29 de marzo de 2010.-La Organización “Periodistas por la Verdad” ha emitido un comunicado en el que rechaza terminantemente la indiferencia con la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reacciona a los múltiples asesinatos cometidos en Honduras contra periodistas, 5 en lo que va del mes de marzo, “prefiriendo servir como ficha de la campaña mediática orquestada internacionalmente contra Venezuela, tratando de convertir en un ´caso de libertad de expresión´ la difusión de información falsa y vilipendios contra el presidente de la república pregonados por el Sr. Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, en la reciente reunión de la SIP en Aruba”.
Efectivamente, la CIDH ha callado ante la monstruosa ola de crímenes contra comunicadores sociales en aquel hermano país, sometido hasta el día de hoy a un gobierno surgido de un golpe militar maquillado bajo una máscara legalista.
Los periodistas Bayardo Mairena y Manuel Juárez son las víctimas más recientes del intento de hacer desaparecer la verdad bajo balas asesinas.
Desde el 1° de marzo han sido asesinados a tiros en Honduras al menos cinco periodistas. Joseph Ochoa abrió la cuenta fatal ese día, ultimado en un atentado en Tegucigalpa. El 11 de marzo mataron a David Meza, periodista de Radio El Patio y corresponsal de Radio América y del noticiario de televisión Abriendo Brecha, ambos de Tegucigalpa. El día 15 fue asesinado Nahum Palacios, de Radio Tocoa. Y ahora le llegó el turno a Mairena y Juárez.
Frente a este panorama desolador, la CIDH guarda un silencio cómplice. Prefiere, en vez de la defensa de la vida humana y del ejercicio, sin riesgo de muerte, de nuestra profesión, sumarse al coro de aquellos que dictaminan que el libre ejercicio de la libertad de expresión está exento de la responsabilidad por lo que se dice. De esta forma, las increíbles afirmaciones de Zuloaga en la reunión de medio año de la SIP de que el presidente Chávez habría ordenado disparar contra los marchistas del 11 de abril de 2002, son ignoradas o minimizadas en su monstruosidad, convirtiendo asombrosamente tal vilipendio en “un acto de libertad de expresión”,convertida así en patente de corso para mentir descaradamente.
El ejercicio de la libertad de opinar conlleva, irrenunciablemente, el deber de opinar con responsabilidad. Nadie puede sustraerse a este principio.
Ignorarlo deliberadamente es parte de la ofensiva mediática desatada internacionalmente contra Venezuela, una vez más, y cuyo fin último es trasmutar en “casos políticos” lo que no es más que la comisión de un delito común.
