Para
defender a los delincuentes inmobiliarios que han estafado a miles de
venezolanos, la llamada Mesa de la Ultra Derecha (MUD) convocó una
marcha en Caracas el próximo 27 de noviembre.
Es un total descaro
que esta rancia oposición, en vez de abogar por los derechos de los
venezolanos a tener un techo digno y propio, ampare a capa y espada a
quienes estafaron a muchos compatriotas de clase media que durante años
trabajaron y ahorraron para tener su casa.
La
oposición y sus empresas de radio, prensa escrita y televisión, que
viven de la publicidad engañosa de las inmobiliarias que se han burlado
de la gente necesitada de vivienda, quieren salir a la calle y decir
que las personas investigadas por los delitos de usura y estafa
continuada, ahora son unos pobrecitos niños de pecho, inocentes, pues.
Se trata de una marcha calienta-calle, de cara a la instalación de la
próxima Asamblea Nacional en enero de 2011.
La anunciada movilización arrancará desde el Centro Lido, recorrerá las avenidas Francisco Solano y Libertador y llegará a las inmediaciones del Puente Anauco, en lo que según voceros de la burguesía y de la oposición antipatriota, esperan que sea un éxito como aquéllas marchas desestabilizadoras de 2002.
También saldrán a la calle para pedir que se absuelvan a los diputados electos Biaggio Pillieri, Richard Blanco y José Sánchez, alias (Mazuco), quienes tienen procesos judiciales pendientes por distintas causas y que el Tribunal Supremo de Justicia sigue estudiando, para decidir si son proclamados y asumen o no una curul parlamentaria.
Otro pretexto es la defensa del prófugo de la justicia venezolana, Guillermo Zuloaga, quien desde Washington, señala que el Presidente Hugo Chávez “representa una amenaza para Estados Unidos por su actitud antinorteamericana y sus nexos con Irán”, en un abierto deseo de que la administración Obama pueda intervenir en nuestro país. Y, como colofón, defenderá también al presunto narcotraficante Walid Makled, quien desde Colombia, dispara sus dardos contra el mandatario venezolano para vincularlo a una red internacional de drogas, en una tenebrosa estrategia similar a la que ocurrió con el entonces gobernante de facto Manuel Noriega en Panamá, en 1989.
Por todas las razones expuestas, la marcha proburguesa es un termómetro para los diputados electos de oposición quienes, tras autoexcluirse del parlamento por cinco años, quieren regresar con aires de revanchismo, de pelea y sabotaje, para intentar frenar el avance de la revolución socialista venezolana. Incluso, quieren llegar para revertir algunas normas legales y negar los recursos para los programas sociales que el pueblo necesita. Es lo que ellos, que no desean nada que beneficie a las clases de menores recursos, llaman “ley candado”.
No hay que olvidar que a quienes hacen vida en esta Mesa de la Ultra Derecha (MUD), que es el mismo cachimbo pero con otro nombre de la extinta Conspiradora Antidemocrática de 2002, 2003 y 2004, sólo los une su odio al Presidente Hugo Chávez y su tácita, aunque a veces expresa también (y valga la dicotomía) aventura de terminar por la vía violenta con este gobierno de políticas sociales y económicas incluyentes que propende a la mayor suma de felicidad posible para la ciudadanía.
La anunciada movilización arrancará desde el Centro Lido, recorrerá las avenidas Francisco Solano y Libertador y llegará a las inmediaciones del Puente Anauco, en lo que según voceros de la burguesía y de la oposición antipatriota, esperan que sea un éxito como aquéllas marchas desestabilizadoras de 2002.
También saldrán a la calle para pedir que se absuelvan a los diputados electos Biaggio Pillieri, Richard Blanco y José Sánchez, alias (Mazuco), quienes tienen procesos judiciales pendientes por distintas causas y que el Tribunal Supremo de Justicia sigue estudiando, para decidir si son proclamados y asumen o no una curul parlamentaria.
Otro pretexto es la defensa del prófugo de la justicia venezolana, Guillermo Zuloaga, quien desde Washington, señala que el Presidente Hugo Chávez “representa una amenaza para Estados Unidos por su actitud antinorteamericana y sus nexos con Irán”, en un abierto deseo de que la administración Obama pueda intervenir en nuestro país. Y, como colofón, defenderá también al presunto narcotraficante Walid Makled, quien desde Colombia, dispara sus dardos contra el mandatario venezolano para vincularlo a una red internacional de drogas, en una tenebrosa estrategia similar a la que ocurrió con el entonces gobernante de facto Manuel Noriega en Panamá, en 1989.
Por todas las razones expuestas, la marcha proburguesa es un termómetro para los diputados electos de oposición quienes, tras autoexcluirse del parlamento por cinco años, quieren regresar con aires de revanchismo, de pelea y sabotaje, para intentar frenar el avance de la revolución socialista venezolana. Incluso, quieren llegar para revertir algunas normas legales y negar los recursos para los programas sociales que el pueblo necesita. Es lo que ellos, que no desean nada que beneficie a las clases de menores recursos, llaman “ley candado”.
No hay que olvidar que a quienes hacen vida en esta Mesa de la Ultra Derecha (MUD), que es el mismo cachimbo pero con otro nombre de la extinta Conspiradora Antidemocrática de 2002, 2003 y 2004, sólo los une su odio al Presidente Hugo Chávez y su tácita, aunque a veces expresa también (y valga la dicotomía) aventura de terminar por la vía violenta con este gobierno de políticas sociales y económicas incluyentes que propende a la mayor suma de felicidad posible para la ciudadanía.
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