En un documento irrespetuoso e insolente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concede un plazo de dos meses al estado venezolano, a partir supuestamente del pasado 4 del día de ayer, para que "voluntariamente" suspenda la decisión de no renovarle la concesión del espacio radioeléctrico que ha disfrutado Radio Caracas Televisión, desde hace 53 años, de lo contrario acudirá a la Corte Interamericana.
Según comunicado de la mencionada Comisión su sentencia se basa en la denuncia interpuesta por "los periodistas, trabajadores y directivos de RCTV" debido a "las distintas y sistemáticas agresiones personales y morales, ataques, amenazas y atentados graves perpetrados contra los periodistas, trabajadores y directivos de Radio Caracas Televisión". No se cita ningún caso concreto de esas graves agresiones y atentados, supuestamente perpetrados "por grupos para-estatales vinculados o partidarios del oficialismo". Simplemente, se acató sin exigencia de pruebas, lo expresado por Granier, Lares y compañía, que convirtieron RCTV en un partido político golpista.
Ahora bien, qué autoridad moral, tiene esta presunta Comisión de Derechos Humanos para enviar tal grosero e irrespetuoso ultimátum al estado soberano de Venezuela. Donde estaba esa Comisión, cuando RCTV difundía mensajes incitando al golpe de estado, a la movilización en la calle para levantar barricadas, interrumpir el libre tránsito, llevar a cabo guarimbas, atentar contra la salud de la población. Dijo algo la susodicha Comisión el 11 de abril, cuando RCTV incitaba a marchar hacia Miraflores para derribar al gobierno, apoyando a los francos tiradores que masacraban a la manifestación chavista, posteriormente, respaldaba un paro petrolero criminal. Donde estaba esa Comisión, cuando RCTV silenciaba la prisión de periodistas, las torturas, el cierre de periódicos, la censura, impuesto durante los gobiernos anteriores.
Lo correcto para ser justo y tomar una decisión apegada a derecho, es que esa Comisión de Derechos Humanos, designe una representación, que venga a Venezuela y constate si es cierto lo que afirman Granier y sus compinches y cuál es la opinión de la mayoría del pueblo venezolano. Oír y examinar las pruebas que presente la contraparte. De lo contrario, la decisión de la Comisión es apresurada, unilateral y violatoria del derecho elemental a la defensa.
