto refirió que “se encontraba en el estado Zulia en razón de la presentación de un Proyecto de Cooperación Internacional entre el Gobierno Regional y Colombia, con especial referencia a la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada”.

Según la juez, Nieto manifestó en su exposición que el área de acción de éste proyecto era fortalecer la justicia e investigación criminal, con énfasis en la investigación del narcotráfico, teniendo como destinatarios del proyecto a los funcionarios de la República Bolivariana de Venezuela.

La juez Castillo Boniel destaca que la fiscal colombiana explicó ante los presentes “los antecedentes de ese proyecto, cómo sería su desarrollo, los ciclos, los costos en dólares, la metodología, los indicadores de gestión e inclusive presentando unas encuestas en varias categorías de delitos sobre el presente y futuro de la cadena de custodia”.

Al cuestionar el Proyecto que adelanta Colombia y Estados Unidos con la Gobernación del Estado Zulia, la juez Segunda de Control sostiene que los anteriores aspectos “sólo deben corresponderle a las máximas autoridades del país, más aún cuando estamos hablando de narcotráfico y delincuencia organizada, donde estos delitos afectan la seguridad del Estado”.

Y, puntualizando, le recalca a la Presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, abogada Jacqueline Fernández: “Como ciudadana y más aun como jueza titular de éste país, tengo la obligación moral de manifestarle mi total rechazo a la presencia e intervención que hiciera el ciudadano norteamericano, quien se identificó como de la DEA de la Unidad Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica”.

Explica que el funcionario estadounidense, encontrándose sentado entre el público, fue llamado por el Secretario de Seguridad del gobernación del Zulia, José Sánchez Montiel, “Mazuco”, a pasar al frente de la sala e intervenir al final del acto.

En tal sentido, manifiesta que “no obstante tratarse de un extranjero en nuestro país, comenzó a hacer consideraciones en contra del gobierno, la falta de apoyo para el logro de objetivos en la lucha contra el narcotráfico, exponiendo que esto era por ‘el problema político’. Todo fuera de orden”.

Para poder entender quiénes son los protagonistas de éste acto de sumisión ante el imperio, debemos recordar que el ex ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Jesse Chacón, denunció en noviembre de 2006 que “en el Zulia se ha hecho muy difícil combatir el delito de extorsión porque el jefe de la red de extorsión más grande del Zulia es Mazuco (el comisario José Sánchez, secretario de Seguridad y Defensa Ciudadana)”.

Por su parte, el general de brigada (Ej.) Clíver Alcalá Cordones, jefe de la 11 Brigada de Infantería, acusó al mencionado secretario de Seguridad y Defensa Ciudadana de la gobernación del Estado Zulia, de ser autor intelectual de la muerte de Claudio Enrique Macías Briceño, de 43 años, conocido como “Chicho Cabeza”, quien fue hallado ahorcado en el pabellón B del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite, la madrugada del pasado miércoles 8 de agosto de 2007. Macías, quien se desempeñaba para la DIM como elemento de inteligencia de la 11 Brigada del Ejército, fue encontrado muerto después de ser detenido por la Policía Regional, adscrita a la gobernación del Zulia. Versiones periodísticas señalan que Macías investigaba las actividades del comisario “Mazuco”.

Ubicada en este escenario y conociendo sus principales personajes, la juez Castillo Boniel considera que fue desvirtuado el origen primario de la convocatoria realizado por la Presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, abogada Jacqueline Fernández. “Razón por la cual me levanté y me retiré de la reunión, ya que como funcionaria judicial habiendo sido convocada por la máxima autoridad administrativa, no avalaré nunca con mi presencia y aplausos, a personeros como ésos, y me resisto a permitir que el recurso del Estado: salas, sonido, refrigerios, seguridad y el recurso humano que somos los jueces, seamos utilizados para servir de auditorio a quien pretenda hablar mal de uno de los Poderes del Estado, amparado en su condición de funcionario y de norteamericano”.

Para finalizar la juez Segunda de Control, Marily Castillo Boniel, le hace un contundente reclamo a la magistrada Jacqueline Fernández: “Me dirijo en forma inmediata a Ud., manifestándoles mi rechazo a actividades como ésta. (…) Recomendando que en lo sucesivo cuide quiénes son los invitados, el protocolo y las intervenciones, impidiendo que una actividad propia se transforme en una plataforma contra nuestras propias instituciones, más aun teniendo en cuenta, como funcionarios judiciales, el respeto a la Constitución, la Ley y al resto de los Poderes del Estado, debe ser siempre el norte, no sólo en nuestro quehacer público, sino también privado”.

En tal sentido, la nota de prensa del semanario Qué Pasa, sintonizada con lo revelado por la carta de la juez Castillo Boniel, cuestiona a la Presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, abogada Jacqueline Fernández, al destacar: “O la botan o se acaba la soberanía”. El Ministerio Público sabrá que hacer en éste caso.

Lo cierto de todo esto, es que se comprueba la veracidad de la denuncia hecha por José Vicente Rangel en su programa televisivo del pasado domingo 12 de agosto, en cuanto a las relaciones que el gobernador Manuel Rosales mantiene con la DEA y la CIA para tratar de desestabilizar al Gobierno bolivariano.

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