Caracas, diciembre 2 - Un lunes laborable en Venezuela significa usualmente ver gente en movimiento desde antes de que despunte el sol, para cumplir con las actividades cotidianas. Históricamente también, el paro, la huelga, es un recurso de los sectores populares, de los trabajadores en reclamo de derechos y reivindicaciones. Pero el 2 de diciembre de 2002 fue una excepción. Ese día, el antichavismo iniciaba un plan para impedir el trabajo y destruir así la economía del país con el objetivo de adueñarse del poder político.

La mismas fuerzas antipopulares de entonces, que actualmente postulan a como candidatos a diputados para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre a varios de los protagonistas de estos hechos —entre ellos a Julio Borges y Henry Ramos Allup—, buscaban un segundo golpe de Estado como el propiciado en abril de ese mismo año o la renuncia del presidente Hugo Chávez, con la maniobra de un paro patronal y sabotaje petrolero que sometió al pueblo a 63 días de zozobra.

La acción desestabilizadora fue convocada el 21 de noviembre por el presidente de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, junto al presidente de Fedecamaras, Carlos Fernández, y voceros de la extinta Coordinadora Democrática (hoy Mesa de la Unidad, MUD). Ninguno reveló cuánto duraría la paralización.

A partir de ese lunes 2, todas las tardes Carlos Ortega llamaba a cacerolazos y trancas de vías para el día siguiente, y Carlos Fernández pedía a los empresarios a continuar en el paro. "No debemos tener dudas el mayor costo sería la perpetuación del régimen que nos llevaría al castrocomunismo", expresaba.

A ellos se unirían el miércoles 4 la asociación civil Gente del Petróleo, integrada por la "meritocrática" alta nómina de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Su incorporación se tradujo en la paralización del suministro de crudo y derivados con respaldo de Intesa, empresa vinculada a la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA, por sus siglas en inglés), que realizó la agresión informática contra el cerebro operativo de la estatal petrolera.

El 5 de diciembre, se había paralizado 60% de la industria petrolera. Pdvsa dejó de exportar un millón de barriles de crudo. Al día siguiente, 13 buques cargueros para el traslado de combustible fondearon en las costas del país, acción que contó con una cobertura de 24 horas por día por parte de los medios privados, que transmitían en vivo el desarrollo del plan desestabilizador.

Comenzaron así largas colas en estaciones de servicio para comprar gasolina, los alimentos comenzaban a desaparecer de los anaqueles y escaseaba también el gas para cocinar. Todo como consecuencia del golpe.

Con este sabotaje petrolero se perdieron 14.600 millones de dólares, indica el Informe de Gestión y los estados financieros de Pdvsa auditados en 2003. La empresa dejó de vender 12.750 millones de dólares y hubo pérdidas netas por más de 500 millones de dólares por la compra de gasolina importada para el mercado interno.

El 13 de diciembre, el diario El Globo publicaba el titular "EEUU plantea adelanto de las elecciones", una muestra más de la injerencia por parte del gobierno estadounidense en los asuntos internos de Venezuela.

El paro tuvo dos caras. Al este de Caracas los comercios tenían las santamarías abajo, en muchos casos obligados por fuerzas de choque de la misma oposición, mientras que en oeste los pequeños comerciantes decidieron no atender el llamado a paro. Además, los trabajadores de algunas empresas y comercios ubicados en los dos ejes capitalinos decidieron protestar contra sus patronos por la decisión de cerrar.

A esta situación se sumó el clima violento. El 6 de diciembre, cuando cientos de personas estaban concentradas en la plaza Altamira —al este de Caracas, en el municipio Chacao, entonces gobernado por Leopoldo López—, João de Gouveia, un paciente psiquiátrico, disparó contra los manifestantes dejando un saldo de tres personas muertas y 28 heridos. Aunque confesó su participación, las investigaciones señalaron que alguien indujo y financió el hecho.

A causa de la paralización del comercio y otras actividades económicas, junto al sabotaje petrolero, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 15,8% durante el cuarto trimestre de 2002, y 24,9% durante el primer trimestre de 2003.

Defensa nacional

El 7 de diciembre, durante la marcha-concentración convocada por el Movimiento Quinta República (MVR) en Caracas, llamada "Por la Paz, la democracia y la defensa de la Constitución", Chávez llamó a dar "la gran batalla petrolera", para defender a Pdvsa.

En el Aló, Presidente 130, transmitido el 8 de diciembre desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, Chávez informó que se tomarían una serie de decisiones desde la Presidencia y los ministerios para recuperar la industria petrolera. "Hemos comenzado a remover gerentes que no han cumplido con su responsabilidad, a reforzar la presencia militar en las instalaciones petroleras de todo el país, para salvaguardar el corazón económico y social de la República".

En programa del 15 de diciembre de 2002, Chávez anunció la apertura de la "caja negra de Pdvsa" y la importación de combustible de distintas partes del Caribe a fin de abastecer a los venezolanos. Sería el preámbulo del Plan 16-21, implementado del 16 al 21 de diciembre y que contó con la movilización cívico-militar para acelerar la toma de control de Pdvsa, cuya recuperación se declaró el 22 de diciembre.

El impacto negativo del plan golpista se sentiría con mayor profundidad en el primer trimestre de 2003. El 5 de enero, Chávez se dirigió al país y reportó la situación con el petróleo: "No hay ningún precedente de que un grupo de venezolanos actuando como una quinta columna, como un ejército de ocupación, haya traicionado a su patria y adelantado la operación de sabotaje que lanzaron contra Venezuela".

El día 6 de enero, mientras Ortega y Fernández se encontraban de vacaciones en una isla del Caribe, Haydeé Deutsch y Albis Muñoz indicaron en nombre de la Coordinadora Democrática, CTV y Fedecamaras que no se iniciarían las clases y anunciaron un paro bancario; además, reiteraron el llamado a la desobediencia civil y tributaria.

Durante los primeros días de 2003, la violencia de la derecha fue en aumento, llegando incluso a cometer terrorismo ambiental, como Chávez calificó las acciones que comprendían la rotura de tuberías para llenar de petróleo al Lago de Maracaibo, y el saboteo de las válvulas de las instalaciones de Pdvsa en Carenero, ambas acciones en estados —Zulia y Miranda— gobernados entonces por el antichavismo.

Pese a esas acciones, el gobierno pronto aseguró el suministro de alimentos y servicios básicos a la población, mientras que Pdvsa inició una nueva era para responder a los intereses del pueblo. Con el terreno perdido, el paro terminó el 3 de febrero de 2003, sin que hasta hoy haya un "parte de guerra" o un anuncio de los voceros de la oposición para dar por concluido su intento de golpe de Estado.