Ética y política en el debate sobre las leyes aprobadas vía habilitante

Una nueva contienda política se ha comenzado a escenificar, la misma tiene como centro la aprobación por vía habilitante de un conjunto de leyes, que ha puesto a los factores políticos enfrentados al gobierno en pie de guerra. Aquí es bueno resaltar que esta diatriba hasta los momentos sólo la he presenciado en los medios de comunicación y no así en la calle o las oficinas, por alguna razón, percibo que la oposición no logra conectar anímicamente con la gente con ningún tema

El argumento central de la oposición es que se está burlando la voluntad popular que rechazó la reforma constitucional, al poner en ejecución un conjunto de leyes cuyo contenido fue rechazado en el referéndum realizado en Diciembre pasado. En este sentido, se habla de burla a la constitución y de una trampa del gobierno. Las críticas que he escuchado, van más en este sentido, que en el análisis de las bondades o defectos de las leyes en sí.

La oposición está, de alguna manera, apelando a una falta de ética por parte del Gobierno, y en particular, del Presidente de la República, al aprobar las mencionadas leyes. Esto nos obliga a pensar en la relación existente entre ética y política.

Obviamente, y como es sabido, la ética tiene que ver en última instancia con la discusión acerca del bien y del mal, y como las acciones humanas pueden valorarse en uno u otro sentido. Cuando se señala que desde el punto de vista ético, la aprobación de las leyes cae dentro del Mal, estamos asumiendo que la ética es independiente de la política, y si lo es, que la ética es única y que puede desde su esfera valorar la acción política. Sin embargo, esto no es una verdad irrefutable, hay quienes a lo largo de la historia han pensado la política y han concluido que la ética que se aplica en la esfera privada, es decir, en la valoración de las conductas de los hombres, no es la misma que se aplica y sirve en la esfera de lo político, es decir, en la esfera pública.

Es una discusión en verdad muy antigua, que se remonta a la Grecia de Aristóteles, cuando se debatía acerca de la virtud en la política, acerca de si las cualidades éticas de un individuo en el plano familiar y privado eran suficientes y garantizaban que ese individuo calificara como un buen político. La Historia está llena de individuos virtuosos en la esfera privada que han fracasado como políticos y viceversa, individuos éticamente reprobables en lo privado que han sido extraordinarios políticos.

Tanto Maquiavelo como Weber veían en la política una esfera de acción humana donde la ética común aplicable a la valoración del comportamiento individual no era la misma que debía aplicarse en el mundo de la política, el mundo público, donde grupos enfrentados luchan por obtener el poder. Cuando aceptamos que la política es enfrentamiento y si llegamos a aceptar la concepción de Carl Schmitt, que la política está separada de la guerra por una línea divisoria muy delgada, podemos vernos tentados a asumir que en el terreno político, nos manejamos con criterios distintos respecto del Bien y del Mal. Sencillamente, porque el Bien es lo que queremos para mi grupo en particular, y el Mal, para mi grupo, es lo que quiere mi adversario, es el Bien para su grupo.

Es muy utilizada en política, la estrategia de tratar de vincular el Bien para el grupo al cual pertenezco con el Bien para todo el pueblo o la humanidad. Desconociendo el hecho, o simplemente, siendo falso a propósito, y no reconociendo que lo que es bueno para unos, difícilmente lo será para otros, o para todos.

En el caso de la oposición venezolana, se está tratando de utilizar esta figura, señalando que las leyes aprobadas representan el Mal, pero no para un sector en particular, sino para toda la sociedad venezolana. Sin embargo, quienes lanzan esta tesis, son los representantes de los grupos económicos dominantes en la sociedad. Al defender la propiedad privada de los medios de producción de cualquier tipo de control del Estado, lo hacen ver como una afrenta a toda la sociedad, que traerá la ruina al país. Aquí se obvia el hecho de que los propietarios de medios de producción en el país son un porcentaje muy pequeño de toda la población, pero que acumula el mayor porcentaje de riqueza.

Por otra parte, la oposición al gobierno, que asume una posición ética frente a la promulgación de las leyes, señalando que esto es un irrespeto a la democracia, no ha demostrado la misma postura en otras circunstancias. Asumiendo la misma postura ética de la oposición, resulta totalmente reprobable el intento de golpe del 2002 y el paro petrolero, cuando una minoría de la población intentó por la vía violenta y no política imponer su concepto del Bien. En el caso de los trabajadores petroleros que fueron a la huelga para tumbar al gobierno, la cosa rayó en la grosería, 18.000 personas en una asamblea, decidieron poner a una nación de más de 25 millones de habitantes a pasar miserias. Por lo menos a mí, no me preguntaron si yo quería estar meses encerrado en casa, horas de horas esperando en una gasolinera para llenar el tanque de mi carro. Y aún más, como lo presencié en el centro de Valencia en los días de Navidad, se pretendió por la vía de la fuerza imponer el BIEN, haciendo que la policía amenazara a los comerciantes y los obligara a cerrar las puertas.

Es difícil y peligroso para los políticos profesionales asumir posiciones éticas respecto a la conducta del adversario político, porque en otras ocasiones, ellos mismos violarán sus propias máximas acerca del Bien y del Mal. Esto es lo que podríamos llamar una política moralista que arropándose con el manto de la búsqueda del Bien universal, realiza los mayores desmanes. Aquí quiero señalar que esto es válido tanto para la oposición como para el gobierno, ninguno debe verse tentado a exhibir una acción política moralista.

