**** Las intrigas políticas pretenden anular los avances institucionales de la Fuerza Armada, como mecanismo para la desestabilización del Estado
En ese charco de intrigas en que se ha convertido la política nacional, uno de los blancos preferidos es el sector castrense de la nación. Se coloca, como si fuese una novedad aquí, y a escala mundial, el que el Jefe del Estado ejerza la función de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada. Esto, cuando aun en las series televisivas provenientes del imperio, existe una con esa designación, que exalta el papel del emperador en el terreno militar. En nuestro medio, esa facultad ha sido realizada a plenitud, por quienes han ejercido la Presidencia, durante los 185 años de vida republicana. Incluso, más allá de las limitaciones impuestas por las prácticas republicanas a quienes ejercen el liderazgo del poder ejecutivo. En los tiempos más recientes, los casos de Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Campins, son emblemáticos del uso abusivo del aparato de defensa del Estado. Ni siquiera Pérez Jiménez se atrevió a usar la institución concebida para la defensa estratégica de la comunidad política como mecanismo de coerción contra sus opositores políticos, o en aventuras partidistas fuera de las fronteras nacionales, como lo han hecho estos “prohombres” de la “democracia”. Usó la policía política para tal fin. Y la fulana “militarización” de la burocracia pública ha sido un expediente usual a lo largo de la vida de la nación, especialmente cuando resultaba un fiasco las gestiones de “los gerentes” políticos. Mi propia experiencia avala esta afirmación.
Otro aspecto del complot, es presentar un escenario en el cual el Ministro de la Defensa, considerado como el jefe supremo de los uniformados, es despojado de sus atribuciones por el “tirano” abusivo. Aquí se desconoce una de las normas constitucionales históricas que colocan el poder de decisión en las materias de la defensa y la política exterior, a diferencia de lo que ocurre en otros despachos ejecutivos, entre las atribuciones exclusivas del Presidente. De hecho, en la mayoría de las sociedades esta función es ejercida por un “político” profesional, o un ejecutivo exitoso, quien administra el aparato de defensa de conformidad con las líneas de quienes controlan el poder nacional, no el gobierno. Es por lo general “un negociador” que armoniza los intereses ligados a la seguridad del Estado, con aquellos vinculados a otros campos de la acción pública. Este escenario, fabricado por el “puntofijismo”, tenía el propósito de partidizar la FA, colocando al frente a un general del tinte político de quienes controlaban el ejecutivo. No se distinguía, como hoy ocurre aquí, y sucede en todo el mundo civilizado, la diferenciación entre las cadenas operacionales de mando, encargadas de la aplicación de la estrategia militar, y aquellas administrativas, responsables de la atención de la estrategia genética relacionada con el fortalecimiento de la fuerza militar. Toda esa burda trama no tiene otro fin que provocar contradicciones artificiales en una institución garante de la vigencia del Estado, por monopolizar en ejercicio de la violencia legítima en su defensa.
Alberto_muller2003@yahoo.com
