No renovación de concesión a televisora RCTV se ajusta a ''normas internacionales'', afirmó especialista

Pavares denunció que los tribunales laborales venezolanos "están llenos" de casos de demandas de "trabajadores de RCTV contra RCTV"

Pavares denunció que los tribunales laborales venezolanos "están llenos" de casos de demandas de "trabajadores de RCTV contra RCTV"

Credito: TeleSUR

TeleSUR _ 09/05/07 - El programa de TeleSUR “Agenda del SUR” entrevistó al abogado especialista en Derecho Público, Frank Pavares, quien aseguró que la no renovación de la concesión a la televisora privada venezolana Radio Caracas Televisión (RCTV), es una decisión “ajustada” a las “normas internacionales” de funcionamiento y operación del espectro radioeléctrico.

El abogado especialista en Derecho Público de Venezuela, Frank Pavares, afirmó en el programa "Agenda del SUR" que la decisión del Estado venezolano de no renovar la concesión a la televisora privada Radio Caracas Televisión (RCTV) está "ajustada a derecho aquí y en cualquier parte del mundo".

"Es una decisión ajustada a las normas internacionales de funcionamiento y operación del espectro radioeléctrico", aseveró.

Para Pavares, es necesario definir qué es una concesión antes de pasar a evaluar el caso de RCTV.

"Basta decir que es un modo del que se vale el Estado para llevar a cabo la explotación de algunos bienes o recursos que por sí mismo no puede llevar a cabo. A veces, el Estado no tiene capacidad suficiente, no tiene el capital suficiente o no tiene la preocupación suficiente para llevar a cabo la explotación de un determinado recurso o bien que le pertenece, y lo hace a través de terceros; esa vía expedita es la concesión", explicó.

Añadió Pavares que se trata de "una especie de contrato" que le otorga a un tercero una particular potestad del Estado, "pero que nunca deja de ser del Estado".

"El Estado mantiene el control, incluso la vigilancia y la supervisión, sobre la ejecución de ese bien que se ha dado en concesión", afirmó.

El especialista en Derecho Público explicó que varios teóricos sobre el tema sostienen que sólo es necesario que el Estado "recupere su capacidad para ejecutar lo que antes no podría ejecutar" para que no se renueve una concesión.

"La concesión tiene una caraterística que lo define frente a los demás actos del Poder Público: tiene un punto de comienzo y un punto de fin, es decir, el tiempo la concluye", precisó.

Para Pavares, lo que está planteado en el caso de la televisora privada RCTV es "construir un nuevo paradigma de medio de comunicación, de instrumento de información, para hacer más efectivo y real el derecho a la libertad de expresión y el derecho a opinar de todos los ciudadanos de este país".

"Creo que lo que está en discusión en Venezuela no es la libertad de expresión. Si lo que estuviese en discusión en Venezuela fuese eso, tendríamos que comenzar preguntándonos quién establece qué es la libertad de expresión", afirmó.

Los derechos de los trabajadores de RCTV

Pavares sostiene que es "parte de una manipulación política" por parte de los directivos de RCTV declarar que no será su responsabilidad los derechos de los trabajadores de RCTV una vez que culmine la concesión a la televisora privada.

"La empresa sabe, desde el año 87, que comenzaban a correr 20 años para el término de su concesión. Digo el año 87, porque es la fecha del decreto del presidente de entonces en el cual las empresas audiovisuales que operaban a la fecha, se les renovaba la concesión por 20 años", explicó.

Para Pavares, los directivos de RCTV debieron programar su existencia para 20 años y no "asumir" que podían retener una explotación comercial de por vida.

Considera el especialista en Derecho Público que una actitud responsable por parte de los patronos de RCTV sería comunicarle a sus trabajadores que tienen garantizado el pago de sus prestaciones y de todos los beneficios generados durante la relación laboral.

"Los tribunales laborales venezolanos están llenos de casos de demandas de trabajadores de RCTV contra RCTV. Hay casos de personas que han pasado 25 años trabajando y luego de 25 años los han botado y les han dado 4 millones de bolívares, y estas personas han buscado abogados y han pasado hasta 7 años en tribunales para lograr que les resarzan parte de sus derechos", denunció Pavares, a través de TeleSUR.



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