El barullo que se ha formado con las 26 leyes aprobadas también tiene que ver con el Derecho. Ética, Política, Derecho, Justicia y Economía son áreas del quehacer humano que se entrecruzan, se entremezclan y hasta se desfiguran, y todas ellas tienen que ver con el ser humano en tanto miembro de una colectividad. Para un náufrago en una isla desierta, una conversación consigo mismo sobre dichos temas sería algo ocioso, pero ya no lo sería, si se tratara de dos o más náufragos, es más podría llegar a ser indispensable para garantizar la supervivencia de todos y cada uno de ellos.

La oposición argumenta que se ha violado el Derecho consagrado en la Constitución y las leyes vigentes, al no respetar la disposición que señala que las materias sometidas a consulta popular, y rechazadas por voto popular, no pueden ser sometidas nuevamente a votación en el mismo período constitucional. Tal como se puede ver, el Gobierno no ha violado esta disposición, pues ha elegido otra vía para poner ejecución el paquete de leyes. En verdad, la oposición se basa en su cuestionamiento no en lo que diga la norma en sí, sino más bien en lo que los expertos en Derecho señalan como el espíritu de la Ley. Pero el espíritu de la Ley, siempre es algo interpretativo y valorativo, y en este sentido se entremezcla con lo ético, con la definición de lo bueno y lo malo, y es por lo tanto, algo polémico, sujeto a discusión y muchas veces sin posibilidad de acuerdo. En estos casos, no queda más remedio que ir al arbitraje de una persona o institución, el Tribunal Supremo, pero a sabiendas que la resolución de una disputa a través de un arbitraje nunca deja conforme a una de las partes, el respeto a la decisión del arbitro cualquiera que sea es lo que deja la controversia en el terreno de lo político, de lo contrario, se abre paso a la guerra.

En la práctica política en una democracia, es normal, que los adversarios aprovechen las oportunidades que le ofrece el marco legal vigente para acumular más poder, o acceder a él, o para restar poder al adversario. En este sentido, es normal que los políticos profesionales hagan todo lo que no esté expresamente prohibido. Y este es precisamente el caso de la promulgación de las leyes. Como se puede ver, no es el caso de la reelección presidencial, que sólo puede ser aprobada en plebiscito. Lo que demuestra que el Gobierno tiene un claro sentido de lo que le permite la legislación y lo que no le permite y con respecto al componente ético, como ya dijimos, es algo sujeto a la controversia.

Con respecto a la denuncia que hace la oposición y los representantes de los sectores económicos del país, acerca de la intromisión de lo político en la esfera económica, puede verse como la otra cara de la moneda. La verdad es que es práctica normal, sobre todo en los países subdesarrollados que los sectores económicos se entrometan en la política, y aún más, que inclusive intenten eliminar la esfera de lo político. No es casualidad, que durante el intento de golpe de estado de abril del 2002 haya sido un empresario quien haya ocupado la presidencia temporal, y que en su único acto de gobierno, haya decretado la muerte de la vida política en Venezuela. Por lo tanto, aquí no creo que los sectores económicos puedan apelar a algún sentido ético para protestar por la intromisión del gobierno en la esfera económica.

Es justamente esta relación sinuosa entre ética y política, lo que lleva al público en general a expresar una clara y manifiesta aversión a la política, tildándolo de juego sucio, traicionero e inmoral, y a los políticos, de mentirosos, aprovechadores y corruptos. Es lógico que así ocurra si medimos las acciones políticas con la vara de la ética privada donde mentir es malo, más aún, si se miente a la familia o a los amigos. Pero en el terreno político, no estamos en familia, en verdad estamos en una guerra discursiva con adversarios que nos disputan el terreno, en ese caso, mentir o no decir toda la verdad, o engañar puede ser la diferencia entre victoria y derrota. Ahora, con respecto al grupo de pertenencia si puede ser muy grave el mentir o engañar, y éticamente reprobable, y de hecho, es algo que tarde o temprano se paga. En el caso venezolano, es lo que le ocurrió a los partidos como COPEI o AD, no sólo perdieron a sus electores, sino a sus seguidores y por último a sus partidarios, los cuales se sintieron engañados y burlados por los políticos profesionales que decían representarlos. Debo agregar que el gobierno y el PSUV deben siempre mirarse en ese espejo, para no perder el respaldo de sus electores, seguidores y partidarios que fundamentalmente provienen de los sectores pobres de este país.

En resumen, hoy en día, se da un verdadero enfrentamiento político en Venezuela, y en estas circunstancias, recriminaciones éticas de lado y lado no tienen ningún sentido, cada bando utilizará las armas que en el terreno político estén a su disposición, e incluso, no se descarta el uso de mecanismos violentos fuera del ámbito político, en el terreno de la guerra. En última instancia, todo dependerá de la correlación de fuerzas, la cual por los momentos favorece al gobierno. Ambos bandos, en el terreno de lo ético tienen sus propios paradigmas y su particular forma de visualizar el Bien y el Mal y allí no hay posibilidad de acuerdo. Lo importante, es que el enfrentamiento siga dándose en el terreno político y discursivo, terreno en el cual, la aritmética y no la ética tiene la última palabra, la aritmética que suma votos depositados en una urna con una frecuencia regular y que determina que bando está más cerca de la concepción colectiva de lo que es el Bien. Aunque la experiencia histórica nos demuestre que allí donde la conciencia colectiva de un pueblo ha creído ver el Bien, sólo ha encontrado finalmente la quinta esencia del Mal, y muchos, habrán adivinado a que me refiero, la Alemania Nazi, la Italia de Mussolini, el Chile de Pinochet o la Argentina de Videla, quienes contaron con una base mayor o menor de respaldo popular.


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Hernán Luis Torres Núñez


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